En desarrollo de la precontienda electoral con miras a los comicios de octubre, la polémica crece en el país por cuenta de los avales que se puedan dar a posibles candidatos inhabilitados.
Al menos, hay casos muy particulares. Por ejemplo, en el Partido de La U aunque han recalcado que la colectividad “no es una fábrica de avales” y que no se permitirá apoyar a un aspirante con investigaciones y/o procesos disciplinarios, podrían haber entregado aval a un inhabilitado.
Para la consulta de La U a la alcaldía de Ibagué uno de los cinco candidatos, Jorge Tulio Rodríguez, estaría inhabilitado.
Pese a que ya fue alcalde, desde 2006 fue referido por medios locales y en una columna de Daniel Coronell en la revista Semana, por su relación con alias “El Socio”, reconocido narcotraficante del Tolima.
A la fecha hay un proceso en la sala de decisión penal del Tribunal Superior de Ibagué en contra del precandidato.
Las directrices de La U obligan que en el momento de la inscripción del aval para un candidato deben firmar una declaración juramentada donde conste que no cursa algún proceso judicial ante la fiscalía y/o jurisdicción penal o disciplinario.
Todo indica que en La U habrá un comité de ética encabezado por el presidente del partido, senador Juan Lozano, para estudiar ese caso en particular.
Por El Espectador
