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Con la extensión de la cuarentena nacional, la cual va hasta el 27 de abril por ahora, las micro, pequeñas y mediana empresas (Mipymes) han manifestado su preocupación por el impacto económico que la medida representa para ellas y sus empleados. El pasado 14 de abril la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), le comunicó al senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, que el confinamiento decretado por el Gobierno les ha generado "problemas de liquidez para mantener el pago de nómina, costos fijos, y demás obligaciones tributarias y financieras". Por ello, la bancada azul le solicitó a la Superfinanciera que revise y reporte los bancos que están incumpliendo con las medidas también dispuestas por el gobierno del Presidente Iván Duque para amortiguar las consecuencias para este sector económico.
Mediante una carta, los representantes y senadores conservadores afirmaron que si bien el Gobierno líneas especiales de crédito que suman más de 20 billones de pesos, así como también el fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías, que cubrirá hasta el 90 % del valor de los créditos, las entidades bancarias generan situaciones que van en contra de esa decisión. Según expresaron, el mundo financiero no está respetando los periodos de gracia y los plazos de pago establecidos por Duque.
"Se presenta una dilatación entre la solicitud del crédito y el tiempo de respuesta de la misma, lo cual implica un riesgo para el empresario quien no cuenta con los recursos de manera inmediata para cumplir con el pago de nómina; no están dando créditos nuevos sino reestructurando los actuales; y a pesar que se ofreció el no pago de las cuotas de créditos vigentes durante tres meses, los bancos siguen haciendo descuento de las cuotas correspondientes", aseguró la colectividad. Así mismo, recalcó que en cuanto al congelamiento de créditos adquiridos antes de la crisis "solo se congela el capital y no los intereses, lo cual encarece en el mediano plazo el préstamo. Es decir, los bancos no tienen en cuenta la coyuntura actual para el cobro de cartera".
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A partir de esos escenarios desfavorables para las Mipymes, la organización política instó a la Superintendencia Financiera que ponga la lupa en aquellas entidades bancarias que con sus acciones ponen en riesgo a los pequeños empresarios, sobre todo porque es un sector que representa el 80 % de la fuerza laboral del país y genera alrededor de 17 millones de empleos. "La Superfinanciera debe ejercer su función jurisdiccional como Superintendencia para tener control sobre los abusos que estamos poniendo en su conocimiento y evitar la destrucción masiva de empleos en la que se incurrirá si no se controla a las entidades financieras que están obstaculizando el acceso a las líneas de crédito otorgadas por el Gobierno Nacional mediante Decretos dados ante emergencia económica. Debe también revisar y reportar a qué tipo de entidades llegan las líneas de crédito emanadas de los decretos de emergencia", expresaron los conservadores en su misiva.
Finalmente, hicieron el requerimiento que la Superfinanciera ponga especial atención en los bancos que limitan la oferta del crédito solo a clientes y empresas que desean fidelizarse, mientras niegan las líneas crediticias del Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex). "Es preocupante que un sector con tanta prosperidad como es el bancario, que en el año 2019 presentó ganancias por más de 13,5 billones de pesos en utilidades, esté aprovechando esta coyuntura para generar aún mayor rentabilidad", fue el mensaje.