Peros del fiscal al equilibrio de poderes

Incluso, desde mediados de junio, cuando fue aprobada definitivamente en la plenaria de Senado, el jefe del ente investigador ya hablaba de la posibilidad de acudir a altas instancias para frenar lo que considera es un proyecto hecho con la sumatoria de “pequeños micos”.

Y así fue, Montealegre radicó este miércoles ante la Corte Constitucional una demanda contra la reforma de equilibrio de poderes con la que busca que se declaren inexequibles algunos apartes relacionados con el tema de justicia que fueron incluidos durante el acto legislativo y que, a su juicio, afectan el balance entre los poderes públicos y la independencia administrativa de la justicia.

Los reparos del fiscal, explicados en el encuentro anual de la Corte Suprema en Cartagena, están relacionados con los vicios de fondo y forma que, asegura, abundan en el acto legislativo.

Montealegre, por ejemplo, argumenta que con la eliminación de varias facultades que tenían las altas cortes y con la supresión del Consejo Superior de la Judicatura hubo violación del principio de unidad de materia y conexidad, pues dichas modificaciones no afectan “la forma en que el Poder Judicial se relaciona y equilibra con las demás ramas del poder público”, que era el objetivo de la reforma.

Otro de los peros del Fiscal está relacionado con la introducción, en los últimos debates, de normas que no se habían presentado cuando comenzó el trámite de la reforma, como el caso del artículo sobre el Tribunal de Aforados. “En la segunda ronda de debates lo que se introdujo fue un nuevo modelo de investigación y juzgamiento que modifica elementos esenciales del juicio penal de los aforados constitucionales. Tal cambio altera la esencia de lo aprobado por el Congreso en su primera vuelta, pues no guarda relación directa ni material con ninguno de los ajustes parciales adoptados hasta la cuarta sesión de los debates”, señala el texto de la demanda.

Para el jefe del ente acusador, el modelo de justicia que quedó planteado en la reforma no solo es un retroceso en el tema de garantías constitucionales, pues concentra el poder de juzgamiento en una sola comisión contra la que no habrá recurso, sino que además constituye una transgresión a los pilares de la Carta Política del 91. “En esta demanda se sostendrá que la reforma constitucional sustituyó los principios constitucionales del Estado de Derecho, la separación de poderes y el sistema de frenos y contrapesos”, puntualiza el documento.