El posible nombramiento como embajador en Tailandia de Daniel Mendoza, abogado y creador de la controversial serie Matarife, desató una tormenta política. Las alarmas están sonando en todos los sectores, al punto de que el canciller Luis Gilberto Murillo, quien este mismo jueves firmó un memorándum de colaboración en Política Exterior Feminista con su homólogo chileno, Alberto van Klaveren, recibió una carta firmada por más de 100 líderes rechazando esa designación e incluso podría enfrentarse a un debate de moción de censura. Si la decisión, defendida en múltiples ocasiones por el presidente Gustavo Petro, se concreta tras el beneplácito del Ministerio de Exteriores tailandés, solo quedaría una embajada acéfala: Singapur. Sin embargo, el porcentaje de misiones diplomáticas lideradas por embajadores de carrera seguiría estancado y por debajo del 28%, mientras la lista de nombramientos cuestionados continuaría creciendo.
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La controversia no se limita al incumplimiento de la promesa presidencial de asignar al menos el 50% de las sedes a funcionarios de carrera, sino a las acusaciones contra Mendoza por presuntas declaraciones violentas y misóginas contra mujeres y niñas, una sombra que ha movilizado a colectivos feministas, la Defensoría, sindicatos de la misma Cancillería y miembros del Pacto Histórico a levantar su voz contra esta decisión. Además, como paso siguiente a lo ya hecho en Chile, la próxima semana se presentará la Política Exterior Feminista en Chocó, lo cual, como aseguró Unidiplo, “desde ya se ve opacado por este nombramiento”.
La avalancha de críticas se desencadenó en un contexto en el que tanto el presidente como su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, han confirmado que se avecina el cuarto remezón ministerial del “gobierno del cambio”. Este jueves, desde Barranquilla, Petro no solo aprovechó para lanzar dardos contra opositores como el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, el alcalde Alejandro Char y los congresistas que hundieron la ley de financiamiento, sino que también defendió su posición afirmando que no es “Pinochet ni Uribe” para censurar a Mendoza, sino un “emancipador”. Además, aprovechó la ocasión para reforzar su llamado a la movilización en las calles.
La propuesta de moción de censura contra el ministro de Relaciones Exteriores cuenta con más de 20 firmas de congresistas independientes y de oposición. Por su parte, la carta acumula más de 100 adhesiones, entre ellas las de la excanciller María Ángela Holguín, periodistas y legisladores. Ambos documentos fundamentan sus argumentos en una minería de trinos que Mendoza publicó hace más de 10 años y que incluyen fotos sugerentes de sí mismo.
Aunque el abogado argumenta que las frases que harían apología a la violencia de género son parte de su novela El diablo es dios, esto no ha sido comprobado. “Algo me dice que —incluso eso— es puro cuento”, dijo la representante Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), quien firmó la proposición de llamar a Murillo a debate. El canciller también está bajo la presión de misivas enviadas por partidos como el Centro Democrático que exigen frenar la designación. Matarife, obra de Mendoza, recoge una serie de acusaciones en contra del expresidente Álvaro Uribe y sus presuntos vínculos con grupos ilegales y fue desvirtuada en gran parte por la Corte Constitucional.
Aunque Petro ha dicho que, como “demócrata radical y libertario” no va a censurar a alguien por vivir su sexualidad de manera consensuada ni escribir libros “con contenidos fuertes”, las alarmas se encienden por el impacto que este nombramiento podría tener en las relaciones diplomáticas. Tailandia, un aliado estratégico en el Sudeste Asiático, firmó hace menos de dos meses el Programa Bilateral de Cooperación Sur-Sur (CSS) 2025-2027 con Colombia. De acuerdo con las cifras de Diplomacia Abierta, en Tailandia solo ha habido dos embajadores colombianos: Andelfo José García, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que no era de carrera diplomática; y Ana María Prieto, durante la administración de Iván Duque, quien sí era de carrera. El tercero sería Mendoza.
Las últimas embajadas en tener una cabeza en propiedad durante el gobierno de Petro fueron en Asia. Hasta hace un poco más de un mes se nombró a Camila María Polo, diplomática de carrera, en Vietnam; y en octubre, quedó Gustavo Makanaky, también de carrera, como jefe de misión en Japón. En general, durante esta administración, de los 66 embajadores jefes de misión nombrados, solo 19 son diplomáticos de carrera, lo que equivale a cerca del 28 %. Aunque este porcentaje cumple con el mínimo legal del 20 %, queda muy lejos de la promesa de campaña de elevarlo al 50 %.
Sin embargo, las embajadas parecen haberse convertido en un recurso estratégico para ubicar a exfuncionarios que salen del gabinete de Petro. Hace poco más de 10 días, el gobierno solicitó el beneplácito del Reino de Dinamarca para nombrar a Catalina Velasco, exministra de Vivienda, como nueva embajadora de Colombia en ese país. Su designación generó malestar en el sector diplomático, ya que reemplazará a Javier Darío Higuera, un funcionario de carrera que apenas estuvo tres meses en el cargo.
La lista de exjefes de cartera reciclados como diplomáticos es larga: Alfonso Prada, exministro del Interior, fue nombrado en Francia; Irene Vélez, exministra de Minas, ocupa ahora el consulado en Reino Unido; Guillermo Reyes, exministro de Transporte, lidera la delegación en Suecia; Camilo Iguarán salió del viceministerio de Deporte para ser cónsul en Santo Domingo pese a denuncias por presunta corrupción en La Guajira. Además, Roy Barreras, expresidente del Senado, es ahora embajador ante Reino Unido, mientras que Armando Benedetti, tras dirigir las embajadas de Venezuela y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), volvió al país para trabajar directamente en la Casa de Nariño junto al presidente Petro y Laura Sarabia, directora del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República).
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Durante el actual gobierno también ha habido, además de Mendoza, una serie de embajadores fuertemente criticados: más de 50 nombramientos han cuestionado los sindicatos de la Cancillería. Apenas un mes antes de asumir el consulado en Reino Unido, a Vélez, por ejemplo, la Procuraduría le profirió un pliego de cargos por presunto uso indebido de su influencia como ministra para facilitar que sus hijos viajaran al exterior sin la autorización requerida. Benedetti dejó el cargo de embajador en medio de denuncias de violencia de género presentadas por su esposa, Adelina Guerrero, quien ahora asegura que no fue agredida, así como irregularidades durante su salida de la embajada venezolana.
Además, hace dos meses, el canciller retiró a Moisés Ninco como embajador en México tras una batalla legal por inconsistencias en su nombramiento. Esta semana también el Consejo de Estado anuló el nombramiento provisional de Juan Pablo Castro como consejero en la Embajada de Colombia en Francia. En el caso de Andrés Hernández, cónsul en ese mismo país, salieron a la luz acusaciones de presunta estafa y manejo irregular de dinero, mientras que el nombramiento de Sebastián Guanumen como embajador en Chile también levantó críticas por su vinculación a polémicas declaraciones durante la campaña presidencial de Petro e incluso, según políticos chilenos, por “apoyar expresiones violentas” en ese país.
Otros nombramientos políticos incluyen el de Fabio Alejandro Mariño, excombatiente del M-19 conocido como ‘Hipólito’, quien fue designado embajador en Panamá, y el de Daniel Ernesto Prado, abogado que defendió a Petro cuando fue alcalde de Bogotá y que ahora lidera la embajada en Bélgica. A pesar de las críticas, esta práctica no es exclusiva de la actual administración: 26 de las 70 misiones diplomáticas colombianas en el exterior nunca han tenido un embajador de carrera.
Más allá de la polémica en torno a Mendoza y su posible aterrizaje en Tailandia, el caso refleja un desafío persistente para el gobierno en el tiempo que le queda en el poder: equilibrar la legitimidad de los nombramientos con los compromisos de campaña, en un contexto donde las críticas internas y externas siguen escalando y en el que se espera que varios de sus ministros, incluyendo al mismo canciller Murillo, abandonen el gabinete para perseguir sus propias aspiraciones electorales de cara a 2026.
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