Con el fin de evitar que se dé una posible descertificación de Estados Unidos a la lucha contra el narcotráfico en Colombia se han comenzado a mover diferentes estrategias impulsadas desde el Gobierno Nacional, para poder revertir lo que parece ya sería una decisión inminente de la Casa Blanca.
Es por eso que, como lo anticipó El Espectador, se alista una serie de comitivas para hacer lobby directamente ante la administración del republicano Donald Trump y con varios de los congresistas que tienen incidencia en la toma de estas decisiones.
De acuerdo con información que se ha dado a conocer en las últimas horas, es cuestión de días para que en Washington, capital de Estados Unidos, estén la fiscal General, Luz Adriana Camargo, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y posiblemente el ministro de Defensa, el general retirado Pedro Sánchez, y otros funcionarios que están relacionados con las estrategias de combate a grupos criminales y relacionados con el tráfico de drogas ilegales.
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Lo que se busca es que en diferentes instancias, que también incluyen centros de pensamiento de los cuales toman bastante información tanto en la Casa Blanca como en el Capitolio de Washington, se informe sobre las estrategias que se han desarrollado en terreno y cómo —desde el punto de vista del Gobierno del presidente Gustavo Petro— sí se está luchando contra el narcotráfico.
En Washington ya estuvieron hace poco el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, y la directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda.
En todo caso, la descertificación implica la posibilidad de la suspensión de, por lo menos, el 50% de la ayuda estadounidense, sanciones comerciales, restricciones en el acceso a financiamiento de organismos internacionales —como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional— y la pérdida de respaldo de Washington en proyectos clave para Colombia dentro de estos espacios multilaterales.
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El proceso de la certificación apenas comenzó el 1 de marzo, cuando el Departamento de Estado publicó un informe elaborado durante la administración de Joe Biden. Aunque ese gobierno era más cercano a Colombia que el actual, el documento advirtió sobre el aumento en la producción de cocaína y la expansión de los cultivos ilícitos. Según la ONU, en 2023 la producción de la droga creció un 53%, alcanzando las 2.600 toneladas, mientras que las hectáreas sembradas con hoja de coca aumentaron un 10%, llegando a 253.000. Estas cifras mantienen en alerta a Washington.
Sin embargo, también hubo puntos favorables, que Colombia busca utilizar a su favor. En el documento se destacaba, por ejemplo, un aumento del 14 % en la interdicción de cocaína entre 2023 y 2024. En ese sentido, el vicecanciller Daniel Ávila, por ejemplo, detalló que en 2024 se incautaron 884 toneladas de clorhidrato de cocaína.
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