Ponen lupa a contratos con organizaciones sociales en medio de marchas progobierno

El llamado del presidente Gustavo Petro a “la máxima movilización popular” por lo que calificó como una “ruptura institucional” que, según él, busca sacarlo de la Presidencia, ya generó las primeras respuestas de la base política y social que respalda su proyecto de gobierno. En redes sociales, en el Congreso y la misma Casa de Nariño empezaron a moverse las estrategias para impulsar las manifestaciones y expresiones de apoyo al mandatario.

El llamado del presidente Gustavo Petro a “la máxima movilización popular” por lo que calificó como una “ruptura institucional” que, según él, busca sacarlo de la Presidencia, ya generó las primeras respuestas de la base política y social que respalda su proyecto de gobierno. En redes sociales, en el Congreso y la misma Casa de Nariño empezaron a moverse las estrategias para impulsar las manifestaciones y expresiones de apoyo al mandatario.

Congresistas del Pacto Histórico le confirmaron a este diario que desde diciembre de 2023 vienen preparando la articulación de sus redes y canales de comunicación para responder al llamado de Petro, en esta oportunidad enfocado en la defensa del cambio de administración en la Fiscalía, entidad que, según el jefe Estado, sufre una “toma mafiosa” y busca llevarlo a “juicio político”.

El primer pulso será este jueves 8 de febrero, cuando los simpatizantes del Gobierno saldrán a las calles para pedirle a la Corte Suprema de Justicia que acelere la elección de la nueva fiscal general. La convocatoria la hizo Fecode, el sindicato de maestros que está en la mira del ente investigador y otras autoridades por los $500 millones que donó a Colombia Humana y que enredan las cuentas de la campaña presidencial.

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En las redes de congresistas e influenciadores petristas ya circulan piezas invitando a la movilización con frases y etiquetas como “Petro no está solo”, “A defender el gobierno popular de la narcofiscalía!” o “SOSGolpeDeEstado”.

Además de esta narrativa, las primeras marchas de 2024 en favor del Gobierno tendrán un elemento en común con las anteriores, el respaldo de organizaciones sociales, particularmente indígenas, que han recibido contratos con el Gobierno. Aunque la mayoría de estos convenios tienen como fin implementar políticas en pro de las comunidades y ya se venían trabajando antes de las convocatorias a marchas, para sectores de la oposición, que también preparan sus propias movilizaciones, reflejan un claro conflicto de intereses que pone en juego la contratación estatal.

“¿Pagando favores con el erario? Con contratos así marcharían toda la vida si les toca”, señaló esta semana la senadora María Fernanda Cabal, quien aseguró que ocho autoridades indígenas han firmado contratos, con diferentes entidades, por más de $198.000 millones desde que Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño.

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Los contratos cuestionados

Las dos organizaciones indígenas que más han contratado con el Gobierno en estos 18 meses de administración son el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Ambas han acompañado el plan de gobierno del presidente Petro y han participado en las marchas en favor de las llamadas reformas sociales.

De hecho, el CRIC publicó un comunicado en el que “expresan su respaldo y solidaridad al presidente Gustavo Petro” por su reciente advertencia de una “ruptura institucional”. Esta organización, por ejemplo, ha firmado cinco convenios con el Ministerio del Interior que suman $20.000 millones y uno más con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), por $400 millones. El común denominador de estos contratos es el fortalecimiento de procesos de formación y fortalecimiento de derechos de las comunidades indígenas, así como asesoría para la formulación de políticas públicas.

La ONIC, por su parte, contrató con el Ministerio del Interior por $25.000 millones, para trabajar junto a la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías en el fortalecimiento de los “saberes políticos, culturales y espirituales de los Pueblos y Organizaciones Indígenas que hacen parte de la Mesa Permanente de Concertación”. Además, la organización tiene otro contrato en la Presidencia por $508 millones, para fortalecer el “gobierno propio como mecanismo de apropiación del sentido de pertenencia de los pueblos indígenas”.

Aunque estas manejan los contratos más cuantiosos, el Dapre también ha firmado convenios con otros 12 resguardos o consejos comunitarios que suman cerca de $3.330 millones.

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Entre los contratos que podrían tener relación con las manifestaciones en respaldo al Gobierno también se encuentran los millonarios convenios de la Presidencia para soluciones logísticas; de los que se ha encargado Plaza Mayor Medellín, que desde el inicio del Gobierno y hasta la fecha ha firmado cinco contratos por unos $20.300 millones.

A través de estos procesos, dicha empresa mixta se ha encargado de los montajes de eventos como los llamados “balconazos” y los eventos que precedieron la radicación ante el Congreso de las reformas. Por ejemplo, para las marchas del pasado 27 de septiembre, en las que participaron indígenas, campesinos, sindicalistas que defendieron los proyectos, Plaza Mayor ejecutó $263 millones para el montaje y desmontaje de una tarima.

En estos contratos también se pactó la realización de ollas comunitarias que estarán a cargo de la Consejería Presidencial para las Regiones y, según fuentes de la Casa de Nariño, servirán para fortalecer los mensajes de gobierno en comunidad indígenas, afrodescendientes, campesinas, entre otras. Por último, se espera que la Consejería para la Reconciliación Nacional, a cargo de Álvaro González, cercano a la primera dama, lleve a cabo otros eventos en los que se socialice el programa de Gobierno.

En 2023, el presidente Petro llamó a sus seguidores a las calles en siete oportunidades. La de este jueves será la primera movilización del 2024 y, aunque el presidente no la convocó oficialmente, estará protagonizada por los congresistas, activistas y organizaciones sociales que lo respaldan en primera fila.

Seguramente no será la última convocatoria, pues la estrategia, además de estar engranada con los contratos y el respaldo de sus bases, compagina con la narrativa que el propio mandatario ha mantenido desde hace dos semanas: la de una lucha contra las fuerzas que, según él, quieren “tumbar un presidente progresista”. Si en 2023 el objetivo fue el Congreso, para buscar la aprobación de las reformas, este año las marchas apuntarán a la Corte Suprema y la elección de fiscal. Este y los demás altos tribunales ya han dicho que no se dejarán presionar por el Ejecutivo. En cualquier caso, las calles serán escenario de la contienda política, pues se espera que este mes también salgan a las calles los sectores de la oposición.

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