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Este viernes 19 de noviembre, en desarrollo de una audiencia pública en el Congreso de la República, líderes sociales de diferentes partes del país llamarán la atención, una vez más, por la crítica situación de derechos humanos en el país. En ese sentido, pedirán al Parlamento que se cree una comisión de verificación de garantías para personas defensoras.
La situación preocupa. Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) con corte al pasado 14 de noviembre, en Colombia durante 2021 han sido asesinados 152 líderes sociales y defensores de derechos humanos.
La audiencia se realizará en la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes entre 9:00 de la mañana y 1:00 de la tarde. Durante el evento se prevé que se analice la situación de violaciones a los derechos humanos de cara a visibilizar su situación y la falta de garantías de seguridad.
En ese sentido, se llama la atención no solo por los asesinatos de líderes y defensores, sino por agresiones como amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, desapariciones y ataques sexuales. Los sectores más afectados son el indígena, el comunal, el campesino, el afrocolombiano y el sindical. Además, los defensores de derechos de la población LGBT siguen siendo víctimas de múltiples agresiones.
“El cumplimiento de la tutela que amparó el derecho a defender derechos sigue siendo bastante bajo, las instituciones estatales continúan dejando de lado las herramientas incorporadas en el Acuerdo de Paz para hacer frente a esta situación y además se sigue insistiendo en un enfoque militarista, mientras las obligaciones de prevención, promoción y garantía de los derechos humanos por parte del Estado siguen sin cumplirse”, reclamaron las organizaciones y congresistas convocantes.
Justamente, detrás de la convocatoria de la audiencia se encuentran, entre otras, Amnistía Internacional, la Comisión Colombiana de Juristas y las representantes a la Cámara Ángela María Robledo y María José Pizarro.
Se prevé también que durante la audiencia las organizaciones convocantes presenten un balance de la situación actual de estigmatización, violencia y asesinato que viven los defensores de derechos humanos. “Se mostrará la escasa implementación por parte del Estado de las medidas en materia de prevención, protección y garantías de seguridad que permitirían mitigar las afectaciones en contra de los líderes y sus organizaciones”, reclamaron.
En esa línea, se exigirá una respuesta de las autoridades responsables de velar por el derecho a defender derechos y se buscará identificar posibles acciones para contribuir a la efectiva protección de los derechos de los defensores.
