Petro mide sus fuerzas con el Congreso buscando mayorías para el presupuesto 2025

Pasaron cinco días antes de que el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, le enviara a las comisiones económicas la que se constituye como la primera gran apuesta del presidente Gustavo Petro en la segunda mitad de su administración: el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025. Con esto ya puede comenzar el primer pulso político de la Casa de Nariño en la nueva legislatura, el cual tiene que resolverse antes del 20 de octubre, día en el que el articulado tiene que quedar aprobado y listo para sanción presidencial.

Desde este lunes, el Legislativo tiene 76 días para aprobar el proyecto que presentó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por $523 billones de pesos. Sin embargo, el tránsito del presupuesto en el Capitolio enfrenta varios retos, entre ellos el hecho de que varios congresistas le han pedido a Bonilla, principal defensor del articulado, que renuncie tras ser mencionado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Pero el gobierno no solo debe lograr que los congresistas vean en el jefe de la cartera de Hacienda un interlocutor válido. Su articulado, que llegó sin mensaje de urgencia, debe transitar por las comisiones económicas, que sesionarán de manera conjunta en ambas corporaciones y en cuyas presidencias el primer mandatario tiene tanto aliados como contradictores. Por disposición constitucional, el presupuesto es radicado en la Cámara, desde donde se coordina el proceso de convocatoria.

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En la Cámara, la Comisión Tercera está presidida por Kelyn Johana González, una liberal aliada del petrismo. Además de González, hay otros siete liberales, diez representantes de partidos independientes y seis congresistas de la oposición. Petro cuenta con solo cuatro votos seguros de la coalición de gobierno. En esta comisión se encuentra también la representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, quien perdió la presidencia de la Cámara ante Jaime Raúl Salamanca, su copartidario y candidato del gobierno, el pasado 20 de julio.

A juicio de Miranda, el Congreso debería regresarle el presupuesto al Ministerio de Hacienda para que la cartera le haga ajustes, una alternativa que es viable hasta el próximo 15 de agosto. “Este presupuesto está desfinanciado y es insostenible”, le dijo a El Espectador la representante, quien propone que el monto sea máximo de 481 billones de pesos. Como otros congresistas, ha criticado el desfinanciamiento de carteras clave como la reducción del 4% en la inversión de la educación y la reducción del 28% en Ciencia, Tecnología e Innovación. Otros recortes están en los sectores de agricultura, vivienda e infraestructura, y minas y energía.

En la Comisión Tercera del Senado, el nuevo presidente es Juan Pablo Gallo, un congresista liberal que también fue mencionado en el caso de la Ungrd, acusaciones que él ha negado. En esta comisión, el Pacto Histórico tiene una silla, al igual que Comunes y ASI (Alianza Social Independiente), con una cada uno. Por otro lado, hay cuatro senadores de Cambio Radical y el Centro Democrático. Todos los demás pertenecen a partidos independientes.

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A la liberal Karina Espinosa, quien buscó sin éxito quedarse con la primera vicepresidencia del Senado durante esta legislatura, señaló que le preocupa el aumento de los gastos de funcionamiento y el recorte los gastos de inversión. Otros congresistas de la comisión, como Efraín Cepeda, conservador y presidente del Congreso, comparten esta opinión.

En la Comisión Cuarta del Senado hay ocho senadores independientes, cuatro opositores al gobierno de Petro y dos miembros del Pacto Histórico, incluido Wilson Arias, quien podría perder su curul debido a una demanda del Centro Democrático por presuntamente haber violado el régimen de conflicto de intereses durante la discusión de la reforma a la salud en la legislatura pasada.

Esta comisión la preside la senadora verde Angélica Lozano, quien reconoce que el reto está en lograr evitar un presupuesto que luego deba ser recortado, como sucedió con el de 2024. En Cámara, la Comisión Cuarta está a cargo de José Eliécer López, del Partido de la U. Como en las demás, en esta priman los senadores en independencia. Además, los de la oposición son más del doble del oficialismo: ocho contra tres.

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Pero además de las críticas que desde ya recibe el gobierno Petro por los montos estipulados para inversión y funcionamiento, y de sortear las negociaciones con las entidades territoriales que buscan aumentar sus rubros, el ministerio de Hacienda deberá preparar y radicar una ley de financiamiento por $12 billones, una suerte de reforma tributaria que ayude a financiar el presupuesto, una idea de que, desde ya, ha calado mal en varios sectores del espectro político.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, afirmó que lo primero que hará será presentar una proposición para que se eliminen esos 12 billones de pesos del monto total del presupuesto. “Si se llegara a aprobar algún tipo de reforma, luego se hace un presupuesto adicional”, explicó el conservador.

Como él, varios congresistas recuerdan el hueco fiscal que quedó luego de que en el presupuesto de 2024 se incluyeran $15 billones que supuestamente vendrían de litigios que debía ganar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y que no llegaron. “No me parece responsable que valoremos los 12 billones porque el Congreso lo que siente es que estaríamos aprobando la reforma tributaria sin conocerla”, ahondó Cepeda.

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Por el contrario, Wilson Arias opinó que es “muy viable” que el Senado apruebe este proyecto de ley, que hasta el momento no se ha presentado. “Tendremos que dar una batalla ideológica y de economía política para garantizar que los tributos más importantes y progresivos sean aprobados para reducir los niveles de desigualdad y generar mayores niveles de crecimiento económico”, aseguró el senador del Pacto.

Tanto el presupuesto como la ley de financiamiento podrían enfrentar un panorama complicado en la corporación presidida por Cepeda, donde los números no son tan claros como en la otra cámara. Senadores como Carlos Meisel (Comisión VI) y Miguel Uribe (Comisión III), del Centro Democrático, han expresado fuertes objeciones. Meisel afirmó que, con $20 billones adicionales, el proyecto de 2025 parece “más mentiroso” que el de 2024; mientras que Uribe coincidió en que “el gobierno está gastando más de lo que tiene” y que el presupuesto se está agotando en burocracia, con entidades como el Ministerio de la Igualdad, que acaba de cumplir un año desde su creación.

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Sin embargo, Petro cuenta con las mayorías en la Cámara de Representantes, como se evidenció el pasado 20 de julio con la elección de Jaime Raúl Salamanca, de la Alianza Verde, como presidente. María del Mar Pizarro, representante del Pacto Histórico, afirmó que espera que el articulado “pase sin problema” y subrayó la necesidad de “buscar acuerdos” con las otras colectividades.

Hasta el momento, el ministro Bonilla no ha iniciado la socialización del presupuesto, y no fue sino hasta este lunes que las comisiones económicas de la Cámara recibieron el proyecto. Ahora, junto con las del Senado, deberán decidir si regresan o no el articulado al gobierno de Petro y, antes del 15 de septiembre, definir el monto total para 2025. Algunos miembros del Pacto Histórico han indicado que el proyecto sufrirá una serie de ajustes durante su trámite en el Capitolio, como es habitual con esta ley, aunque, en última instancia, podría aprobarse por decreto presidencial.

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