En pocos días se definirá la suerte de miles de hombres y mujeres que no están dentro del régimen de salud contributivo ni del subsidiado, que quieran practicarse la vasectomía o la ligadura de trompas y que no cuentan con los recursos para hacerlo. La Corte Constitucional estudia una iniciativa legislativa que busca que dichas personas puedan acceder a estos servicios gratuitamente.
Se trata del proyecto de ley 050 de 2007, que en su articulado especifica que este método de anticoncepción quirúrgico debe ser financiado por el Estado, con el fundamento de que “la paternidad y la maternidad responsables son un derecho y un deber ciudadano”, y por ende la pareja “tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos que conformarán la familia (...) y debe ser reconocida, facilitada y estimulada por las autoridades”.
La propuesta, que cursó satisfactoriamente su trámite en el Congreso, fue objetada por el Gobierno el pasado 21 de julio. Así lo expresó el ministro de Hacienda y Crédito Público, Óscar Iván Zuluaga, quien consideró que “el proyecto resulta contrario al Marco Fiscal de Mediano Plazo, pues implicaría costos adicionales de $399.614 millones, a precios constantes de 2008, como consecuencia de la realización gratuita de la vasectomía y la ligadura de trompas en los hombres y mujeres que lo decidan libremente y que no se encuentren afiliados ni al régimen subsidiado ni al régimen contributivo”.
Para el senador Samuel Arrieta, autor del proyecto, la necesidad de que la iniciativa sea sancionada por el Gobierno surge porque “la vasectomía y la ligadura de trompas no estaban dentro del Plan Obligatorio de Salud (POS) sino hasta 1997, pero dejaron por fuera a las personas provenientes del régimen vinculado (es decir quienes no pertenecen al régimen contributivo ni subsidiado), y justamente son ellos los que menos acuden”. Por ello el también presidente de la Comisión Primera del Senado considera que el Ministerio de Hacienda hace unos cálculos mecánicos: “El Ministerio dice que la población del régimen vinculado que podría acceder es de 850 mil hombres, de entre 35 y 50 años, y 750 mil mujeres entre este mismo rango de edad, caso en el cual le costaría al Estado casi $400 mil millones. Esto es una falacia, por cuanto las cifras de quienes acuden a este procedimiento refutan los eventuales costos. En 2008 solamente 33 hombres de este régimen se hicieron el procedimiento, lo cual contrasta con las 750 mujeres que acudieron. Si el Estado hubiese financiado a las personas del régimen vinculado, no alcanzaría los $300 millones”.
Otro congresista que coincide con Arrieta es uno de los ponentes del proyecto, el senador Jorge Eliécer Ballesteros, para quien la respuesta del Gobierno no tiene fundamento. “El Gobierno lo objetó pero esto ya es costumbre hacerlo. Sabemos que de alguna manera genera un gasto público, pero pensamos que frente a un tema como la salud sexual y reproductiva bien vale la pena hacer un esfuerzo presupuestal”. Según Ballesteros, este no es el primer caso en el que el Gobierno responde de esta manera frente a un proyecto de ley similar. “Eso sucedió con la ley integral de cáncer de niños, sin embargo, cuando llegó a la Corte, ésta dijo que era un derecho de los niños y la aprobó. Con la ley de la obesidad y de la diabetes pasó lo mismo”.
Y es que los costos para quienes se inclinan hacia esta clase de métodos anticonceptivos aumentan considerablemente. Un procedimiento como el Pomeroy o ligadura de trompas puede costar entre $500 mil si se realiza como cirugía independiente, y $150 mil si es parte de una cesárea. Para los hombres, la vasectomía oscila entre los $250 mil y $350 mil.
Pero independientemente de los costos o las edades sugeridas para esta clase de procedimientos (de 23 a 25 años en mujeres y entre los 30 y 40 años para los hombres) los mitos que giran en torno al tema son varios e igualmente refutados. Así lo considera Hernán Castro, médico de la Universidad Nacional. “Somos conscientes de que es un problema de tipo cultural, de machismo, en el que los hombres consideran que ya no pueden engendrar, suelen tener el temor, aunque no lo expresan, de que puedan perder potencia sexual o el número de relaciones sexuales como antes. Pero físicamente no pasa nada. Esto no afecta la líbido ni en las relaciones sexuales”, afirma.
Lo cierto es que ahora la Corte Constitucional es la que tiene la última palabra frente al tema para que el derecho de acceder a estos servicios pueda ser de todos los colombianos.
Por Vannesa Romero Castrillón
