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El llamado lo realizó el director de la ONG internacional Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien advirtió que si la norma contempla su trámite como está articulada, delitos de gravedad como los denominados falsos positivos, es decir, el asesinato de jóvenes a manos de miembros de la Fuerza Pública para luego presentarlos como bajas en combate a cambio de beneficios, o las violaciones de derechos humanos serían investigados por la justicia militar y no por la ordinaria, como ocurre en la actualidad.
Según Vivanco, el artículo 8 de la ley en trámite “dispone que los tribunales militares conocerán de ‘homicidio’ y violaciones al derecho internacional humanitario (DIH) cometidos por militares. Los miles de casos de falsos positivos que la Fiscalía investiga se impulsan bajo la figura de delitos de homicidio en persona protegida, homicidio agravado u homicidio”.
Además, el artículo 98 plantea que “las violaciones del DIH cometidas por militares ‘serán conocidas exclusivamente’ por la justicia penal militar, excepto una lista taxativa de siete delitos, que incluyen las ‘ejecuciones extrajudiciales’ y la ‘violencia sexual’. La exclusión de las ‘ejecuciones extrajudiciales’ no permitiría asegurar que los ‘falsos positivos’ continúen en la justicia ordinaria, dado que la ‘ejecución extrajudicial’ no se encuentra tipificada como un delito en el derecho colombiano”.
Vivanco le recordó al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que la Corte Constitucional anuló por vicios de procedimiento la reforma al fuero militar “que también determinaba que las violaciones de derechos humanos quedaran dentro del ámbito de la justicia militar. No obstante, la legislación propuesta actualmente representa una expansión incluso mayor de la jurisdicción militar que la promovida por la mencionada enmienda constitucional”.
La ley se encuentra en el segundo de cuatro debates y sería aprobada en la legislatura que comienza el 20 de julio.
Por Redacción Política
