El fuerte choque entre la oposición y el oficialismo no se ha limitado a los debates en el Capitolio y las arengas en las calles. También, desde ambos lados y con visos de profundizar una guerra jurídica, han hecho uso de los estrados judiciales y de medidas administrativas en aras de frenarse entre sí. Una cascada de tutelas, quejas ante la Procuraduría y recursos en el Congreso se han radicado en las últimas semanas en medio del álgido debate que hay entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el Legislativo por cuenta de la consulta popular y el hundimiento de sus reformas.
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En medio de ese nuevo pulso traducido en distintos recursos legales, está la insistencia del gobierno Petro por evadir el “bloqueo institucional” que dice que hay por las negativas del Congreso. De hecho, en parte es por eso que el presidente justificó el cabildo en clave electoral que lideró hace 24 horas en Barranquilla (Atlántico).
Esta estrategia de lado y lado podría ahondarse en las próximas semanas. Esto dependerá de lo que pase con las reformas laboral y a la salud que hacen su trámite en el Congreso. Si la primera, que recientemente resucitó, se encuentra de nuevo con un muro en el Legislativo, formado por la minirreforma del Partido Liberal que retoma algunas de sus propuestas, y si la de la salud, cuya discusión se ha visto postergada, se hunde, el Ejecutivo podría buscar nuevas opciones jurídicas para responder.
Al evento, además de periodistas, el Ejecutivo llevó en aviones de la Policía a influenciadores, varios de ellos con contratos en para hacerle propaganda a la Casa de Nariño. Ante el revuelo que esto causó, el representante a la Cámara Hernán Cadavid (Centro Democrático) le envió este miércoles un derecho de petición al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en el que le pidió que explique por qué se permitió el uso de la aeronave para tal fin. Es de anotar que el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que su cartera ejerce ese tipo de procesos en el marco de un convenio interadminstrativo.
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En todo caso, ese derecho de petición es solo una de las varias movidas jurídicas que se están moviendo de lado y lado para pedir explicaciones por uno u otro motivo. El punto de partida de esta estrategia fue la plenaria del 15 de mayo cuando, en menos de tres minutos, el Senado hundió la primera consulta con 49 votos en contra de su realización y 47 a favor. Desde el Pacto Histórico y otros aliados del petrismo anunciaron que no aceptarían ese resultado, aduciendo presuntas irregularidades.
Eso derivó en dos tutelas en la que exigen la protección de sus derechos. La primera fue radicada por el senador de la Alianza Verde –y exembajador en Nicaragua– León Fredy Muñoz, quien aseguró que hubo una “violación directa al derecho fundamental de participación política efectiva”. De acuerdo con el documento, “no basta con habilitar formalmente un mecanismo constitucional como la consulta popular si se impide de facto su realización mediante trampas procedimentales”.
La segunda tutela fue radicada por los senadores Martha Peralta (Pacto Histórico) y Fabián Díaz (Alianza Verde), en la que citaron una “omisión” para tramitar y resolver el recurso de apelación de la reforma laboral presentado por el senador verde, así como “la negativa a considerar la proposición de reapertura de la votación”.
De acuerdo con el escrito, se constituiría “una vulneración directa y grave de los derechos fundamentales al debido proceso, a la participación política y a la igualdad, configurando una vía de hecho parlamentaria que habilita la intervención del juez constitucional para restablecer el orden jurídico y garantizar la supremacía de la Constitución”.
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Y no es la única movida referente a esa sesión, cuyas consecuencias aún no se han aplacado. También desde la bancada del Pacto han insistido en que se debería reabrir la votación. El Espectador pudo confirmar que en la plenaria del Senado de este miércoles –que no se hizo por la discusión en la Comisión Cuarta para definir la ponencia de la reforma laboral– dejarían varias constancias sobre el tema. Lo mismo ocurrió el martes, lo que demoró por más de tres horas el inicio formal de la sesión en la que fue elegido Héctor Carvajal, abogado personal de Petro, como magistrado de la Corte Constitucional.
La senadora y precandidata en ciernes María José Pizarro, incluso, presentó una solicitud de revisión de la apelación que presentó durante esa sesión: “He preparado otras acciones jurídicas para proteger los derechos parlamentarios y del pueblo que nos eligió ante semejante falta de garantías en el Congreso”.
En ese contexto de reclamos y recursos, el propio Gobierno ha buscado capitalizar la situación. El ministro Benedetti aseguró que, a juicio del Ejecutivo, el Congreso no se ha pronunciado sobre la consulta popular. Se trata de un “giro lingüístico” con el que aseguró que el secretario del Senado, Diego González, no leyó lo que se votaría, por lo que se invalidaría la votación 49-47 con la que la Casa de Nariño fue derrotada.
Incluso, eso fue usado de base para jurídica para la presentación de una nueva consulta, aún cuando 12 de las 16 preguntas ya fueron objeto de discusión legislativa.
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El propio presidente se refirió al tema afirmando, desde su cuenta en X, que “Efraín Cepeda (presidente del Senado) ha cometido un posible delito y la Corte Suprema debe investigar. Los indicios muestran que hay presumiblemente un fraude, ya la justicia lo dirá”.
Pero este argumento no lo retomó la oposición. El representante uribista Andrés Forero radicó una denuncia penal contra el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Su argumento es que este se extralimitó en sus funciones como presidente encargado, mientras Petro realizó su periplo por China e Italia. El argumento que esgrimió es que en los decretos en los que se le delegaron funciones a Jaramillo no se mencionó el artículo 104 de la Constitución que dictamina cómo el jefe de Estado puede consultar “al pueblo sobre decisiones de trascendencia nacional”.
A esta denuncia y la queja que presentó Cadavid ante la Procuraduría por el viaje de los influenciadores a Barranquilla, se suma otra arista. Por la renuncia de la saliente ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien alegó que recibió presiones indebidas por parte del ministro Benedetti y de la directora del Dapre, Angie Rodríguez, para contratar personas, el representante del Centro Democrático Jhon Jairo Berrío citó a los dos funcionarios señalados por la ministra a un debate de moción de censura en la Cámara.
A esto se suma, tal y como lo ha contado El Espectador, que los recursos no llegan solo a estrados del país, sino a instancias internacionales. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 24 % de solicitudes de medidas cautelares que han llegado son de origen colombiano. Tanto la oposición como el oficialismo han acudido a este órgano adscrito a la OEA, asegurando que unos y otros vulnerarían sus derechos políticos. Así lo manifestó un grupo de senadores -liderados por el presidente del Senado- en marzo de este año. Pero también lo ha hecho el Pacto Histórico como cuando, en 2024, el representante Alejandro Toro “una persecución de la Procuraduría (en ese momento liderada por Margarita Cabello) y algunas cortes a personas que pueden ser candidatos a la presidencia”.
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Y en medio de estos choques llegó la carta del expresidente César Gaviria en la que dijo que “Señor presidente, si insiste en imponernos una Constitución paralela a la de 1991, nos veremos en la obligación de desconocer su autoridad”.
Así las cosas, en la pelea cada vez más profunda, tendrá que terciar la rama judicial. Una rama que también está próxima a manifestarse en asuntos claves, como es el caso de la Corte Constitucional, que debe resolver las más de 140 demandas presentadas contra la reforma pensional, el único de los proyectos reformistas del progresismo que superó el examen del Congreso.
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