“De la Bogotá Humana tenemos que pasar a la Colombia Humana”, dijo ayer el alcalde de Bogotá Gustavo Petro, durante su intervención en la VII Asamblea Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, que se lleva a cabo en Medellín. Para muchos, palabras que anuncian la intención de ser candidato presidencial en 2018. Una tesis que se refuerza con pronunciamientos anteriores, cuando él mismo y algunos de quienes lo acompañan en su Movimiento Progresistas han dicho que ese es el objetivo final.
Por ejemplo, en diciembre del año pasado, en una entrevista para Reuters, Petro aseguró que si bien no está obsesionado con el poder, contemplaría la posibilidad de lanzarse una vez más a la Presidencia –ya lo hizo en 2010—si veía opción para un gobierno de izquierda en Colombia. “De participar es porque habría la posibilidad, no simplemente por participar, sino porque las condiciones del país habrían variado tanto que la opción de un primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia (...) volvería a abrirse paso”, dijo.
El alcalde está convencido de que si se firma la paz con las Farc y acaba el conflicto, el conservadurismo de la sociedad colombiana cederá y se abrirá paso a la posibilidad de un gobierno diferente. Sin embargo, si algo ha dejado claro es que una eventual candidatura presidencial suya pueda representar los intereses de las Farc, en caso de que esa guerrilla se convierta en un partido político a la luz de los acuerdos de La Habana.
“Yo soy progresista, no soy de las Farc. Aun siendo insurgente en el Movimiento 19 de abril, en los años 70 y 80, representamos una concepción del mundo muy diferente y una visión de la nación muy diferente a lo que representaban las Farc”, ha dicho.
Otra señal de que una vez por fuera del Palacio de Liévano podría buscar llegar a la Casa de Nariño está en la reacción que suscitó la decisión de la Procuraduría de abrirle pliego de cargos, por segunda vez (la primera fue por el lío de las basuras), por la expedición del decreto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Según Gustavo Petro, el procurador Alejandro Ordóñez quiere sacarlo del camino: “Está con esa nueva investigación haciendo lo que busca y desea: no quiere permitir que yo participe en mis derechos políticos en 2018 porque él tiene una aspiración presidencial”.
Lo cierto es que en su intervención de ayer en Medellín, el alcalde ya dejó entrever lo que podrían ser los lineamientos de su posible futura campaña. Habló, por ejemplo, de nuevos discursos, de nuevas maneras de tratar el planeta, la cultura, la humanidad, la sociedad, el agua y el territorio. En síntesis, de una nueva alternativa al actual modelo de desarrollo del país, que según él, “está basado sobre el carbón y el petróleo, sobre la destrucción del territorio y de los seres humanos, que están esclavizados por la codicia como eje motor de la acción política”.
Y aunque su nombre genera mucha resistencia en algunos sectores y su gestión al frente de la Alcaldía ha sido duramente cuestionada, no se puede dejar de reconocer que Petro tiene votos propios y hasta se puede decir que lleva en campaña de casi cuatro años, pues los mismas investigaciones de la Procuraduría y los ataques de sus enemigos políticos lo han hecho figurar a diario.
En los mentideros políticos, incluido el mismo Cambio Radical, ya lo ven como un rival fuerte del hoy vicepresidente Germán Vargas Lleras en la lucha por el poder en 2018. Consideran que Petro le dio a la izquierda un contenido del que carecía. Y creen que la punta de lanza de su campaña será la Costa Atlántica, donde buscará pelearle de tú a tú al vargallerismo. No hay que olvidar que cuando fue destituido en diciembre de 2013 por la Procuraduría, hubo manifestaciones a su favor en Barranquilla y otras ciudades de esa región.
Ahora, quiérase o no, como lo enumera Mario López en un artículo de Las 2 Orillas, aunque muchos quizás no le son propios, Petro logró posicionar en la agenda local y nacional temas como la legalización de las drogas; el trato a los drogodependientes; el respeto a la diversidad; el cierre de plazas de toros; el cambio climático; el freno a las tarifas de los servicios; el derecho al agua; la recuperación del espacio para el peatón; el desarme colectivo; presupuestos robustos para educación, salud y primera infancia; garantías de supervivencia a la indigencia y tercera edad y el fortalecimiento de lo público, entre otros asuntos.
Es cierto que en torno al alcalde todavía faltan muchas cosas por definirse, en el campo de lo disciplinario y lo judicial. Está el mencionado pliego de cargos de la Procuraduría por lo del POT y recientemente la decisión de la Fiscalía de llamarlo a declarar por los hechos de la toma del Palacio de Justicia en 1985 como miembro del M-19. En sus respuestas a este último caso, Petro ha reivindicado el “derecho a la rebeldía”. Sea como sea, todas las señales indican que seguirá siendo un protagonista de primer orden en la política nacional y que hay que tenerlo en cuenta en la baraja para las presidenciales.