Lo que viene siendo el pulso más grande que quiere librar el Gobierno del presidente Gustavo Petro en el epílogo de su administración, y que tiene una alta carga electoral por la intención de darle una segunda oportunidad al progresismo en el poder, comenzó en forma y con todas las entidades del Ejecutivo con la instrucción de meterse a fondo en lo que será la principal bandera oficialista de los siguientes meses.
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Y aunque desde hace varias semanas la Casa de Nariño ya estaba en ese modo aupada en la consulta popular con la que quiere medir su fuerza en urnas bajo la tesis de darle oxígeno a su hundida reforma laboral, la publicación oficial de las 12 preguntas que ahora pasarán a examen del Senado, sumadas al llamado a marchas para rodear al progresismo el 1° de mayo próximo, llevaron todo a otro escenario.
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En efecto, este diario reveló hace tres semanas la estrategia de nodos barriales y regionales que se viene implementando en los 32 departamentos para tener comités que impulsen el sí a la consulta, pero ahora con ese pistoletazo de plaza pública y promoviendo al Congreso de forma anticipada como el responsable de supuestamente impedir la participación ciudadana, hace que todo el gabinete –de frente– se tenga que dedicar a la búsqueda votos. Y, de paso, de recursos de financiación.
Ahora bien, todo esto se da en momentos en que el propio Gobierno es consciente de que ponerse con nombre propio dentro de alguno de estos escenarios puede derivar en una posible participación indebida en política, por lo que el esguince se hace a través de la promoción directa de las preguntas sin entrar de fondo en cómo es que se debe organizar electoralmente todo el proceso; al menos así lo advierten los alfiles de la Casa de Nariño en público, quienes tiene la tarea –si todo pasa a urnas– de buscar 13,6 millones de votos para cada pregunta si quieren que tenga fuerza legal.
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El propio ministro de Interior, Armando Benedetti, lo reconoció: “Hay que esperar que la apruebe el Senado, luego el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) determine los comités y ahí sí se puede empezar a armar (una campaña oficial). Los otros comités que han venido saliendo brotan de las organizaciones y movilizaciones sociales a las cuales yo no les puedo pedir ni prohibir absolutamente nada”.
Pero –en paralelo y con el visto bueno de Petro– el propio funcionario ha dicho que al menos cada una de las más de 60.000 juntas de acción comunal que hay en Colombia debería tener un comité promotor, lo que no solo se traduce en el fortalecimiento de sus nodos en territorio para promover la narrativa oficialista, sino que deja la campaña directa en un tercero que les permite a los funcionarios evitar cualquier tipo de irregularidad de carácter administrativo.
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Además de esto, y con un uso constante de los canales digitales de todas las entidades públicas y de sus cabezas, las 12 preguntas que se oficializaron este martes –y cuyo grueso es lo que el Congreso no avaló durante el hundimiento de la laboral en la Comisión Séptima del Senado– están siendo machacadas a lo largo del día para generar recordación y buscar que, así no se haya dado aún el trámite legislativo, generen aceptación entre los potenciales votantes si todo termina llegando a las urnas.
“Este primero de mayo, millones de colombianos y colombianas en las plazas públicas, presentamos estas preguntas al Senado de la República para que apruebe la consulta popular con ellas. Analícelas, le propongo darles sí a todas”, aseguró este miércoles Petro, precisamente, a través de sus redes. El mensaje, por supuesto, lo replicaron en bloque desde su gabinete y las entidades que comandan los ministros.
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Esta campaña, que incluye el plazoletazo del que habla Petro en su mensaje, incluye su asistencia personal al Capitolio ese 1° de mayo a radicar personalmente el proyecto de ley que le daría vida jurídica a la consulta popular, pero con el bemol de que tiene previsto dar ese paso luego de un discurso en plaza pública en el que espera señalar directamente al Senado de ser el responsable si su iniciativa no llega a urnas.
Aquí encaja otro punto clave de todo este ajedrez, pues los dardos de Petro están dirigidos al presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, a quien viene señalando de ser “el jefe de la banda” que se opone, según él, a todo lo que propone la Casa de Nariño. Esto, por supuesto, es desmentido por el legislador, quien constantemente insiste en que las posturas mayoritarias del Capitolio son técnicas y con base en la independencia constitucional entre las ramas del poder público.
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El Espectador estableció que ese jueves de la próxima semana en el que habrá manifestaciones y el jefe de Estado espera dirigirse hasta el Congreso, Cepeda no tiene previsto hacer presencia en ese escenario bajo la tesis de que los proyectos de ley y de reforma constitucional, independiente de quién los promueva, deben radicarse ante las secretarías, en este caso la del Senado, y que es su titular, Diego González, el llamado a recibir al mandatario.
Eso es una muestra de que la polarización es cada vez más creciente entre la Casa de Nariño y el Congreso, pues si bien hay alfiles del petrismo en el Capitolio –y por negociación política de filas independientes también hay congresistas del lado del oficialismo– el diálogo entre las cabezas institucionales –que debería ser fluido– está completamente roto.
Eso implica que las discusiones en el pleno del Senado no serán fáciles, ya que la iniciativa requiere de una mayoría simple para ser aprobada –la mitad más uno de los congresistas presentes el día que se convoque a la votación del articulado–, pero las cuentas están apretadas. De entrada, el oficialismo suma 25 sufragios fijos por el sí (20 del Pacto y cinco de Comunes), mientras que la oposición tiene 23 asegurados por el no (12 del Centro Democrático y 11 de Cambio Radical).
Eso hace que las posturas de los senadores de partidos como el Liberal (13), Conservador (15) y La U (10), entre otros minoritarios, sean claves en el trabajo de hormigueo político que viene ejecutando el Gobierno para pescar votos en favor de su iniciativa. El propio Benedetti confesó que no es una tarea fácil: “No tenemos mayorías, pero soy optimista”.
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Ahora bien, mientras se da este pulso, en las calles y territorios ya hay nodos andando. En efecto, legisladores y otros actores cercanos al Ejecutivo han hecho un despliegue territorial para asumir su pedazo de país como una zona desde la cual empujar la consulta popular. En Cali, el representante del Pacto por el Valle Alejandro Ocampo lideró la activación del comité por el sí de esa zona. En Sogamoso, hizo lo propio el representante boyacense Pedro Vacca. Y la senadora Gloria Flórez, oriunda de Bucaramanga, se desplazó hasta esa ciudad para unirse a la convocatoria.
A eso suma, entre otras regiones, que en Bogotá se han abanderado del tema los representantes, ediles y concejales del Pacto Histórico. Como lo contó en su momento este diario, ya han realizado encuentros con las comunidades casi la totalidad de las 20 localidades de la ciudad, con la intención –según explicaron– de socializar con la ciudadanía en qué consiste una consulta, qué ocurrió con la reforma laboral en el Capitolio y por qué su hundimiento en la Comisión Séptima del Senado, el pasado 18 de marzo, los llevó a considerar este mecanismo.
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Además, como se lo confirmó recientemente a este diario Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, los recursos de la campaña están saliendo de cada entidad que, recortando en gastos, pone cada una un porcentaje en un mecanismo similar a una “vaca”. Estos recursos, que aún no han sido cuantificados, son diferentes a los cerca de $700.000 millones que el registrador Nacional, Hernán Penagos, calculó costaría la sola cita a urnas.
En todo caso, mientras todas estas fichas se mueven en varios frentes, el Gobierno enfrenta un posible foco de división interna entre sus legisladores y algunos ministros, pues se ha venido hablando en voz baja de un cortocircuito por diferencias sobre cómo abordar la campaña; en este punto se menciona al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Incluso, aún no se han podido superar las pelas dentro del propio gabinete, que especialmente tocan a Benedetti y a la canciller Laura Sarabia.
Lo cierto es que la campaña ya está en marcha y es el foco de batalla política que priorizó el presidente Petro, pues quiere que reelegir al progresismo en 2026 y de paso esquivar las movidas que la oposición –encabezada por el expresidente Álvaro Uribe (Centro Democrático) y el exvicepresidente Germán Vargas (Cambio Radical)– desplegó para recuperar el solio de Bolívar. Los decibeles seguirán subiendo.
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