A menos de un año de las elecciones, sin una candidatura definida de la izquierda y ahora bajo la bandera de promover una papeleta en esos comicios que derive en una Asamblea Nacional Constituyente, el presidente Gustavo Petro ha decidido tomar de nuevo las calles como su principal escenario político. Mientras algunas de sus reformas –como la pensional y la de salud– siguen su trayectoria en el Capitolio, el país verá a un mandatario cada vez más asentado en la plaza pública y una estrategia territorial que busca reactivar el músculo de las bases del progresismo.
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Como quedó claro este sábado con su aparición en el centro del poder de Antioquia, el epílogo de su Gobierno estará marcado por una secuencia de plazoletazos que comenzó hace poco más de un mes en Barranquilla, siguió en Cali y se consolidó este fin de semana en Medellín. Aunque cada evento ha tenido un matiz local —desde los cuestionamientos a los clanes en el Caribe hasta la memoria de la Comuna 13—, el propósito de fondo es el mismo: construir una narrativa nacional que logre sostener el proyecto progresista y lo impulse hacia una segunda oportunidad consecutiva en la Casa de Nariño en 2026.
Tal como lo reveló El Espectador este domingo, la estrategia constituyente comenzó en forma el pasado 1 de mayo, cuando el mandatario apareció en la Plaza de Bolívar, en medio de la movilización del Día del Trabajo, y desenfundó la espalada de Bolívar. La cuestión es reorganizar fuerzas tras el duro golpe que recibió la coalición en las pasadas elecciones regionales. Aunque el Pacto Histórico logró una amplia representación en el Congreso en 2022 (47 curules), ese impulso no se tradujo en los comicios de 2023, donde el proyecto político apenas consiguió dos gobernaciones: Nariño y Amazonas. Por eso, el nuevo ciclo de movilizaciones impulsado desde el Ejecutivo busca reactivar el músculo territorial del progresismo con nuevos aliados y discursos adaptados a cada región.
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Todo esto se enmarca en un momento en el que el Gobierno alcanzó una victoria con la aprobación de la reforma laboral antes de que culminara el tercer periodo legislativo y, en consecuencia, el presidente confirmara que cumpliría su palabra de derogar el decreto para convocar a una consulta popular el próximo 7 de agosto. Ese nuevo decreto, que invalida el anterior, ya cuenta con la firma de todos los ministros; y a la reforma laboral solo le falta la firma del presidente del Senado, Efraín Cepeda. Aunque en su discurso en Medellín este 21 de junio Petro dijo que “se nos voló” el senador conservador, Cepeda respondió que “no he tomado vacaciones ni he eludido mis obligaciones legales y constitucionales”. Explicó que no ha recibido el documento, que debe ser remitido por el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde).
Entre tanto, la parada más reciente y quizás también la más tensa en la gira de plazoletazos fue la cita de este 21 de junio en La Alpujarra. Petro se subió a la tarima, donde habló de la Operación Orión, criticó al expresidente Álvaro Uribe sin nombrarlo y defendió la necesidad de una paz urbana que incluya a los combos delincuenciales. Subió a los capos que ahora actúan como voceros de las bandas criminales como “Douglas”, “Carlos Pesebre” y “Tom”, lo que generó fuertes reacciones desde diferentes sectores. Incluso, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien ha sido un fuerte opositor del Gobierno, pidió la intervención de la Fiscalía y dijo que el evento fue una “amenaza directa”.
Aunque la convocatoria a la concentración se presentó como un espacio para hacer balance sobre los acercamientos con estas estructuras ligadas al narcotráfico dentro de la llamada paz total, también tenía como objetivo mostrar fuerza electoral en la capital antioqueña. Y es que si bien Medellín es uno de los históricos y grandes bastiones de la derecha, también es un territorio donde el petrismo cree que puede crecer. Aunque la consulta ya no va, los comités de impulso que se crearon hace casi tres meses para promoverla siguen vivos y serían los que, precisamente, se usen de ahora en adelante para darle oxígeno a la idea de la “octava papeleta” y, así, fortalecer la presencia progresista en ese territorio que en las pasadas elecciones presidenciales le dio a la izquierda casi un millón de votos en segunda vuelta.
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“Ojalá como ciudadano del común pueda participar en la Asamblea Nacional Constituyente. Pero eso lo decidirá el pueblo de Colombia, que es el verdadero poder (...) Y todavía es más poderoso cuando no se convoca, sino cuando se autoconvoca”, dijo en los minutos finales de su intervención.
En todo este contexto también es clave el aterrizaje de Alfredo Saade, nuevo jefe de gabinete de Petro, quien desde sus redes sociales ha sido enfático en la necesidad no solo de una estrategia constituyente, sino incluso de cerrar medios de comunicación, unificar las altas cortes y de la reelección.
Aunque durante su discurso los asistentes coreaban consignas a favor de la reelección, el jefe de Estado dijo que él no se considera “adicto al poder”. “Hay que reelegir el proyecto, las ideas y la voluntad, pero yo no soy adicto al poder como cierta persona por ahí”, aseguró en una referencia tácita al expresidente Uribe. Esa misma frase —la “adicción al poder”— y la insistencia en que no busca su reelección ya la había utilizado hace más de un mes en Barranquilla, donde comenzó esta tanda de su gira territorial.
En efecto, el 20 de mayo Petro estuvo en la capital del Atlántico, ciudad donde lanzó los cabildos populares para defender la consulta popular, que esa semana se había hundido en la plenaria del Senado en una sesión que no estuvo exenta de polémicas, al punto de que llegaron varias acciones a los tribunales. “Yo no estoy aquí pidiéndoles que voten por tal o cual personaje, no estoy pidiéndoles que voten por Petro. No me sueño reelegido y no quiero volverme drogadicto del poder”, dijo en ese momento.
En su discurso, el mandatario también criticó directamente a las élites políticas del Caribe. Señaló a los Char, a los Lacouture y a Efraín Cepeda (nacido en Barranquilla), como quienes impiden que “el pueblo se exprese”. “Es que los Lacouture tienen que decir que le pueblo se expresa o no, es que los Char tienen que decidir que el pueblo se expresa o no, es que los Cepedas, los malos, porque hay un Cepeda bueno (...). Entonces son esas jerarquías familiares hereditarias las que van definiendo y con su poder en el Senado y haciendo trampas, los que deciden que el pueblo de Colombia no se puede expresar”, señaló en el Paseo Bolívar.
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Incluso, desde ese momento Petro lanzó frases en tono constituyente: “Estamos definiendo de nuevo, 30 años después, si la Constitución del 91 rige o no”. Aunque en el fondo, su discurso no se centraba únicamente en la consulta ni en la posibilidad de reformar la carta política, sino en cómo asegurar el respaldo de una región que en 2022 fue clave para su victoria: entre la primera y la segunda vuelta presidencial, el Caribe le sumó cerca de 700.000 votos adicionales.
Luego de Barranquilla vino el segundo capítulo, Cali, donde Petro estuvo el 11 de junio, el mismo día en el que firmó el decretazo de la consulta popular y cuatro días después del atentado contra el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe. Allí la narrativa se enfocó en el tema inseguridad que azota actualmente al Cauca y Valle del Cauca y en el recuerdo del estallido social de 2019. El presidente habló de los 17 atentados ocurridos en las 24 horas previas y de la necesidad de proteger el derecho a la protesta.
En el Valle del Cauca hay otra disputa en marcha: arrebatarle terreno político a La U. El Pacto Histórico ve en el departamento un escenario prometedor para las elecciones del próximo año, y esto prendió las alarmas del partido político que lideran Clara luz Roldán y Alexander Vega, el cual tiene un importante electorado en la región, algo que le permite su permanencia y una significativa reposición de votos.
Además del plazoletazo que encabezó Petro hace casi dos semanas, Cali ha visto la presencia constante de otras figuras del Gobierno, como la vicepresidenta Francia Márquez, en distintas convocatorias a la calle. Sin embargo, ese esfuerzo por consolidar fuerza en el suroccidente se ha topado con tensiones internas. Líderes de la primera línea, que estuvieron al frente de las protestas de 2019, ahora cuestionan abiertamente al presidente, aludiendo a supuestos incumplimientos de promesas, corrupción y desatención a las juventudes populares.
Aún así, desde la Casa de Nariño creen que las plazas son un terreno que pueden recuperar si logran separar su relato del de las élites regionales tradicionales, a las que les lanza pullas en sus discursos. Desde tarima también lanza críticas directas a otras instancias, como lo ha hecho con el Consejo de Estado, al que ha dicho que no reconoce su jurisdicción en algunos temas, como en el caso del decreto de la consulta.
Entre miércoles y jueves de esta semana comenzaría el nuevo debate de la reforma pensional, luego de que la Corte Constitucional devolviera el proyecto al Legislativo, y sigue pendiente el tercer debate de la reforma a la salud en el Senado. A esto se suma que el Gobierno ya prepara una nueva reforma tributaria, lo que anticipa otro ciclo de tensiones entre las ramas del poder. Mientras tanto, la apuesta del Ejecutivo es mantener viva la narrativa constituyente para medir fuerzas en cada plaza pública, aprovechando los comités de impulso de la ya enterrada consulta popular, un escenario donde el Gobierno quiere jugar sus cartas para asegurar la continuidad del proyecto político que lo llevó al poder.
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