Los cuatro días hábiles que acaban de pasar se convirtieron en una telaraña de controversias y crisis que golpeó al Gobierno del presidente Gustavo Petro –tanto a nivel nacional como internacional–, pero que de alguna manera le sirven a la Casa de Nariño para potenciar el coctel de política y gestión que está preparando la primera administración de izquierda pura para enfrentar su epílogo.
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El sacudón frenético que recibió esta semana el Ejecutivo llegó a tal punto que el país atestiguó cómo una relación binacional de 203 años de trabajo mancomunado quedó en vilo por acusaciones verbales entre Bogotá y Washington tan solo 24 horas después de que un juez ordenara la captura de uno de los hombres con más poder mientras estuvo al lado del jefe de Estado en Palacio: Carlos Ramón González; aún es su amigo personal.
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Y aunque esos dos hechos ya tienen de por sí una alta carga de profundidad para un Gobierno que quiere reelegir sus tesis en las elecciones del próximo año, la semana no solo se quedó ahí. En efecto, en medio de esos episodios, el gabinete llegará a su ajuste número 55 en solo 34 meses largos que lleva el actual mandatario con la renuncia de la canciller Laura Sarabia y –por ahí derecho– se terminó desbordando la espuma de una crisis que puede poner en riesgo la elaboración de pasaportes.
Son cuatro capítulos que terminaron llevándose por delante la tesis de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, una estrategia que quiere desplegar el presidente Petro para garantizar masividad en las urnas en favor del progresismo. Esto no quiere decir que en el próximo plazoletazo que hará en Bucaramanga el tema no reviva, pues los más de $257.000 millones destinados en este 2025 para propaganda y eventos públicos tienen que usarse.
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Pero, como si fuera poco, también terminó destapándose un intento golpista que quedó consignado en unos audios filtrados en los que se oye a un exfuncionario que hizo parte del Gobierno durante 21 meses (el excanciller Álvaro Leyva) hablando sobre cómo buscar aliados para intentarlo.
Los protagonistas de todos estos episodios, además del presidente Petro, han sido objeto de análisis de una serie de reuniones y diálogos a muy alto nivel, y en diversos frentes, que se realizaron especialmente entre jueves y viernes y que fueron monitoreados por el jefe de Estado, quien regresó por esos días de su más reciente periplo por España y Francia.
La razón es que la pelea con la administración del magnate republicano Donald Trump termina dejando heridas más grandes en territorio nacional, especialmente a nivel económico; de acuerdo con un reporte reciente de Analdex, las ventas hacia Estados Unidos desde Colombia (entre enero y noviembre de 2024) alcanzaron los US$ 13.106 millones, lo que significa un incremento del 7,6 % frente al mismo período de 2023. Todo esto podría irse al traste si la Oficina Oval impone sanciones la próxima semana, como se espera, más allá de lo diplomático y de las restricciones de viaje para funcionarios públicos.
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El Espectador estableció que el análisis de escenarios como ese hace parte de lo que Petro –junto a su nuevo jefe de Despacho, el polémico pastor Alfredo Saade; el vicecanciller Mauricio Jaramillo; el embajador llamado a consultas, Daniel García-Peña; la canciller Sarabia a la distancia y otras personas con manejo de relaciones en Washington y Bogotá– ordenó revisar para determinar su siguiente movimiento.
Y aunque quiso bajarle el tono quitándole carga al secretario de Estado, Marco Rubio, diciendo que no tuvo nada que ver con el intento golpista, pese a que antes ya lo había acusado de presuntamente estar inmiscuido, el cruce de dardos terminó con el llamado a consultas del delegado diplomático John McNamara.
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Lo que suceda ahora, en todo caso, puede sacudir el relato vía movilizaciones de la necesidad de mantener un Gobierno que pueda enfrentar a la potencia. “En eso hemos trabajado, pero se debe medir el riesgo con lupa”, confirmó una fuente que conoció de las intimidades de los diálogos palaciegos. Esto concuerda con la agenda regional que quiere promover la Casa de Nariño, la cual no solo será usada para intentar mostrar gestión, sino para agitar políticamente a las bases.
Pero si bien los reflectores se mantienen en esta disputa, hay otros escenarios que esta semana marcaron giros –aunque no de fondo– en la intención del presidente Petro de marcar su nombre en la historia como un mandatario que promovió “el cambio”. La razón es que tener a punto de estar tras las rejas a quien es su amigo personal desde sus épocas en armas en el extinto M-19, y que pasó por ser su mano derecha en Palacio, golpea al proyecto mismo de izquierda.
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La Fiscalía dijo esta semana que hay pruebas suficientes para confirmar que Carlos Ramón González participó en la trama corrupta que se gestó para desfalcar a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), expediente por el que también están empapelados perfiles como los de los exministros Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco y otros. Todos han negado tajantemente haber hecho torcidos con el erario, pero las pesquisas siguen adelante y también ya hay una sentencia en camino contra Olmedo López, un hombre de la izquierda antioqueña que hizo proselitismo público en repetidas ocasiones durante algunas de las varias campañas de Petro.
“Yo pido la máxima condena para Olmedo, un hombre de izquierda jamás debe robar a los pobres y a las víctimas. Es un vampiro de la codicia”, dijo el mandatario esta semana intentando alejarse de las salpicaduras de ese escándalo.
Y González, por su parte, salió del país hace unos meses cuando comenzó la etapa dura de su proceso. Primero fue ubicado en España, pero tras rastreos digitales fue ubicado en Costa Rica y Nicaragua. En este último país, liderado por el régimen de Nicolás Ortega, estaría actualmente definiendo si regresa o no para ir a prisión; se sabe que el jefe de Estado –vía asesores– le hace un seguimiento minucioso a esta situación.
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Una de las semanas más turbulentas para un presidente al que le faltan a partir de este domingo un total de 397 días para entregarle a quien sea elegido como su sucesor, pero que está en pie de lucha para que esa herencia se mantenga en la izquierda, también tuvo un espinoso episodio de carácter electoral.
Resulta que en medio de la polémica que se abrió tras la filtración de los audios de Leyva, el mandatario intentó hilar ese episodio con una supuesta falta de garantías electorales a las que, según él, se enfrentaría el progresismo en 2026. Dijo que eso lo demuestra el hecho de que el registrador Nacional, Hernán Penagos, pidiera conceptos jurídicos en torno a la consulta popular que el mandatario quería sacar vía decreto, pero que al final se cayó tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso. El Gobierno acusó al jefe de esa entidad de “sedición”.
La mira en las elecciones
Además, lo juntó con las decisiones que ha tomado el Consejo de Estado al sacar a varias fichas progresistas de cargos de elección popular por doble militancia y otras irregularidades que la Casa de Nariño rechaza y que acusa como parte de una supuesta persecución política desde los estrados judiciales. Y lo propio hizo con el Consejo Nacional Electoral, que aún no resuelve si acepta o no la fusión de los partidos de izquierda para que haya una sola fuerza progresista que pelee por la reelección de los ideales petristas.
“Qué garantías podemos tener en las próximas elecciones”, fueron algunas de las palabras de Petro. Y no fueron aisladas, pues eso conecta de forma directa con la pelea que tiene con la firma Thomas Greg & Sons, pues es cuestión de días que se defina el operador logístico que se quedará con un contrato de $2,1 billones para los comicios de 2026.
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Esa firma ha tenido hace varios años esa contratación, ganada en licitación, pero la Casa de Nariño consideró que lo ha hecho por caminos posiblemente corruptos. El secretario de Transparencia de Palacio, Andrés Idárraga, ya advirtió que se tiene un arsenal jurídico para intentar tumbar ese proceso si se lo vuelve a ganar Thomas.
De hecho, estos son los mismos protagonistas de la otra gran polémica que dejó a Petro en guardia. Resulta que el 31 de agosto próximo se acaba la urgencia manifiesta por la que Thomas está elaborando los pasaportes colombianos, pero el mandatario exigió que no se le dé continuidad como alcanzó a plantear públicamente la renunciada canciller Sarabia.
Tal fue la puja interna que se desató que el pastor Saade notificó que de todo lo dicho por Sarabia solo se continuaría con el contrato de $3,2 billones a 10 años entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para asumir desde el sector pública la elaboración de esos documentos. “Se han tomado decisiones que no comparto”, fue la respuesta que la ahora renunciada ministra consignó en su ya aceptada carta de dimisión; “espero que hoy Laura sea una mejor mujer de la que era cuando me conoció”, respondió Petro.
Y a todo este escenario se le debe sumar que el Gobierno ya reconoció que la Imprenta necesita de al menos 35 semanas más después de la suscripción del convenio con Portugal para estar lista para elaborar pasaportes, por lo que no se ve un cronograma que permita llegar a las fechas que quiere el jefe de Estado.
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Todo esto encaja con la línea de graduar de “enemigos del pueblo” a quienes se oponen a los intereses de Petro, tanto a nivel institucional como partidista como pasa con la oposición, un paso determinante para materializar eso que el mismo mandatario ha dicho en público que quiere: cuatro años más de progresismo comandando al país desde la silla de Simón Bolívar.
La oposición, encabezada por el Centro Democrático (con el expresidente Álvaro Uribe) y Cambio Radical (con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras), no se va a quedar quieta y viene luchando por espacios para no perderse en medio de una agenda pública que dominan Petro y sus aliados.
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Por eso, sin descontar que hay escenarios de violencia desatada en varias regiones –incluyendo a una Bogotá que hace un mes fue escenario del ataque sicarial que tiene hospitalizado al senador y precandidato Miguel Uribe–, se avisora un tablero económico que tiene en alerta a no pocos estamentos.
“Para 2025 se espera que el déficit fiscal supere el 7 % del PIB, que en pesos representa $128 billones, lo que constituye el pico más alto en la historia del país, superior incluso al que sufrió con la pandemia del Covid-19 en el año 2020”, alertó el economista Salomón Kalmanovitz en su más reciente columna en este diario.
En todo caso, el presidente Gustavo Petro le ordenó a su equipo de trabajo estar no reducir su fuerza, porque lo que se viene es una lucha en urnas por dos modelos de país diametralmente opuestos. El que representa el progresismo que busca más participación del Estado en diversas instancias y el que defienden sus contradictores, que propenden por varios cambios que no terminen sacrificando al sector privado.
Eso sí, y de ahí que el presidente y su equipo estén en guardia –así se avecinen más cambios en el gabinete para enfrentar lo que hace falta de mandato–, sigue en firme la intención de plasmar su nombre en los libros de historia como un mandatario que hizo el tránsito de las armas a la vida democrática, atestiguó una constituyente para darle vida a la Carta Política de 1991 y luego, tras un largo paso por el Congreso, llegó a la Presidencia a instaurar cirugías profundas al Estado promoviendo, incluso, más ajustes a la Constitución.
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Algunos comparan parte de este tipo de movidas con el “Estado de Opinión” del que habló el expresidente Uribe para reelegirse en 2006 e intentarlo infructuosamente de nuevo en 2010, y con la forma en que se impusieron regímenes como el de Nayib Bukele en El Salvador o el que mantiene Nicolás Maduro en Venezuela.
En todo caso, el presidente Gustavo Petro le ordenó a su equipo de trabajo estar en guardia, porque lo que se viene es una lucha en urnas por dos modelos de país diametralmente opuestos. El que representa el progresismo que busca más participación del Estado en diversas instancias y el que defienden sus contradictores, que propenden por varios cambios que no terminen sacrificando al sector privado. La polémica, por cuenta de la polarización, seguirá subiendo de decibeles.
En video: ¿Qué sigue para el gabinete del presidente Petro?
En video: El impacto de la renuncia de Laura Sarabia
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