Petro quiere darle un giro a su política económica para mantener a flote su gobernabilidad

Debido al complejo panorama financiero para 2025 y a las tensiones entre poderes que prometen complejizarse, el presidente Gustavo Petro espera darle un giro a su política económica. Y no solo se trata de los nombramientos claves que hizo en la Junta Directiva del Banco de la República o del revolcón que inició en la DIAN, también está relacionado con las órdenes que les impartió a sus ministros de preparar varios decretos encaminados a recortar gastos lo máximo posible y de tantear el terreno en el Congreso ante una eventual nueva reforma tributaria.

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Todo empezó a moverse en forma después del cónclave que adelantó con sus ministros y altos funcionarios desde este lunes, que aunque estaba contemplado para ser de dos días, requirió una jornada más en la Casa de Nariño. Todo el gabinete estuvo hasta la madrugada de este jueves discutiendo con el jefe de Estado cómo “salvarían” programas e inversiones sociales, pese al enorme hueco fiscal de $12 billones que tiene el Presupuesto General que no quiso aprobar el Legislativo y se expidió por decreto.

Uno de esos primeros movimientos fue el de pedirle la renuncia a Jairo Villabona de la dirección de la DIAN, tan solo seis meses después de llegar como reemplazo de Luis Carlos Reyes, quien ahora ocupa el Ministerio de Comercio y en las últimas horas ha estado representando a Colombia en la revisión del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.

Aunque Villabona defiende su gestión, a Petro le molestó que en 2024 no se alcanzó la meta de recaudo de $279,4 billones proyectada. Esta quedó en los $249,79 billones, lo que terminó afectando sectores como infraestructura, salud y educación, los mismos que, según la Casa de Nariño, también sufrirían repercusiones por la plata que los congresistas de las comisiones económicas no le aprobaron al Gobierno vía Presupuesto ni a través de la ley de financiamiento.

Sin embargo, Villabona aseguró que no es que el recaudo haya estado bajo, sino que las proyecciones que dejó Reyes estaban muy altas en un país donde la evasión fiscal es poco penalizada. En todo caso, la determinación está tomada y para su reemplazo Petro llamó a Luis Eduardo Llinás, actual director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), quien fue clave en que el mandatario denunciara las posibles inconsistencias en la compra del software espía Pegasus durante la administración de Iván Duque.

Petro también está a la expectativa de lo que suceda después del 31 de enero, día en el que está fijada la primera reunión de este año de la Junta Directiva del Banco de la República, que ahora tiene a los dos nuevos codirectores que designó: Laura Carla Moisá y César Augusto Giraldo.

Lo que espera el presidente es que los dos nuevos codirectores, el recién llegado ministro de Hacienda, Diego Guevara, y la codirectora Olga Lucía Acosta (designada en 2023) puedan influir en una petición que le viene haciendo a la entidad: reducir en mayor porcentaje la tasa de interés, que disminuyó en 25 puntos básicos (9,5%), cuando se esperaba una baja de al menos de 50 puntos.

Mientras llega este día, el jefe de Estado les pidió a sus ministros avanzar por otros frentes para reducir gastos, aplazar inversiones y priorizar recursos. Y quienes lideran la tarea son Guevara y el director de Planeación Nacional, Alexander López, que junto con sus despachos trabajan en la redacción de dos decretos para presentarles su última versión a Petro dentro de poco.

El primero ya se publicó como borrador por el Ministerio de Hacienda y fue catalogado como “Plan de Austeridad”. Su objetivo es que cada entidad del Gobierno ahorre entre el 15 % y el 25 % de sus gastos proyectados y se prohíban viajes internacionales y a algunas regiones, la realización de fiestas, encuentros y condecoraciones y en general, se reduzcan los viáticos de todos los funcionarios.

Pero, hay cierto temor en algunos ministerios, pues el decreto de Guevara también contempla la salida de funcionarios cuyos contratos vienen de anteriores gobiernos.

Entretanto, López está terminando un proyecto de decreto para el aplazamiento de $12 billones, la cifra que se ha vuelto todo un dolor de cabeza para el Ejecutivo y que busca solventar sin sacrificar la inversión social que tienen carteras importantes como Prosperidad Social.

Y si bien todo parece indicar que no hay otro camino en el corto plazo, que el de aplazar inversiones, el mismo director confirmó que volverán a intentar “conquistar” al Congreso para que les dé el sí en una nueva reforma tributaria o ley de financiamiento.

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Y no está nada fácil contar con el visto bueno de los legisladores, pues la relación entre la Casa de Nariño y el Capitolio parece cada vez más distante, sobre todo con el Senado que comanda el conservador Efraín Cepeda, un actor clave en el hundimiento de la ley de financiamiento, el proyecto que presentó el exministro Ricardo Bonilla previo a su salida y que fue la primera derrota política de su sucesor, Guevara.

El relacionamiento con el Congreso es una cosa, pero no se queda por fuera la llegada de la precampaña electoral, un momento que distrae a la mayoría de senadores y representantes y que pone en aprieto a las iniciativas legislativas. Además, la próxima salida de Juan Fernando Cristo del Ministerio del Interior podría afectar el curso de la tributaria, pues en esta última legislatura quedó evidenciado que fue realmente él quien pudo destrabar la agenda gubernamental en la corporación.

Petro no deja de lado “sacar pecho” de sus aciertos mientras sus movidas técnicas y políticas dan resultados. Tanto él como sus ministros y políticos del Pacto Histórico han resaltado reiterativamente que la cifra de desempleo va a la baja (cerrando en 9.1 % para octubre de 2024), que a pesar de que la confianza del consumidor se mantuvo en números rojos durante el año pasado, el optimismo se recuperó con la reducción de la inflación.

A su vez, endureció su tono confrontativo en torno a los puntos que aún le inquietan. Al Congreso le ha reprochado el hundimiento de sus proyectos, al expresidente Iván Duque el sobreendeudamiento en el que dejó al país por la atención de la emergencia por covid-19, a las altas cortes por las medidas que están estudiando y que podrían caerse por inconstitucionalidades, y al mismo Banco de la República por bajar la tasa de interés en menos de lo que él esperaba.

El panorama está tenso para el Gobierno, que busca la reelección del progresismo para 2026, pues Petro se juega su último período como presidente cargando en su espalda el peso de la baja ejecución presupuestal de sus carteras, de las promesas que no ha incumplido en estos más de dos años y de una desfavorabilidad (según la última encuesta Invamer) del 60 %. El rumbo económico que le dé al país en este 2025 podrá ser tanto su salvavidas como otro “pero” que se le sume a la gestión de la izquierda.

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