Petro en 100 días: la Paz Total, prioridad gubernamental

Alfonso Prada, ministro del Interior, estuvo presente durante todo el trámite de la reforma a la ley de orden público.

Foto: Ministerio del Interior

El 3 de noviembre la plenaria del Senado aprobó el informe de conciliación del proyecto de ley número 181 de 2022 Senado, 160 de 2022 Cámara. Con esto, se modifica la ley 418 de 1997 y le da facultades al gobierno para iniciar los necesarios caminos de negociación que permitan alcanzar la Paz Total.

De acuerdo con el texto, “la política de paz es una política de Estado. Será prioritaria y transversal en los asuntos de Estado, participativa, amplia, incluyente e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y sometimiento a la justicia.

Los instrumentos de la paz total tendrán como finalidad prevalente el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; estándares que eviten la impunidad y garanticen en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.

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El Gobierno Nacional podrá adelantar diálogos de carácter político en los que se pacten acuerdos de paz con grupos armados organizados al margen de la ley, que tengan un mando responsable y control territorial que les permita hacer operaciones militares sostenidas y concertadas.

Por otra parte, el Gobierno podrá entrar en diálogos orientados al sometimiento a la justicia con estructuras armadas organizadas de alto impacto. Las disidencias o grupos armados post FARC podrán entrar en esta categoría, siempre y cuando pacten acuerdos que contribuyan a su desmantelamiento.

Categorías de grupos con los que se puede entrar en diálogo:

GAO. Grupo Armado Organizado al margen de la ley

• Tiene una dirección bajo un mando responsable.

• Ejerce control territorial.

• Puede realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.

Estructura armada organizadas de crimen de alto impacto

• Organizadas en una estructura jerárquica y/o red.

• Dedicación a la ejecución permanente o continua de conductas punibles como las tipificadas en la convención de Palermo, enmarcadas en patrones similares, incluyendo el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen y cumplan funciones en una o más economías ilícitas.

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Principales retos y preguntas en los 100 días de la Paz Total

Reto #1. La continuidad del esfuerzo de paz

Una de las dudas que más se repitió en los debates sobre la ley 418 fue el qué pasará con las agencias encargadas de la implementación del Acuerdo Final de Paz con las FARC y con el esfuerzo para el diseño de los planes posteriores, y cómo evitar el solapamiento con los posteriores proyectos y planes de los acuerdos que surjan. Por una parte, en el informe de conciliación quedó explícito que se incluirán en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en planes de desarrollo locales, partidas presupuestales. También se señaló que se continuará con el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan Marco de Implementación.

Los diferentes Planes de Acción para la transformación Rural (PATR), los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), los Planes Nacionales Sectoriales (PNS), los Planes Integrales de Reparación Colectiva y los Planes de Retorno y Reubicación, continuarán, al igual que las instancias para la implementación de la paz creadas por el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, pero el Gobierno reglamentará la materia, lo que sugiere que pueden venir reformas importantes en la arquitectura de la paz.

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Reto #2. Del dicho al hecho: los cuellos de botella

En los primeros 100 días de gobierno, la investigación de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares encontró que la ley tuvo varios ajustes alrededor de puntos polémicos, como el que permite que las organizaciones criminales conserven el derecho de dominio sobre algunos de sus bienes siempre y cuando su valor comercial no supere el 10% del total de los bienes que poseen, punto que puede llegar a ser un claro cuello de botella, en tanto las organizaciones criminales no tienen necesariamente bienes colectivos, sino acumulaciones de individuos o mandos que pueden estallar en nuevas disputas.

Uno de los posibles cuellos de botella en torno a este tema está relacionado con la vinculación o no a esta ruta de sometimiento a la justicia de los grupos armados post Farc (GAPF), también conocidos como disidencias. La característica de las diferentes violencias organizadas en Colombia hace difícil que un grupo pueda ser clasificado únicamente en función de su intención de origen (rebelde o no) o por la ilegalidad o no de sus actividades. Hoy, incluso las guerrillas obtienen rentas de negocios ilegales para mantener su tropa y ninguno de los grupos disidentes depende de una unidad central de mando, como lo fue en el caso de la guerrilla de las FARC hasta su desmovilización.

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Ninguna de las experiencias previas de sometimiento a la justicia, ni tampoco los procesos de paz anteriores en Colombia, han logrado evitar que nuevas violencias organizadas se conformen. Esto fue claro en grupos que se conformaron después de procesos de desmovilización o sometimiento, como el Clan del Golfo o AGC en el caso de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, lo que expuso las grietas de Justicia y Paz. Entre los vacíos de experiencias anteriores están las limitadas garantías judiciales hacia las víctimas y la incapacidad de los distintos gobiernos para adelantarse a la rápida recomposición de la violencia organizada.

Por otra parte, tanto la implementación del Acuerdo Final como la Paz Total representan una gran parte de la expectativa de la población votante del presidente Petro, pero si no se obtienen victorias tempranas es difícil garantizar la participación de la población y la sociedad civil, que conserva la frustración de los proyectos no cumplidos con el Acuerdo Final de Paz del Colón. Asimismo, la sensación de fracaso y la cantidad de asesinatos de población reincorporada actúan como disuasión de la militancia de rango bajo y medio que podría entrar tanto en los procesos de diálogo político como de sometimiento.

Finalmente, el país requerirá la intervención de la Política de Seguridad y Defensa para hacerle frente a aquellos grupos que no quieran participar de la Paz Total, sobre esto, el ministro Iván Velásquez ha manifestado que las Fuerzas Militares no tendrán un rol débil durante los avances que se tengan en la misma.