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Una nueva crisis sacude el Ministerio de la Igualdad, la cartera que se erigió como una de las banderas de la campaña que en 2022 llevó al presidente Gustavo Petro al poder y que está en vilo jurídico por una decisión de la Corte Constitucional. Esta vez, se trata de señalamientos contra una de sus directivas, la exviceministra de las Mujeres, Tamara Ospina Posse, cuya renuncia ya fue aceptada por el presidente Gustavo Petro, tras días de expectativa.
Como lo reveló El Espectador, desde abril de este año, tres denuncias llegaron al despacho del ministro de la Igualdad, Carlos Rosero; la Procuraduría de Gregorio Eljach y la Defensoría del Pueblo de Iris Marín, contra Ospina por presunto acoso laboral, hostigamiento, racismo y hasta persecución política. En ellas, se relatan varias situaciones en las que las denunciantes afirman haberse sentido amenazadas por los comportamientos de la exviceministra, quien asegura que son “injurias” y “calumnias” en su contra.
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De acuerdo con el decreto 0766 de 2025, el mandatario, quien es el único nominador de viceministros, aceptó la renuncia que Ospina presentó el pasado 3 de junio. Tras más de un mes de espera, pues la ahora exviceministra había puesto el 13 de junio como la fecha en la que tendría que haberse hecho efectiva su salida, quedó la única firma faltante.
Como encargada quedó Olga Lucía Fuentes, quien desde hace poco estuvo desempeñándose como directora del Programa de Prevención de Violencias y cuya hoja de vida fue puesta en consideración, según conoció este diario, por el mismo ministro.
¿Cuáles son las denuncias contra Tamara Ospina?
En esos papeles en los que se denuncia a Ospina, a los que accedió este diario, las denunciantes —cuya identidad se reserva para no entorpecer las indagaciones— la acusan de “acoso laboral agravado por hechos de hostigamiento, discriminación, abuso de poder, violencia de género y persecución política”.
“He callado, soportado por meses abusos, maltratos, violencias, discriminaciones, injurias, calumnias”, relató una de las denunciantes. Esa misma persona reveló que presuntamente Ospina habría prohibido la comunicación con jefes de despacho y acusado a funcionarios y contratistas que trabajaban a su lado de supuestamente perseguirla.
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A esos relatos —que al menos 14 personas podrían respaldar en investigaciones posteriores— se suman los de quienes renunciaron de sus cargos, principalmente por un ambiente laboral “insostenible” en el Viceministerio.
Personas cercanas a ese proceso le dijeron a este medio que la situación era “terrible”. Incluso, calificaron a la exfuncionaria denunciada como una persona “agresiva” y “violenta” que no tendría conocimiento de la operatividad de entidades públicas ni experiencia alguna en ellas. Según cuentan, cualquier comentario era visto como “conspiración o deslealtad” por Ospina y relatan casos de “violencia verbal” y “afectación psicológica” contra personas que trabajaban junto a ella.
Sumado a eso, voces también señalaron que había, presuntamente, comportamientos racistas de parte de la exviceministra contra personas negras dentro del Ministerio.
El Espectador contactó a Ospina para preguntar sobre las denuncias y ella aseguró que son “injurias” y “calumnias” que hacen parte de un “contexto político” en el Ministerio, en el que se han tomado estos señalamientos como ciertos: “En la entidad no se está respetando dos derechos que yo tengo, que son la presunción de inocencia y el debido proceso”.
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Incluso, aseguró que nunca ha sido notificada de un proceso en su contra, ni por parte de la Procuraduría ni por parte del mismo Minigualdad. En un derecho de petición que envió a la Oficina de Control Disciplinario Interno y que remitió a este medio, respondido el pasado 20 de mayo, se lee que “no [existen] en esta oficina acciones disciplinarias contra la viceministra”.
Eso sí, fue clara en que está dispuesta a responder lo que se le indague y analiza adelantar un proceso judicial por las acusaciones en su contra, defendiendo su buen nombre y su gestión.
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