Pelea billonaria

En voz baja se viene dando una puja entre la Fiscalía y el Ministerio de Justicia por el contenido de dos leyes que se tramitan en el Congreso. Se trata del Código de Extinción de Dominio y la reforma al Código Penitenciario y Carcelario, iniciativas en las que las dos entidades tienen hondas diferencias. Sin embargo, el problema de fondo es el millonario presupuesto que maneja el Fondo de Rehabilitación Social y Lucha Contra el Crimen Organizado (Frisco), que según estimativo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, es de cerca de $5 billones.

El proyecto del Código de Extinción de Dominio fue presentado por el fiscal general, Eduardo Montealegre, y tiene por finalidad combatir las estructuras financieras del crimen organizado, así como contar con un proceso ágil de extinción de bienes, redefiniendo la forma como se van a administrar, su posible venta y qué entidad manejará el dinero. Ese es el punto que generó la molestia del ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, porque con esta la ley, el 50% de ese presupuesto pasaría a ser administrado por la Fiscalía, cuando hoy lo hace el Ministerio de Justicia.

Hasta antes de llegar Gómez Méndez a la cartera de Justicia, la iniciativa avanzaba sin tropiezos, pero la semana pasada, cuando se realizaba el tercer debate en la Comisión Primera del Senado, por solicitud del ministro se creó una comisión especial para revisar la norma, planteando las inquietudes sobre la profundización que hace la iniciativa en la justicia, premiada a través de incentivos a quienes delaten bienes de procedencia ilícita y la conveniencia en la mezcla de dos procedimientos: el Sistema Penal Acusatorio con la Ley 600 de 2000.

También señala claramente el texto radicado por Gómez Méndez que “para el Gobierno es importante que la destinación de los bienes cuyo dominio se extingue a favor del Estado, se mantenga como actualmente se prevé en el artículo 80 de la Ley 1453, porque con la destinación se financian programas de inversión social, seguridad y lucha contra la delincuencia organizada, rehabilitación de militares y policías heridos en combate, del sistema de responsabilidad penal adolescente, infraestructura carcelaria y fortalecimiento de la administración de justicia”.

Es así como el Ministerio de Justicia destina ese presupuesto para el sistema carcelario —que hoy está en crisis de hacinamiento—, para la rehabilitación y compra de prótesis de soldados y policías, para la administración de justicia —que en el presupuesto general de la Nación no sale bien librada—; se destina un 3% para la reparación de víctimas y hasta el programa que encabeza la primera dama, María Clemencia Rodríguez, llamado “De Cero a Siempre”, se costea con el presupuesto del Frisco.

La norma en trámite, en el artículo 91 plantea que “los bienes sobre los que se declare la extinción de dominio serán destinados en un 50% a la Fiscalía, una vez monetizados por parte de la entidad administradora. Los bienes inmuebles rurales serán destinados a los programas de generación de acceso a tierra administrados por el Gobierno. Su régimen de administración y destinación será reglamentado por el presidente. El dinero en efectivo que sea afectado dentro del proceso será administrado por la Fiscalía, destinado a esta entidad una vez se declare la extinción de dominio”. Palabras más, palabras menos, pasa de Minjusticia a la Fiscalía.

El ente investigador tiene argumentos. En diálogo con El Espectador, el vicefiscal Jorge Perdomo dijo que “no se trata de un proyecto de ley sacado del sombrero, el articulado se trabajó con el Ministerio de Justicia, con la Embajada de Estados Unidos, revisando modelos internacionales. A nosotros nos toca quitar la plata, investigar y finalmente termina en la Dirección de Estupefacientes. Este es un presupuesto que estamos pidiendo por la dignidad de la justicia”.

Perdomo puso como ejemplo que durante la gestión de Montealegre la Fiscalía ha recuperado cerca de $2,4 billones. “Eso es quitarles el poder a las mafias, pero por el contrario, cuando pedimos presupuesto, el Ministerio de Hacienda ofrece $200.000 millones”, afirmó. Asimismo, hizo énfasis en la reforma que se está haciendo a la entidad, que será la llamada a hacer cumplir los parámetros de la justicia transicional si se logra un acuerdo de paz con las Farc y que valdría cerca de $3 billones. Y agregó: “Cada vez el trámite de leyes hace más compleja la responsabilidad investigativa. Por ejemplo, la que busca medidas penales a conductores ebrios”.

Es ese el otro escenario de disputa entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía. La semana pasada, Perdomo criticó el Código Penitenciario y dijo que “no soluciona los problemas estructurales. Plantea soluciones simples, como construir cárceles para tener más cupos; habla de salud, de cárceles para mujeres, pero no dice cómo. No está clara la función resocializadora, que es el objetivo del derecho penal”. El vicefiscal propone mecanismos que permitan la salida de reclusos a través de sistemas abiertos o semiabiertos.

La respuesta del viceministro de Justicia, Miguel Samper, fue inmediata: “Lo que nosotros hemos sostenido es que este código no es para generar excarcelaciones masivas, sino para estabilizar el sistema penitenciario. Si esperan una excarcelación masiva se van a quedar con los crespos hechos. Queremos generar las condiciones propicias para que el sistema se estabilice en materia de infraestructura y salud, para que haya racionalización. Apunta más a la resocialización que al confinamiento”.

Por ahora, el ministro Gómez Méndez y el fiscal Montealegre han preferido manejar las diferencias de forma diplomática. Sin embargo, las dos leyes están pendientes en el Congreso, que será el escenario en el que expondrán sus diferencias. Pelea de pesos pesados; el primero tiene el bagaje de haber sido fiscal, procurador y precandidato a la Presidencia y el segundo ha demostrado, en la puja que hoy tiene con el procurador Alejandro Ordóñez, que a la hora de los argumentos no tiene pelos en la lengua.

fmorales@elespectador.com

@Felipeprensa

En voz baja se viene dando una puja entre la Fiscalía y el Ministerio de Justicia por el contenido de dos leyes que se tramitan en el Congreso. Se trata del Código de Extinción de Dominio y la reforma al Código Penitenciario y Carcelario, iniciativas en las que las dos entidades tienen hondas diferencias. Sin embargo, el problema de fondo es el millonario presupuesto que maneja el Fondo de Rehabilitación Social y Lucha Contra el Crimen Organizado (Frisco), que según estimativo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, es de cerca de $5 billones.

El proyecto del Código de Extinción de Dominio fue presentado por el fiscal general, Eduardo Montealegre, y tiene por finalidad combatir las estructuras financieras del crimen organizado, así como contar con un proceso ágil de extinción de bienes, redefiniendo la forma como se van a administrar, su posible venta y qué entidad manejará el dinero. Ese es el punto que generó la molestia del ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, porque con esta la ley, el 50% de ese presupuesto pasaría a ser administrado por la Fiscalía, cuando hoy lo hace el Ministerio de Justicia.

Hasta antes de llegar Gómez Méndez a la cartera de Justicia, la iniciativa avanzaba sin tropiezos, pero la semana pasada, cuando se realizaba el tercer debate en la Comisión Primera del Senado, por solicitud del ministro se creó una comisión especial para revisar la norma, planteando las inquietudes sobre la profundización que hace la iniciativa en la justicia, premiada a través de incentivos a quienes delaten bienes de procedencia ilícita y la conveniencia en la mezcla de dos procedimientos: el Sistema Penal Acusatorio con la Ley 600 de 2000.

También señala claramente el texto radicado por Gómez Méndez que “para el Gobierno es importante que la destinación de los bienes cuyo dominio se extingue a favor del Estado, se mantenga como actualmente se prevé en el artículo 80 de la Ley 1453, porque con la destinación se financian programas de inversión social, seguridad y lucha contra la delincuencia organizada, rehabilitación de militares y policías heridos en combate, del sistema de responsabilidad penal adolescente, infraestructura carcelaria y fortalecimiento de la administración de justicia”.

Es así como el Ministerio de Justicia destina ese presupuesto para el sistema carcelario —que hoy está en crisis de hacinamiento—, para la rehabilitación y compra de prótesis de soldados y policías, para la administración de justicia —que en el presupuesto general de la Nación no sale bien librada—; se destina un 3% para la reparación de víctimas y hasta el programa que encabeza la primera dama, María Clemencia Rodríguez, llamado “De Cero a Siempre”, se costea con el presupuesto del Frisco.

La norma en trámite, en el artículo 91 plantea que “los bienes sobre los que se declare la extinción de dominio serán destinados en un 50% a la Fiscalía, una vez monetizados por parte de la entidad administradora. Los bienes inmuebles rurales serán destinados a los programas de generación de acceso a tierra administrados por el Gobierno. Su régimen de administración y destinación será reglamentado por el presidente. El dinero en efectivo que sea afectado dentro del proceso será administrado por la Fiscalía, destinado a esta entidad una vez se declare la extinción de dominio”. Palabras más, palabras menos, pasa de Minjusticia a la Fiscalía.

El ente investigador tiene argumentos. En diálogo con El Espectador, el vicefiscal Jorge Perdomo dijo que “no se trata de un proyecto de ley sacado del sombrero, el articulado se trabajó con el Ministerio de Justicia, con la Embajada de Estados Unidos, revisando modelos internacionales. A nosotros nos toca quitar la plata, investigar y finalmente termina en la Dirección de Estupefacientes. Este es un presupuesto que estamos pidiendo por la dignidad de la justicia”.

Perdomo puso como ejemplo que durante la gestión de Montealegre la Fiscalía ha recuperado cerca de $2,4 billones. “Eso es quitarles el poder a las mafias, pero por el contrario, cuando pedimos presupuesto, el Ministerio de Hacienda ofrece $200.000 millones”, afirmó. Asimismo, hizo énfasis en la reforma que se está haciendo a la entidad, que será la llamada a hacer cumplir los parámetros de la justicia transicional si se logra un acuerdo de paz con las Farc y que valdría cerca de $3 billones. Y agregó: “Cada vez el trámite de leyes hace más compleja la responsabilidad investigativa. Por ejemplo, la que busca medidas penales a conductores ebrios”.

Es ese el otro escenario de disputa entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía. La semana pasada, Perdomo criticó el Código Penitenciario y dijo que “no soluciona los problemas estructurales. Plantea soluciones simples, como construir cárceles para tener más cupos; habla de salud, de cárceles para mujeres, pero no dice cómo. No está clara la función resocializadora, que es el objetivo del derecho penal”. El vicefiscal propone mecanismos que permitan la salida de reclusos a través de sistemas abiertos o semiabiertos.

La respuesta del viceministro de Justicia, Miguel Samper, fue inmediata: “Lo que nosotros hemos sostenido es que este código no es para generar excarcelaciones masivas, sino para estabilizar el sistema penitenciario. Si esperan una excarcelación masiva se van a quedar con los crespos hechos. Queremos generar las condiciones propicias para que el sistema se estabilice en materia de infraestructura y salud, para que haya racionalización. Apunta más a la resocialización que al confinamiento”.

Por ahora, el ministro Gómez Méndez y el fiscal Montealegre han preferido manejar las diferencias de forma diplomática. Sin embargo, las dos leyes están pendientes en el Congreso, que será el escenario en el que expondrán sus diferencias. Pelea de pesos pesados; el primero tiene el bagaje de haber sido fiscal, procurador y precandidato a la Presidencia y el segundo ha demostrado, en la puja que hoy tiene con el procurador Alejandro Ordóñez, que a la hora de los argumentos no tiene pelos en la lengua.

fmorales@elespectador.com

@Felipeprensa