Tras la determinación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de declarar un cese unilateral al fuego durante un mes –a partir del 1 hasta el 30 de abril–, por cuenta de la emergencia sanitaria desatada por el coronavirus, este martes la Defensoría del Pueblo anunció que realizará un seguimiento a su cumplimiento.
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Según el organismo, que destacó el anuncio de la guerrilla “en este momento de emergencia humanitaria global por la pandemia”, la determinación es un gesto que, de traducirse en acciones concretas, podría ser “la ruta adecuada para construir un camino necesario hacia la paz”.
En ese sentido, la Defensoría instó a la liberación de todos los secuestrados y la desvinculación de todos los menores de sus filas, siendo esas “acciones concretas que aclimaten el sendero hacia la paz”.
Para la entidad, regiones como el Catatumbo, Chocó, Arauca y el sur del Cauca y de Bolívar serán los primeros beneficiarios de lo que calificó como un “gesto humanitario necesario”, justo cuando la unidad y la solidaridad “son los únicos valores capaces de enfrentar la pandemia”.
Después de varias peticiones de políticos, autoridades y excombatientes, el ELN decidió declarar un cese unilateral activo al fuego durante un mes. La guerrilla agregó que lo califica como "activo" porque se reserva el derecho a defenderse ante los ataques que adelantan las fuerzas estatales, según sus miembros, "integradas por tropas regulares, paramilitares y bandas del narcotráfico, en varias regiones del país".
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En ese sentido, hizo un llamado al presidente Iván Duque, "para que ordene el acuartelamiento de sus tropas". En su comunicado, la guerrilla también hizo una serie de peticiones al Gobierno Nacional, entre ellas, que se reúna con la delegación de diálogo presente en La Habana (Cuba), "para concertar un cese bilateral al fuego y temporal", ya que para estas gestiones "es conveniente contar con la presencia de los países garantes".
El ELN dejó claro que está en desacuerdo con las decisiones tomadas por el presidente Duque para detener la propagación del virus. Aseguró que "los gobiernos han dictado medidas restrictivas, que imponen la reclusión domiciliaria y hasta el toque de queda, imposibilitando las actividades laborales que suministran los ingresos para el sostenimiento del pueblo".
Como consecuencia de ello, señaló la organización, "los grandes sectores informales, que abarca más del 60 por ciento de los trabajadores, son sometidos al dilema mortal de: quedarse en las casas para no infectarse, pero si no salen a trabajar se morirán de hambre".
La guerrilla aprovechó el comunicado para rechazar que en medio de la crisis hubiese un aumento en la militarización del país y un favorecimiento "a los intereses de los grandes conglomerados económicos y capitales extranjeros".