El presidente Gustavo Petro volvió a hablar de “golpe de Estado” en sus redes sociales. En la mañana de este domingo, publicó en su cuenta de X un mensaje breve en el que aseguró que se trata de algo organizado y que ya estaba anunciado. El mensaje estuvo dirigido a sus electores, a quienes les pidió responder y respaldar la decisión que tomaron en las urnas.
“Se han organizado para dar el golpe de estado. Lo anunciado se desarrolla. Del pueblo que me eligió dependerá que el designio oligárquico se vuelva realidad o los derrotemos de nuevo. Esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarnos. Esto será una lucha popular”, dijo en su trino.
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El mensaje del mandatario generó una oleada de reacciones contrarias de congresistas de oposición e independientes. “En lugar de seguir ahondando en un golpe que no existe, reconozca sus errores, asuma las responsabilidades a las que haya lugar, y de una vez póngase a trabajar (...) su llamado de ‘lucha popular’ es un eufemismo peligroso, su llamado es un llamado a la violencia, a la alteración de las normas y eso no lo vamos a permitir”, dijo el senador David Luna, de Cambio Radical.
Desde la Alianza Verde, la representante Catherine Juvinao aseguró que el presidente no puede estar por encima de la ley y debe ser investigado, lo cual no representa un golpe de Estado. “Si la justicia investiga a Álvaro Uribe: qué bueno, la justicia es para todos, buen precedente, así debe ser. Cuando investiga a Petro: se consuma el golpe de Estado, el fascismo me ataca, el pueblo debe ir a una lucha popular. Conclusión: Petro se cree por encima de la ley”, dijo Juvinao.
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La anterior referencia de Petro a un supuesto golpe de Estado contra su Gobierno fue a mediados de mayo, cuando se conoció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tenía lista la ponencia para formular cargos en su contra por las posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial del 2022.
“Con esta violación a la ley electoral, los ponentes del CNE quieren propiciar el golpe: la Ley 996 de 2005 establece que la campaña presidencial, sobre la cuál hay que rendir cuentas, es el ‘conjunto de actividades realizadas con el propósito de divulgar el proyecto político y obtener apoyo electoral’. Aquí no entran los testigos electorales. Como ven los gastos que hacen testigos electorales no son gastos de campaña porque la campaña acaba un día antes de depositar los electores los votos”, dijo en su momento sobre los cuestionamientos que reposan en el CNE.
Precisamente, el proceso en la autoridad electoral se reanudará después de estar ‘congelado’ por casi cuatro meses. Los magistrados ponentes, Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), insisten en que son $5.400 millones los que no cuadran en las cuentas de la campaña. Se espera que durante la semana que empieza este lunes se conozcan nuevos detalles del caso.
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