Tan solo 24 horas después de que la Registraduría entregara el billonario contrato para la logística de las elecciones de 2026, en el Hotel Tequendama de Bogotá se realizó la segunda sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. Y si bien es una cita clave para el devenir de los comicios en los que se elegirá a un nuevo Congreso y al sucesor del presidente Gustavo Petro, la reunión se dio en medio de un ambiente enrarecido por los mensajes del jefe de Estado sobre su “desconfianza” con la cita a urnas del 2026 y la ausencia de varias colectividades.
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El encuentro, pactado en un primer momento para las 10 de la mañana, comenzó sobre las 11. El tema, según la invitación que les llegó a los asistentes desde la Casa La Giralda, era discutir la seguridad para las elecciones a los consejos municipales de juventud, el próximo 19 de octubre. Sin embargo, la discusión se enfocó, sobre todo, en el hecho de la insatisfacción de 13 partidos que no asistieron por las palabras del jefe de Estado y los dardos que ha lanzado sobre la licitación por $2,1 billones adjudicada por la entidad electoral a una unidad temporal en la que está Thomas Greg. Sobre esto, de hecho, la Casa de Nariño, por pedido del presidente, evalúa qué medidas tomar frente a la licitación.
Además del Ejecutivo —representado por el ministro del Interior, Armando Benedetti—, estuvieron presentes las cabezas de entidades como la Registraduría (Hernán Penagos) y el Consejo Nacional Electoral (Álvaro Hernán Prada). También hicieron presencia organizaciones civiles, como la Misión de Observación Electoral (MOE), y varios partidos afines al Gobierno. No obstante, los jefes de 13 colectividades, declaradas en independencia o en oposición, manifestaron en la mañana de este jueves que no asistirían a la cita en el Salón Rojo del hotel.
Los partidos y movimientos que suscribieron el comunicado fueron: Cambio Radical, Liberal, Conservador, Colombia Justa Libre, Centro Democrático, La U, Nuevo Liberalismo, Oxígeno, Salvación Nacional, Liga de Gobernantes Anticorrupción, ASI y Colombia Renaciente. En ese documento aseguraron que “las recientes declaraciones del presidente de la República cuestionando el sistema y el proceso electoral, desconociendo el rol institucional que le corresponde como garante de la democracia, generan profunda preocupación sobre su verdadero compromiso”.
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No obstante, el mismo Gobierno le restó importancia a esa declaración. Al término del encuentro en el Tequendama, el ministro Benedetti aseguró que era “equivocado” decir que los directores de los partidos son “sus jefes”. Argumentó, en esa línea, que las “bases y los congresistas” de las colectividades no siempre siguen lo que dicen sus máximas autoridades.
Se referían a la andanada de críticas del presidente al proceso de adjudicación de la Registraduría a la unión temporal Integración Logística Temporal 2026 —en la que Thomas Greg & Sons y sus subsidiarias son socias mayoritarias— del contrato para la logística electoral. Entre sus declaraciones, Petro aseveró que “en toda democracia los partidos deben poder auditar los algoritmos del software de cómputo de las elecciones para saber si es transparente o no. En Colombia jamás se ha podido ejercer ese derecho electoral”. En distintos escenarios, el jefe de Estado ha insistido en que esto podría dar pie a un posible fraude. De hecho, puso como ejemplo que, en el escrutinio de las legislativas de 2022, el Pacto Histórico sumara 700.000 votos que en el preconteo, que en todo caso no es vinculante, no se incluyeron.
En efecto, el tire y afloje de los partidos y el Gobierno Nacional generó incomodidad antes de la reunión. Asistentes al encuentro, que pidieron mantener la reserva para no quedar en medio de los choques, aseguraron que esos desencuentros se están convirtiendo en un “círculo vicioso”. Hace un mes, después del atentado contra el senador Miguel Uribe, un grupo de partidos también decidió no asistir a la primera sesión de la comisión convocada por el Ministerio del Interior, alegando en esa oportunidad falta de garantías.
Para quienes estuvieron en el encuentro, como le dijeron a este medio, precisamente el escenario para discutir esos temores de cara a las elecciones es la comisión. Pero si no hay un punto de diálogo, solo se generaría “ruido” antes que una solución concreta.
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Pero también, la comisión de seguimiento mostró visos de las divisiones internas de los partidos de cara a las elecciones del año entrante. El Espectador pudo constatar que en el Salón Rojo habrían estado personas del liberalismo y de La U, pero que buscaron evitar identificarse como tal para evitar sanciones internas en sus colectividades. Es de anotar que en ambos partidos hay en el Congreso senadores y representantes a la Cámara que han respaldado las iniciativas del Ejecutivo, tal y como se constató en la votación de la reforma laboral el pasado 28 de junio, con 104 votos a favor y 9 en contra.
En todo caso, tanto desde La U como desde el liberalismo desestimaron cualquier participación en el evento. Por un lado, Alexander Vega reiteró que solo él y Clara Luz Roldán pueden, desde la codirección del partido, hablar en representación del mismo. Y desde el Partido Liberal aseguraron que se trataría de personas que asistieron sin el permiso de César Gaviria, expresidente y director de la colectividad, y que serían personas con “ideas lejanas a la dirección”.
Como se dijo, la razón de esta reunión fue la realización de las elecciones para los consejos municipales de juventud. Sin embargo, en un momento, tanto el registrador Penagos como el ministro Benedetti hablaron de la polémica suscitada por la licitación que ganó Thomas Greg. Por un lado, Benedetti, retomando los argumentos del presidente Petro, manifestó que “El Gobierno nacional ha mostrado inquietudes frente a una sentencia del Consejo de Estado que solicita a la Registraduría implementar urgentemente correctivos estructurales para nuestro sistema electoral. Entre esos correctivos está que el software de escrutinio sea de propiedad estatal. Más de cinco años han pasado y las entidades allí mencionadas han incumplido parcialmente”. Penagos, ante esto, respondió que “se va a permitir el acceso al código fuente del software; queremos tranquilidad de toda la ciudadanía. En ese sentido y hacia esa dirección vamos a conducirnos”, además de que se contratarán auditorías externas para “todos los sistemas de información”. Según el ministro, esto significaría que las denuncias del jefe de Estado tendrían asidero, pero que, en todo caso, la Registraduría ya habría ofrecido una solución útil.
Pero El Espectador también habló con directores de los partidos que no asistieron y explicaron que, aun si el tema del software pareciera estar resuelto, consideran que el Ejecutivo “no da garantías”. “Esa comisión es de naturaleza de coordinación armónica y acá no hay armonía ni entre el Gobierno, la Registraduría, el CNE y los partidos. Hasta que no haya muestras de garantías y de lenguaje del presidente, no hay forma de asistir. Preferimos continuar con el procurador [Gregorio Eljach, con quien los partidos se han reunido en el último mes]”, dijo Vega.
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Por su parte, Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, aseveró que “es un contrasentido asistir si quien la lidera cree que no habrá transparencia en las elecciones. Además, no ha pasado nada con los temas de seguridad. No vemos que haya garantías electorales y el Gobierno sigue en la retórica de desafiar”.
Finalmente, Juan Manuel Galán, quien está al frente del Nuevo Liberalismo y buscaría ser candidato presidencial, manifestó las mismas preocupaciones que Vega y Vallejo. Además, dijo que se debe “respaldar a la Registraduría, al registrador, a la institucionalidad electoral. También a los organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría, que hacen seguimiento a esas garantías, lo mismo la Defensoría del Pueblo. Y pedir también de la comunidad internacional no solo una misión de observación, sino también de verificación”.
Según dijo Benedetti a los asistentes a la comisión de seguimiento electoral, la expectativa del Gobierno es citar a reuniones cada 15 días. Sin embargo, tal y como ha pasado en las dos ocasiones en las que se ha realizado, nada asegura que haya un clima de diálogo entre la oposición y el Ejecutivo, lo que dificultaría el trabajo de la comisión de cara a unas elecciones que se celebrarán en menos de un año.
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