Por el presunto delito de peculado por apropiación oficial diferente, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ordenó abrir una investigación previa y practicar pruebas contra el magistrado Néstor Raúl Correa, del Consejo Superior de la Judicatura, denunciado por presuntos malos manejos del presupuesto de la rama. Los hechos se habrían dado el 23 de julio de 2012, fecha para la cual Correa era el presidente de la Sala Administrativa.
La decisión fue tomada por el triunvirato de la Comisión de Acusación, compuesto por los representantes Constantino Rodríguez, Hernando José Padaui y Elkin Ospina, quienes están investigando la denuncia presentada por el ciudadano Andrés Medina, según la cual se habría presentado la presunta celebración irregular de 20 contratos para la reparación y construcción de los palacios de Justicia de las ciudades de Mocoa, Cali y Manizales. Además afirma que se cambió de forma anómala la destinación de recursos.
Para aclarar los hechos, los investigadores ordenaron, según señala el documento de apertura de investigación, realizar una inspección judicial a los procesos de responsabilidad que adelanta la Contraloría General en los citados contratos. Con este fin comisionaron al Cuerpo Técnico Investigativo de la Fiscalía “para que esclarezcan los hechos que al parecer comprometen penalmente al magistrado Correa”.
Según señala la denuncia, el magistrado Correa habría cambiado de forma irregular la destinación de $1.365 millones que iban dirigidos al concurso de empleados de la Rama Judicial denominado “Taller de formación de formadores, adecuación aula virtual, registro académico y diseño de modulo”, los cuales fueron invertidos en la formación interactual para mejorar la coordinación del sistema judicial con los grupos étnicos.
Correa fue citado por la Comisión de Acusación el 19 de septiembre a rendir versión libre. Sin embargo, en entrevista con El Espectador ya se había referido al hecho y había explicado: “No cambié la destinación de recursos. Lo hizo la Sala Administrativa, a petición de la Dirección Ejecutiva. Yo me limité a expedir una resolución que materializaba esa decisión colegiada”, y asegura que la legalidad de la decisión se soporta en “una petición escrita de la Dirección Ejecutiva para mejorar la coordinación del Sistema Judicial Nacional... con las comunidades indígenas”.
El magistrado que ahora es objeto de investigación advierte sobre una confrontación entre magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, en la que se imponen las mayorías a las que él no pertenece, lo que ha generado un ambiente hostil dentro del alto tribunal. Además denuncia que de la Rama Judicial “se viene apoderando... un grupo que privilegia el corporativismo, o sea el amiguismo, la rosca, por encima de los intereses generales”.
La situación está ahora en manos de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en donde poco avanzan los procesos judiciales. Sin embargo, queda en evidencia que la confrontación que se venía dando a puerta cerrada en el interior de las cortes ahora está pasado a los escenarios judiciales.
Por Redacción Política
