Piden que cabeceras municipales se incluyan en circunscripciones de paz

La Misión de Observación Electoral (MOE) llamó la atención sobre la importancia de que se agilice la creación de las Circunscripciones Especiales de Paz para garantizar el cumplimiento de la implementación de los acuerdos. Estas servirán entre otras cosas, explica la MOE, para hacer “control político” a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que ya están en marcha.

Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE, explicó: “las Circunscripciones de Paz le dan representación en el Congreso a las organizaciones sociales, lo que garantizaría un control democrático de las políticas en donde el Gobierno ya está ejecutando los PDET”. Pero esa no fue la única advertencia hecha respecto a las circunscripciones.

Hace pocas semanas, se supo que en el proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes se planteaba eliminar las cabeceras de 170 municipios, para incluir solo sus zonas rurales. En un documento enviado al Congreso, la misión de observación aseveró que “inconveniente excluir todas las cabeceras municipales de la posibilidad de participar electoralmente”.

Según explicó, “en los municipios donde se están excluyendo los puestos urbanos, el 44% de la población habita en la cabecera municipal, sin embargo, el 61% del censo electoral está inscrito en la misma”, es decir, las personas que están inscritas en esos puestos no podrían participar allí. A lo que se suma que hay varios municipios en los que no hay puestos de votación en las zonas rurales, como pasa en Belén de los Andaquíes, Morelia y Solita en Caquetá, o Calamar en Guaviare.

Añade también la MOE que en 116 de los 170 municipios (es decir el 70 %) hay “problemas de acceso a los diferentes puestos de votación”. De acuerdo a los cálculos de esta organización, en 22 municipios la dificultad es media pues hay un puesto de votación cada 132,5 km2; en 40, la dificultad es catalogada como alta, porque la proporción es de uno cada 181,5km2, y en 54 alcanza a ser extrema, pues hay un puesto cada 2.148,1 km2.

Por eso, la misión también insistió para que se establezcan plazos claros y la Registraduría “cree nuevos puestos de votación en áreas alejadas de las cabeceras municipales, en áreas poco pobladas, dentro de los territorios étnicos y en los territorios donde los puestos de votación fueron desmontados o trasladados en el pasado a causa del conflicto armado y que no han vuelto a ser instalados”.

Por último, la Misión de Observación Electoral pidió que se garantice la transparencia de los Tribunales Electorales Transitorios de Paz “para que estas instituciones cumplan con su objetivo de generar garantías, en esos territorios”. Para tal fin, afirmó la misión, es necesario que se garantice que puedan reaccionar a tiempo ante posibles irregularidades, se establezcan los términos de trabajo con otras autoridades regionales y haya medidas para que no se politicen estos organismos con la elección y nombramiento de sus miembros.

La Misión de Observación Electoral (MOE) llamó la atención sobre la importancia de que se agilice la creación de las Circunscripciones Especiales de Paz para garantizar el cumplimiento de la implementación de los acuerdos. Estas servirán entre otras cosas, explica la MOE, para hacer “control político” a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que ya están en marcha.

Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE, explicó: “las Circunscripciones de Paz le dan representación en el Congreso a las organizaciones sociales, lo que garantizaría un control democrático de las políticas en donde el Gobierno ya está ejecutando los PDET”. Pero esa no fue la única advertencia hecha respecto a las circunscripciones.

Hace pocas semanas, se supo que en el proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes se planteaba eliminar las cabeceras de 170 municipios, para incluir solo sus zonas rurales. En un documento enviado al Congreso, la misión de observación aseveró que “inconveniente excluir todas las cabeceras municipales de la posibilidad de participar electoralmente”.

Según explicó, “en los municipios donde se están excluyendo los puestos urbanos, el 44% de la población habita en la cabecera municipal, sin embargo, el 61% del censo electoral está inscrito en la misma”, es decir, las personas que están inscritas en esos puestos no podrían participar allí. A lo que se suma que hay varios municipios en los que no hay puestos de votación en las zonas rurales, como pasa en Belén de los Andaquíes, Morelia y Solita en Caquetá, o Calamar en Guaviare.

Añade también la MOE que en 116 de los 170 municipios (es decir el 70 %) hay “problemas de acceso a los diferentes puestos de votación”. De acuerdo a los cálculos de esta organización, en 22 municipios la dificultad es media pues hay un puesto de votación cada 132,5 km2; en 40, la dificultad es catalogada como alta, porque la proporción es de uno cada 181,5km2, y en 54 alcanza a ser extrema, pues hay un puesto cada 2.148,1 km2.

Por eso, la misión también insistió para que se establezcan plazos claros y la Registraduría “cree nuevos puestos de votación en áreas alejadas de las cabeceras municipales, en áreas poco pobladas, dentro de los territorios étnicos y en los territorios donde los puestos de votación fueron desmontados o trasladados en el pasado a causa del conflicto armado y que no han vuelto a ser instalados”.

Por último, la Misión de Observación Electoral pidió que se garantice la transparencia de los Tribunales Electorales Transitorios de Paz “para que estas instituciones cumplan con su objetivo de generar garantías, en esos territorios”. Para tal fin, afirmó la misión, es necesario que se garantice que puedan reaccionar a tiempo ante posibles irregularidades, se establezcan los términos de trabajo con otras autoridades regionales y haya medidas para que no se politicen estos organismos con la elección y nombramiento de sus miembros.