El Gobierno del presidente Gustavo Petro apuesta por una estrategia a tres bandas, todas con un mismo objetivo: conseguir que sus reformas laboral y a la salud sean aprobadas por el Congreso, aún pese al poco apoyo y las tensiones que hay entre las ramas Ejecutiva y Legislativa.
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El llamado a un “paro de 48 horas” de las organizaciones sindicales aliadas del petrismo es la más reciente de esas tres movidas. Las otras son la insistencia a la consulta popular, incluso con la advertencia de desconocer la negativa que dio la plenaria del Senado, y la aprobación de la reforma laboral, que ya pasó a cuarto debate, pero con cuestionamientos del Gobierno que asegura que se trata de una “reforma regresiva”.
Sin embargo, la triple estrategia se vio azuzada por una declaración que tomó por sorpresa a más de uno, incluso dentro de la bancada gobiernista. Desde el Senado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, le dio un ultimátum a la plenaria de la cámara alta: que si no se pronuncia sobre la primera consulta antes del 1° de junio, el Gobierno la convocará por decreto. Sin embargo, se trata de una ruptura, aún más profunda, con el Legislativo.
Desde la presidencia del Senado, en cabeza de Efraín Cepeda (Partido Conservador), insisten en que el 14 de mayo se dio ese pronunciamiento, con la ya famosa votación de 49 votos en contra de la consulta y 47 a favor. Pero Benedetti se ha aprovechado de una suerte de giro lingüístico. Según el jefe de la cartera política, no hubo un pronunciamiento porque el secretario del Senado, Diego González, no leyó, antes de la votación, una proposición para definir el sentido del voto. Es decir, el Gobierno insiste en que “el pronunciamiento no existe” por un asunto de forma.
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En ese contexto, este miércoles inició la jornada de dos días citada por, entre otras, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Central General de Trabajadores (CGT) y Fecode. La jornada fue citada, precisamente, hace 14 días cuando el presidente Petro, en una alocución desde China, pidió a sus seguidores que declararan una “huelga general”.
El llamado hizo eco entre las centrales obreras que son afines al Gobierno. De esta forma, se acordó que en la primera jornada del paro se realizarían marchas y en la segunda, este jueves, un cabildo abierto desde las 3 de la tarde en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Así, desde temprano en la mañana hubo bloqueos en algunos de los principales portales de Transmilenio, como el de Suba, el de la 80 y el de Las Américas.
Sobre las 9 de la mañana empezaron a llegar manifestantes y simpatizantes del Gobierno Nacional al Parque Nacional, uno de los principales puntos de encuentro citados por los sindicatos. También se contaron congresistas del Pacto Histórico, como Alejandro Toro, María Fernanda Carrascal y Gabriel Becerra. Y por el Ejecutivo, pese a que el presidente Petro en varias ocasiones mostró su respaldo al paro, solo se vio a Cielo Rusinque, ministra encargada de Comercio.
Más allá de la particularidad de las marchas, se trató de una primera jornada en la que los simpatizantes del petrismo se sumaron a la narrativa de que “ejercerán presión” para conseguir apoyos. Aunque la afluencia estuvo por debajo del estimado nacional de tres millones de Fabián Arias, presidente de la CUT, ese intento de presión sí se vio en la Plaza de Bolívar. Sobre la 1 de la tarde, el senador uribista Alirio Barrera se asomó al ingreso principal del Congreso. Allí fue recibido con arengas de los retazos de manifestantes que aún seguían y que se disiparon poco después de las 2 de la tarde, cuando ya también se había levantado la plenaria del Senado.
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Sobre el por qué de las marchas, Arias afirmó que llamaron al paro con la intención de respaldar la consulta del presidente Petro, al considerar que es el “mecanismo idóneo para recuperar derechos”.
Además, retomando el argumento esgrimido por el jefe de Estado de que hay un “bloqueo institucional”, Arias aseguró que “no confiamos en el Congreso”, añadiendo que la aprobación de la reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado “nos deja un sabor agridulce, porque introdujeron temas regresivos”. En esa misma línea, Percy Oyola, presidente de la CGT, aseveró que “buscar que el pueblo de Colombia determine su suerte en materia laboral y de salud, entre otras reformas que han sido obstaculizadas por el Congreso”.
El representante Alejandro Toro, aliado de Daniel Quintero, dijo a su vez que las movilizaciones son una campaña. “Tenemos vocación de poder y las campañas nunca deben terminar, otra cosa son los tiempos electorales. Estamos haciendo una campaña con el pueblo, con las organizaciones. Ya tenemos la validación popular y la validación legal, porque por hacer las cosas de afán [en el Senado], las hicieron mal”.
Y el representante Gabriel Becerra aseguró que “es muy importante que la presencia de las personas en las calles se hagan sentir. Después de 60 días de tener archivada la reforma laboral, quedó demostrado que en solo una semana, cuando hay presión política, se puede discutir. La movilización no puede ceder”. De esa forma, aseguró que “la apuesta son las reformas, pero que no sean un engaño, que es lo que seguimos advirtiendo a pesar de que la presión social logró temas como el pago de los festivos y los dominicales”.
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Lo que dice Becerra se aúna con la segunda parte de la triple estrategia del Gobierno. En la Comisión Cuarta del Senado, la senadora Aída Avella se distanció de la ponencia mayoritaria que, durante toda la semana pasada, se discutió. La parlamentaria del Pacto Histórico aseguró que con los cambios que se le estaban haciendo, se estaba planteando una “contrarreforma con medidas agresivas”.
Así lo dijo la senadora Clara López cuando se aprobó el proyecto: “Una reforma recortada, ‘michicata’ y aguada no fue la que votó el pueblo colombiano en el 2022. Vamos al paro de 48 horas convocado por las centrales obreras para exigirle al Senado la verdadera reforma que exige la clase trabajadora”.
Por su parte, Benedetti, en la casa La Giralda en la tarde de este miércoles, aseveró: “En el futuro hipotético, que es un futuro hipotético muy lejano porque siempre nos ha ido mal con el Congreso de la República, porque allá han hundido todas las reformas sociales del Gobierno, uno podría pensar es que se podría pensar en no hacer la consulta, pero ahora viene la etapa más difícil, es que la plenaria del Senado”.
Y, precisamente, esa aseveración del ministro marca la tercera y última parte de la estrategia actual del Gobierno Petro. Con el ultimátum de que si no hay un pronunciamiento de la consulta popular de 12 preguntas -la que se votó el 14 de mayo-, convocará a elecciones vía decreto.
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Sin embargo, desde el Senado ya han levantado un muro de contención a esa apuesta. El presidente Efraín Cepeda (Partido Conservador) dijo que se trata de una movida “absolutamente ilegal. Es una violación a la autonomía de dos poderes públicos, el Legislativo y el Judicial, porque si alguien no está de acuerdo con una decisión debe ir hasta los jueces, no de un solo plumazo”. Y de hecho, dijo que si se llega a radicar ese decreto, acudirían al Consejo de Estado.
Pero no es la única apuesta con la consulta. Hay también otra, con 16 preguntas -las 12 primeras más cuatro que tienen que ver con asuntos de salud- que el Gobierno radicó. Sobre esta, la senadora Martha Peralta (Pacto Histórico) pidió la designación de una comisión accidental que dé una proposición, positiva o negativa, sobre el mecanismo para evitar el episodio de la plenaria del 14 de mayo.
Como se lee en la proposición, el fin es “garantizar un análisis riguroso y transparente de una decisión de trascendencia nacional, como lo es la convocatoria a una consulta popular”.
Así las cosas, se ha configurado un mapa en tres puntos que aún no tienen una resolución clara. El propósito del presidente Petro es que el pulso se resuelva a favor de sus reformas, con la intención de mostrar resultados de cara a las elecciones. Sin embargo, desde la oposición, la respuesta es detener esos esfuerzos.
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