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El presidente Gustavo Petro rechazó la decisión del Consejo de Estado, que este miércoles frenó el decreto con el que buscaba convocar a una consulta popular sin el visto bueno del Senado. En una publicación en su cuenta de X, el mandatario aseguró que la medida afecta sus derechos constitucionales como presidente.
“Acato esa decisión, pero no la comparto, dado que repetitivamente al presidente se le quita su poder constitucional y al pueblo sus derechos convencionales como elector”, escribió en su trino de este jueves.
Como presidente de la República solicité previamente a la Sección Quinta del Consejo de Estado:
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 19, 2025
1. La Corte Constitucional es el Juez Natural para estudiar de manera exclusiva la constitucionalidad del Decreto 0639.
2. Que se resolviera en Sala Plena, pues ni más ni menos, se… https://t.co/zXBrzAeP9Z
“Como presidente de la República solicité previamente a la Sección Quinta del Consejo de Estado (...) que se resolviera en Sala Plena, pues, ni más ni menos, se trata de una convocatoria al soberano popular”, escribió Petro, quien consideró que su solicitud fue ignorada.
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Explicó: “Resulta que se decidió frenar el trámite con medida cautelar, sin discusión de los argumentos del presidente. Considero que así se vulneran mis derechos constitucionales surgidos del voto popular mayoritario”.
Petro también argumentó que la demanda, que fue presentada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, tuvo más peso que sus propios argumentos, que, según él, ni siquiera fueron discutidos.
Aunque dijo acatar la decisión “como demócrata”, Petro expresó que se siente “irrespetado” y anunció que interpondrá los recursos legales que le correspondan.
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La suspensión del decreto generó múltiples reacciones en el Congreso, especialmente entre sectores de oposición que desde un inicio advirtieron que el Ejecutivo no podía convocar una consulta popular sin el aval de la plenaria del Senado.
El miércoles, Petro insistió en que la Corte Constitucional es la instancia que debe determinar la validez del decreto y advirtió que la discusión ahora, más que jurídica, es política: “El Congreso tiene su última palabra”, dijo, refiriéndose al trámite pendiente de la reforma laboral, cuya suerte se definirá este viernes cuando se vote el texto conciliado en el Legislativo.
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