La novela que permeó la elaboración de pasaportes en Colombia y que tiene capítulos en Portugal, en estrados judiciales y duras acusaciones de presunta corrupción que se hacen incluso dentro del mismo Gobierno, terminó por confirmar una pelea más dentro del gabinete del presidente Gustavo Petro y cuyo desenlace podría derivar en ajustes en el equipo de trabajo que acompañará al jefe de Estado durante el epílogo de su administración.
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Los protagonistas ahora son el jefe de Despacho de Presidencia, Alfredo Saade, y la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, quienes tienen posturas muy distintas sobre cómo debe avanzarse en el proceso de producción de esos documentos de identidad, el cual podría requerir para los próximos 10 años una destinación de recursos por más de $3,2 billones.
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El lío de fondo es que el presidente Petro no quiere que la firma Thomas Greg & Sons continúe al frente de estos trámites, tarea que lleva más de una década liderando, acusándola de supuestamente tener intereses ocultos con el manejo de la información de los ciudadanos colombianos y de presuntos actos de corrupción para quedarse con algunas de las licitaciones que ha ganado; el mandatario la quiere fuera del tema de pasaportes y de la logística de las elecciones de 2026, para la que se abrió un contrato por $2 billones que está a punto de adjudicar la Registraduría.
Saade, quien a penas va a cumplir su primera semana en el Gobierno, dijo que la instrucción del mandatario debe cumplirse a cabalidad y que sí hay cómo hacerlo sin afectar la elaboración de estas tarjetas a partir del 1 de septiembre, cuando vence el actual contrato. Y Sarabia, por su parte, afirmó hace unos días que se requiere una segunda urgencia manifiesta de 11 meses para que Thomas siga con el proceso y en ese lapso se mire si el sector público colombiano –vía Imprenta Nacional– puede o no asumirlo.
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El Espectador confirmó que los dos han hablado en las ultimas 24 horas con el presidente Petro para defender sus posturas antagónicas y que, en ese sentido, se alistan reuniones presenciales con ambos –aún no es claro si serán al tiempo o por separado– para determinar a quién se le da el respaldo oficialista. Las citas serían, incluso, este mismo 3 de julio que el mandatario retoma oficialmente su agenda tras el más reciente periplo que hizo por Francia y España.
Desde el entorno de Petro aseguraron que su postura se inclina más hacia Saade y que por eso fue que el pasado 24 de junio, en un consejo de ministros televisado, advirtió que no quería más a Thomas en asuntos públicos por presunta corrupción y que su continuidad en la elaboración de pasaportes podría estar viciada. Justo ese mismo martes, más temprano, Sarabia habló de la nueva urgencia manifiesta y la imposibilidad de la Imprenta de entrar de lleno, por lo que al menos en este asunto habría perdido ya el apoyo del mandatario.
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“La Cancillería, en lugar de estructurar una solución alternativa, vuelve a presentar como solución otra urgencia”, dijo Saade este miércoles desde la Casa de Nariño. Y agregó que eso demuestra que, a su juicio, la actual ministra de Exteriores quiere “perpetuar la contratación”.
Además, confirmó que si bien la extensión de la participación de Thomas se frenaría por instrucciones presidenciales, lo que sí se mantendría es la suscripción del acuerdo entre la Imprenta y Portugal para comenzar a alistar al país en esta materia; de ahí es donde sale la cifra de $3,2 billones que se estima son necesarios para los 10 años que duraría este convenio.
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“Tal como lo ha instruido el presidente Petro, el nuevo modelo de expedición de pasaportes representa un fortalecimiento del Estado colombiano, y en esa dirección seguimos trabajando. A partir del 1° de septiembre, sin ninguna afectación en el servicio, se implementará una nueva etapa transitoria en la que la gobernanza de los datos pasará a estar bajo control de la Cancillería mientras la Imprenta consolida sus capacidades para asumir esta nueva responsabilidad”, dijo Sarabia en su momento.
Cuando reporteros de este diario indagaron si estas diferencias entre la Canciller y el jefe de Despacho tenían hilos más antiguos y diferentes a cómo cumplir una instrucción presidencial, que en todo caso ha derivado en demandas contra el Estado, expedientes en la Fiscalía y la inhabilidad del excanciller Álvaro Leyva –ahora involucrado en otro escándalo por las grabaciones en las que se le oye hablar de un posible intento de sacar a Petro de la Casa de Nariño–, encontró información que apunta a varios frentes.
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Por un lado, personas actualmente vinculadas al Ejecutivo hablaron de ciertos roces por la forma en que se gestionaba el diálogo del mandatario con sectores del propio Gobierno y de militantes de la izquierda que no tienen contrato público; además, aunque hubo diferencias desde la campaña, en 2022, por cómo darle viabilidad a toda la agenda proselitista, el diálogo entre los ahora funcionarios fluyó por cauces normales.
Pero ahora que el jefe de Estado le dio a Saade la facultad de coordinar las agendas de trabajo de los ministros y de hacer seguimientos a cómo se dan los avances de sus metas, tarea por la que lleva ya 72 horas llamando uno a uno –y en algunos casos reuniéndose– con los integrantes del gabinete, las cosas han tomado un matiz distinto.
El funcionario que aún se identifica como “pastor” y que tiene una larga estela de polémicas que van desde propuestas abiertamente inconstitucionales hasta la militancia previa en partidos de derecha, hizo saber que está “cumpliendo órdenes” del presidente y que ese es el motivo que lo llevó a revisar cómo se estaba desarrollando de fondo el asunto de los pasaportes.
Y aunque Saade dijo que le informó a Sarabia sobre el paso público que iba a dar, desde el Palacio de San Carlos advirtieron que eso tiene matices y que eso es parte de los motivos por los que se está buscando el diálogo directo con el jefe de Estado. En el interregno, para darle más fortaleza a la Imprenta, se alista desde el Ministerio del Interior un decreto para que todos los asuntos de impresión y desarrollos comunicativos se contraten entre el sector público y esa entidad.
De acuerdo con el borrador de ese documento, conocido en su integridad por este diario, las entidades públicas del orden nacional “deben contratar con la Imprenta Nacional de Colombia los servicios relacionados con la producción, personalización, distribución, impresión, edición, divulgación y comercialización, de documentos oficiales, normas y publicaciones, impresos y demás necesidades de comunicación gráfica, en su calidad de garante de la seguridad jurídica”. Una duda es si esto, más allá de documentos de identidad y necesidades del sector, también tendría injerencia en la elaboración de material electoral hacia futuro.
Pero en todo caso la pelea pública quedó planteada y es un hecho que el desenlace agitará al propio gabinete, pues más allá de si hay o no ajustes –aunque es muy probable que los haya– se sabrá hacia qué sector palaciego se inclina el guiño presidencial. Y eso es clave, porque Sarabia viene de hacer las paces con el ministro del Interior, Armando Benedetti, pese a que mantienen diferencias en estrados judiciales; y así como el de ellos está el caso de la vicepresidenta Francia Márquez, quien se distanció del propio mandatario y terminó salpicada por el escándalo de los audios de Leyva contra Petro.
De hecho, quienes ahora le hablan al oído al mandatario son el ministro Benedetti, el jefe Saade, la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sumado al de Justicia, Eduardo Montealegre, con quienes viene fortaleciendo el relato de una posible intentona por sacarlo anticipadamente del poder. Eso, precisamente, se ha usado para darle una base a más movilizaciones callejeras que desemboquen en una constituyente; y por esa vía, según lo confirmó el propio mandatario en las últimas horas, plantear dudas sobre las “garantías” que deben dar la Registraduría y otras entidades oficiales en las elecciones de 2026, durante las cuales el mandatario quiere reelegir al progresismo.
Lo cierto es que hay expectativa por quién se quedará con el respaldo de Petro, si Saade o Sarabia, y dentro del gabinete aguardan una decisión en ese sentido porque, más allá del riesgo que hay en torno a la producción de pasaportes desde el próximo 1° de septiembre –cuando se vence la urgencia manifiesta actual con Thomas–, se verá si el jefe de Estado aún admite gente en su entorno que tenga capacidad de autocrítica o prefiere alfiles que sin “peros” ejecuten sus directrices.
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