En una semana marcada por los choques entre el presidente Gustavo Petro y el presidente del Congreso, Efraín Cepeda —quien sancionó dos leyes a pesar de las objeciones del Ejecutivo—, el propio jefe de Estado también firmó otros articulados relevantes para la agenda política. Entre ellos, está uno que reviste especial carga simbólica: la ley que le rinde homenaje a las 10 sufragistas que, hace 71 años, lograron que el voto femenino en el país fuera una realidad. Entre esculturas, guías pedagógicas e incluso un día dedicado a su memoria, la norma trata de resaltar el rol que jugaron estas figuras en la conquista de los derechos políticos de las mujeres.
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Aunque se trata de un reconocimiento histórico, la firma ocurre en medio de un ambiente electoral que no escapa a las tensiones de género presentes en distintos partidos. Un ejemplo de ello es la misma colectividad del presidente. El Pacto Histórico, que busca consolidarse como partido único, le comunicó recientemente al Consejo Nacional Electoral (CNE) que sus listas serán paritarias y con sistema cremallera —es decir, alternando posiciones entre mujeres y hombres para garantizar la equidad—, pero dentro de la coalición persisten resistencias a adoptar mecanismos que fortalezcan las candidaturas femeninas.
Si bien el propio presidente ha dicho que las listas cremallera deben ser el camino y esta nueva ley podría ser un guiño que refuerce este mensaje, ya hay congresistas que estarían viendo esta fórmula como una amenaza, argumentando que algunas legisladoras son hoy más fuertes políticamente que ellos y podrían terminar desplazándolos.
Del otro lado, varias congresistas del Pacto —que actualmente cuenta con 47 curules—, consideran que buscan defender este método. Lo que sí parece generar consenso es que la cabeza de lista al Senado quedaría en manos de una mujer: suenan los nombres de la senadora María José Pizarro y de la exministra de Ambiente Susana Muhamad, salvo que finalmente decidan lanzarse a la Presidencia.
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En específico, el texto reconoce a Lucila Rubio, Bertha Hernández, Ofelia Uribe, Rosita Turizo, Mercedes Abadía, María Currea, Margarita Córdoba de Solórzano y María Teresa Arizabaleta, Josefina Valencia, Esmeralda Arboleda. Estas dos últimas mujeres fueron quienes, desde dos orillas opuestas —Valencia por el Partido Conservador y Arboleda por el Partido Liberal—, hablaron al interior del Capitolio el 25 de agosto de 1954, día en que se aprobó el voto femenino. Aunque solo sería hasta 1957 que las mujeres saldrían a las urnas a estrenar ese derecho.
La nueva ley (2463 de 2025) no solo reafirma elementos de una norma del año pasado (Ley 2412 de 2024), sino que introduce medidas adicionales: ordena la construcción diez bustos y diez pinturas, una placa por ciudad natal de cada una y un mural en el Congreso. Por ejemplo, Lucila Rubio, fundadora y presidenta de la Unión Femenina de Colombia en 1944, quien lideró a 500 mujeres para presentarle firmas al presidente Alfonso López Pumarejo en demanda de sus derechos políticos, tendrá su placa en Facatativá.
Todos estos elementos deberán ser elaborados por mujeres artistas, según específica la ley que firmaron Petro y los ministros Armando Benedetti (Interior), Germán Ávila (Hacienda), Yannai Kadamani Fonrodona (Culturas) y Carlos Rosero (Igualdad). También autoriza al Ministerio de las Culturas, la Biblioteca Nacional y el Archivo General para recopilar y publicar las obras, discursos y biografías de las sufragistas, y al Banco de la República para emitir una moneda conmemorativa.
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Se contempla, además, la creación de un espacio radial semanal titulado La hora de las mujeres, un libro oficial sobre su vida y obra, la entrega de diez becas para mujeres, y la incorporación voluntaria de contenidos sobre la historia del sufragio femenino en los currículos escolares.
Con estos nuevos elementos, el homenaje comienza a trascender el gesto simbólico y se empieza a consolidar como una política pública de memoria, educación y participación en clave de igualdad. Sin embargo, la sanción de esta ley ocurre en un contexto en el que Colombia aún tiene varios pendientes en materia de representación femenina, incluso dentro del mismo gobierno de Gustavo Petro.
Un ejemplo reciente es la demanda presentada ante el Consejo de Estado contra el nombramiento de Luis Eduardo Montealegre como ministro de Justicia, al considerar que su llegada implica una reducción en la participación de mujeres en el gabinete, en contravía de las leyes que exigen al menos un 50 % de representación femenina en los cargos del máximo nivel decisorio del Estado. Con el nuevo jefe de la cartera, son nueve los 19 ministerios que están encabezados por una mujer.
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Pero también las feministas le han cuestionado duramente la inclusión de algunos personajes en puestos de poder importantes, empezando por el jefe de la cartera política, Armando Benedetti, a quien la canciller Laura Sarabia denunció por violencia política contra la mujer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O el gerente de RTVC, Hollman Morris, a quien incluso han señalado de presunto acoso sexual. No obstante, ambos funcionarios han negado tajantemente esas acusaciones.
Aunque desde el Congreso se ha avanzado en la aprobación de normas como la Ley de Paridad, la aplicación de muchos temas aún es rocosa. Si bien no se logró una paridad plena, la norma establece que debe haber al menos una mujer en todas las listas. En varias regiones del país los partidos se han visto en dificultades para encontrar candidatas y cumplir con el nuevo requisito.
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Además, persisten obstáculos para consolidar liderazgos femeninos dentro de algunas estructuras partidistas. En el Partido Conservador, por ejemplo, si Efraín Cepeda, actual presidente del Congreso, decide lanzarse a la Presidencia, su salida del Senado podría dejar a Nadia Blel como una de las figuras más visibles del partido y cabeza de lista, pero sin el mismo arrastre interno, pues no todos los sectores de la colectividad la respaldan con fuerza.
Por ahora, la ley institucionaliza el 25 de agosto como día de conmemoración en las instituciones educativas públicas y en el Congreso, donde se realizarán actos culturales y académicos con participación de niñas y adolescentes. En esa fecha, el Ministerio del Interior deberá rendir un informe sobre los avances en políticas públicas para la participación de las mujeres.
Aunque se trata de un avance en materia de memoria y reconocimiento, el panorama general sigue teniendo rezagos importantes. Colombia ocupa el puesto 75 entre 186 países en porcentaje de mujeres en el Legislativo, con una participación del 30,1 %, y solo seis mujeres fueron elegidas como gobernadoras para el actual periodo. Así, la ley recién sancionada busca precisamente mantener viva la historia de quienes abrieron el camino, pero también pone en evidencia lo que aún falta para alcanzar una representación política realmente equitativa.
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Por Daniela Cristancho
