“El cuadro político de las fuerzas gubernamentales debe readecuarse”. En estas nueve palabras del presidente Gustavo Petro quedó consignada la base de la nueva estrategia que se desplegará desde la Casa de Nariño para intentar tener margen de gobernabilidad política y económica en lo que resta del mandato, y que de paso le dé un relato de gestión que sirva de base para potenciar la anticipada campaña electoral que se desató en el país.
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Lo que quiere el Gobierno es rodearse de fichas mucho más comprometidas con el proyecto progresista y de izquierda, por lo que solo es cuestión de semanas para que se dé un nuevo ajuste en el gabinete y se reestructuren los cuadros de acción en diversas regiones para –ante la imposibilidad de lograr acuerdos en el Congreso y de tender puentes más sólidos con la rama judicial– sacudir a sus bases e intentar revestirse de apoyo popular en torno a sus propuestas.
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Si bien esto estaba pensado para ponerse en marcha a comienzos de 2025 y con miras a la viabilidad de reelegir el progresismo un año después en las elecciones de Congreso y Presidencia, los escándalos de corrupción que azotan a la primera administración de izquierda pura y las derrotas constantes en el Capitolio aceleraron el proceso.
La caída de la ley de financiamiento y la cabeza de Ricardo Bonilla que fue cobrada por el expediente del saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) fueron dos episodios que en menos de dos semanas potenciaron estos movimientos.
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“La organización popular debe pasar a ser la gran contratista del Estado bajo la forma del principio constitucional de la democracia participativa. El cuadro político de las fuerzas gubernamentales debe readecuarse de acuerdo al (sic) comportamiento de dichas fuerzas en la votación por la ley de financiamiento”, le notificó este jueves Petro al país.
“Vienen las renuncias y la reorganización del gabinete. Ya lo había anunciado el presidente Obviamente, es él el que toma las decisiones y seguramente se tomarán en el mes de enero, a comienzos de año, para definir la última recta del Gobierno Nacional. Será el presidente mismo el que haga los anuncios”, confirmó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tan solo dos horas después del mensaje del mandatario.
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Y ahí está la nuez de todo el ajuste que se viene. Petro, y se lo ha dicho a su equipo en al menos los últimos tres consejos de ministros, llamó al orden a su gabinete y les reclamó por las cifras de ejecución. En efecto, según confirmó este diario con fuentes oficiales, solo dos de 19 ministerios superan una ejecución del 90 por ciento de su presupuesto.
Se trata de las carteras de Educación –dirigida por Daniel Rojas Medellín– y de Salud, comandada por Guillermo Alfonso Jaramillo. Y, de hecho, serían dos de las fichas del gabinete que –junto al canciller Luis Gilberto Murillo y, entre otros, a la ministra Susana Muhamad (Ambiente)– dejarían sus cargos para buscar un papel protagónico en las elecciones del 2026.
Y detrás de eso también está la idea de cómo intentar mantener algunos congresistas de su lado, porque aún falta el trámite de las reformas a la salud, la laboral y la judicial, al igual que iniciativas legales que se deben tramitar como otro presupuesto general. La intención es intentar emular coaliciones específicas como la que se dio con el trámite de la jurisdicción agraria o de la cirugía del sistema general de participaciones, con las que se lograron mayorías parlamentarias en favor de las intenciones del Ejecutivo.
“Todos sabemos que la coalición se rompió hace ya un tiempo. Se han venido construyendo consensos y mayorías sobre las reformas; el balance de la legislatura es muy positivo, por lo que hay que reconocerles eso al Congreso y a los partidos”, confirmó el ministro Cristo.
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Pero –en medio de todo esto– ¿qué fue lo que pasó en tan solo 24 horas para que el presidente Petro decidiera oficializar su radicalización política de cara a los 603 días que le restan desde este jueves a la actual cúpula de la Casa de Nariño?
“Tengo que decirles que hasta el presidente se ha dejado entrampar”, fue una confesión que hizo Petro durante un acto público este jueves en Barranquilla. Y aunque era en referencia a la polémica por el cobro de las tarifas de energía en la Costa, esa declaración tiene entre líneas el relato en torno a cómo, según el mandatario, se rodeó en esta primera parte de su mandato de gente que no era de su proyecto, pero que sí compartía en parte algunos de sus preceptos. Y eso, dijo, lo tiene con su plan de desarrollo ejecutado a medias.
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Ahora bien, lo que pasó en el Congreso tiene sus bemoles. Mientras que la Casa de Nariño logró conformar mayorías para sacar adelante iniciativas como la ley ordinaria de la jurisdicción agraria, al igual que con los ajustes al sistema de participaciones –superando las alertas sobre supuesta quiebra que esta norma traería–, la ley de financiamiento con la que el Ejecutivo buscaba al menos nueve billones de pesos para subsanar el hueco presupuestal se quedó a medio camino por decisión de las mayorías de las comisiones económicas del Congreso.
De acuerdo con fuentes oficiales, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de allanar dependencias del Ministerio de Hacienda en medio de sus pesquisas por el escándalo de la Ungrd generó preocupaciones entre algunos parlamentarios, que no se quieren ver relacionados con ese escándalo.
“Varios legisladores decían que tenían que votar no para salvarse de investigaciones judiciales en medio de esas investigaciones y estos debates”, confirmó una alta fuente del Ejecutivo. Y agregó: “También es una sanción por todo lo de Bonilla y el desgaste y desconfianza en la relación”.
Ya con todo esto decantado viene un periodo de análisis que implica, más allá de los ajustes al gabinete, una fórmula nueva de relacionamiento que, en todo caso, no implica que se den acuerdos entre la Casa de Nariño y el Congreso.
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“Maldito el parlamentario que a través de las leyes destruye la prosperidad de su propio pueblo”, dijo Petro sobre el hundimiento de su ley de financiamiento y en clave de notificación sobre su nueva estrategia.
En todo caso, lo que se viene para 2025 –sumando una parte del cierre de este 2024– es una confrontación política que será la base de la pelea por una sucesión en el poder que, según todos los bandos, acrecentará la polarización nacional.
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