Visita de Indra a la Casa de Nariño escala la tensión por contratos electorales

Sobre las 4:00 de la tarde del 26 de noviembre de 2024, dos empresarios españoles y uno colombiano arribaron a la sede del poder Ejecutivo y se registraron en la recepción para participar en un encuentro hasta ahora desconocido por la opinión pública. Según las minutas de Palacio, a las que tuvo acceso El Espectador a través de mecanismos legales, los tres “ingresaron a la Casa de Nariño para reunión con el señor presidente Gustavo Petro”.

En menos de cuatro minutos, entre las 4:04 y las 4:08 de la tarde de ese día, los ejecutivos presentaron sus pasaportes y cédula e ingresaron al edificio. El primero en hacerlo fue José Fernando Quintero Vargas, el CEO de Indra para Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe. Luego entró Luis Abril Mazuelas, quien para entonces era director general de Minsait, la filial de la empresa que, entre otras cosas, se dedica a realizar procesos electorales. Y, por último, ingresó José Vicente de los Mozos, el CEO del conglomerado empresarial a nivel mundial.

Se trata de tres integrantes de la cúpula de una multinacional que por estos días ha estado en el debate nacional por cuenta de la polémica que rodea la contratación para las elecciones de 2026. Indra, que lleva más de 28 años en el país y tiene cerca de 5.000 empleados, es una gran contratista del Estado y una vieja conocida en los procesos electorales, pues ha participado –entre otras– en las territoriales de 2011, 2015, 2019 y 2023, las legislativas y presidenciales de 2014, 2018 y 2022, el plebiscito por la paz de 2016 y la consulta anticorrupción de 2018. En la mayoría de los casos, su papel ha sido desarrollar sistemas para consolidar y divulgar los resultados de las votaciones.

Además, fue la encargada de diseñar el tan mencionado software o “solución informática” para el escrutinio electoral, que por orden del Consejo de Estado fue comprado por la Registraduría y entregado al Consejo Nacional Electoral (CNE). Este sistema es la manzana de la discordia del debate sobre la transparencia electoral, ya que el presidente Gustavo Petro asegura que “desconfía” del proceso porque, entre otras razones, no se ha permitido auditar los algoritmos del software “para saber si es transparente o no”.

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En este contexto, la visita del 26 de noviembre genera varias preguntas sobre la posible relación entre la actual administración y una firma que muy seguramente volverá a competir para entrar en la operación de las elecciones. Además, no es la primera vez que Petro es relacionado con Indra, pues en las elecciones de 2022 varias figuras de la oposición denunciaron un supuesto encuentro en España entre el entonces candidato y directivos de la compañía. Finalmente, la noticia fue desmentida por ambas partes, ya que no existió ningún encuentro privado, sino un evento de empresarios en el que coincidieron.

Documentos y registros fotográficos de la Fundación Euroamérica dejan claro que en febrero de 2022 se organizó un “coloquio” entre el candidato y empresarios españoles, al que sí asistieron algunos delegados de Indra y, entre otros, Eduardo Ávila, hoy embajador de Colombia en España, y Xavier Vendrell, catalán nacionalizado por Petro y quien ha sido mencionado en escándalos como el de alias Papá Pitufo y el supuesto ingreso de dineros del contrabando a la campaña presidencial; señalamientos que él ha rechazado.

El Espectador consultó con representantes de Indra sobre la cita de noviembre y estos señalaron que sí existió una visita de los empresarios al palacio presidencial, pero negaron que se hubiera dado una conversación directa con Petro; dijeron que fue con su entonces consejero en temas empresariales, Juan Fernández. De acuerdo con esta versión, hablaron de la firma de acuerdos con la Armada Nacional y la Corporación de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de la industria Naval Marítima y Fluvial (Cotecmar) con el fin de convertir a Colombia en el principal centro “de despliegue de guerra electrónica y sistemas antidrón de Indra para Latinoamérica”.

“Fue una reunión estrictamente empresarial, centrada en divulgar los planes de desarrollo y refuerzo de las capacidades tecnológicas que Indra implementaría desde Colombia”, agregaron desde la empresa.

Fernández, al ser consultado por este diario, dijo que no tiene “conocimiento ni me constan reuniones del presidente con Indra” y que él sí recibió a los empresarios porque le pidieron una cita, pero que únicamente hablaron de los convenios mencionados y de “inversiones de empresas en Colombia”. Además, señaló que solo recibió a José Vicente de los Mozos y a José Fernando Quintero.

Ante la pregunta sobre la presencia de Luis Abril en la Casa de Nariño, el exasesor de Petro aseguró en un primer momento que no lo recordaba y luego, tras hacer algunas averiguaciones, ratificó que “ese señor no estuvo ni siquiera en Palacio”. Debido a la evidente inconsistencia entre estas versiones y la información oficial de la entidad, este medio también consultó a la excanciller Laura Sarabia, quien en ese momento era jefa de despacho de la Presidencia y encargada de la agenda del mandatario. Hasta el cierre de esta edición no había contestado.

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Voces en el interior de Indra le confirmaron a este diario que, hasta el momento, está previsto que la empresa compita por el contrato de divulgación, el cual –según funcionarios de la Registraduría– estaría listo para su convocatoria en cuestión de semanas. Sin embargo, también manifestaron que algunos altos directivos han planteado desistir de los procesos electorales en Colombia, por cuenta de la circulación de informaciones falsas y las tensiones políticas. Según explicaron, este ruido implica riesgos de reputación innecesarios, pues el valor de los contratos no supera los $100 mil millones y la empresa, durante todo un año, tiene ingresos que superan los $800 mil millones.

Y es que Indra, como ya se mencionó, acumula más de un centenar de contratos multimillonarios con entidades públicas en las últimas décadas, entre las que están el Metro de Medellín, Ecopetrol, la misma Registraduría, la Aeronáutica Civil, entre otros. Durante esta administración, según bases de contratación pública, Indra, a través de sus diferentes razones sociales, ha firmado convenios con la Adres, Colombia Compra Eficiente, el Ministerio de Cultura. Asimismo, fue la encargada de custodiar la COP16 de Cali con sus sofisticados sistemas antidrones. Como ejemplo, en los últimos dos años y medio, las firmas Indra Colombia S.A.S e Indra Sistemas S.A han suscrito contratos con entidades públicas por cerca de $115 mil millones.

Petro, Thomas Greg y los enredos contractuales de las elecciones 2026

La visita de Indra a la Casa de Nariño se conoce justo cuando el ambiente preelectoral mantiene caldeados los ánimos políticos y ha desatado un contrapunteo entre oficialismo y oposición sobre lo que cada parte señala como riesgos de posible fraude para la contienda electoral que definirá a un nuevo Congreso y al reemplazo del presidente Gustavo Petro.

Ha sido el propio mandatario uno de los que más ha avivado la idea de riesgos de transparencia, especialmente luego de que esta semana otra multinacional involucrada en las elecciones, Thomas Greg & Sons –con quien Petro también ha chocado por el negocio de los pasaportes–, se quedó con el contrato de la Registraduría de logística electoral para 2026, por un valor de $2,1 billones.

Para Petro, Thomas Greg está relacionada con la pérdida de votos del Partido Mira en las elecciones de 2014, caso por el cual el Consejo de Estado ordenó devolverle tres curules a la colectividad y adquirir para el Estado un software que apoye el escrutinio, que finalmente fue comprado a Indra en 2022. “La empresa que era propietaria privada del software era Thomas Greg y, extrañamente, con pliego de condiciones amañado, ahora la trasladan a manejar el kit electoral”, dijo el jefe de Estado esta semana.

Varios alfiles de Petro se han encargado de extender esa narrativa. “Otra vez Thomas Greg and Sons manejará las elecciones. Llevamos años pidiéndoles que permitan a todos los partidos auditar los códigos fuente del software que cuenta los votos. No han dejado. Este es el problema de privatizar las elecciones de un país”, aseguró, por ejemplo, Gustavo Bolívar, precandidato presidencial del Pacto Histórico.

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Sin embargo, es de anotar que en estos y otros mensajes similares, de acuerdo con las autoridades electorales, hay varias imprecisiones. Por una parte, en cada elección son varios los contratos que firma la Registraduría, como en 2022, cuando se suscribieron procesos con la Unión Temporal Disproel (Thomas Greg y otros) para la logística, con Indra para divulgación, con JAHV McGregor para auditoría y con varias empresas más para garantizar el transporte, las capacitaciones, los planes de medios, entre otros servicios. Una estructura similar se utilizó en las elecciones nacionales más recientes, las de alcaldes, gobernadores y concejales de 2023.

A esto se suma que, de acuerdo con el registrador nacional, Hernán Penagos, es incorrecto afirmar que una empresa o sistema cuenta los votos, ya que se trata de un proceso que está a cargo de los jurados de votación y luego de los jueces en la etapa del escrutinio. Según dijo el funcionario este viernes, las elecciones están blindadas, no hay riesgo de fraude ni de modificar el calendario. Además, confirmó que en estos comicios se les dará a los partidos acceso al código fuente del software de escrutinios.

Varios sectores políticos también han cuestionado que Petro critique un sistema con el que ha aspirado a siete cargos de elección popular desde 1991, de los cuales ha ganado en la mayoría, menos en uno: el de las elecciones presidenciales de 2018.

A siete meses y dos semanas del primer llamado a urnas, con unas consultas internas en el intermedio, hay dudas sobre la reunión de Indra en la Casa de Nariño, sobre el devenir de la contratación en la Registraduría y el impacto que tendrá la cruzada de Petro contra Thomas Greg. Todo esto sin contar las alertas por la falta de seguridad en los territorios y para algunos precandidatos y el efecto que tendrán casos judiciales claves como el del expresidente Álvaro Uribe o los de los casos de corrupción en el Gobierno.

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