Por alto costo, frenan ley para prevención de infertilidad en Colombia
El Gobierno también afirmó que en el país ya existe una política pública para prevenir esta enfermedad.
-Redacción Política
El presidente Santos objetó el proyecto de ley que buscaba que el Estado cubriera los gastos del tratamiento contra la infertilidad, al reconocerla como una enfermedad. El Gobierno tomó la decisión, porque “vulnera el principio de sostenibilidad fiscal”.
Según estimaciones del Gobierno, de tener que cubrir estos gastos tendría que hacer una inversión de $13 billones. Por eso, criticó duramente al Congreso, pues “no dispuso una fuente adicional de recursos, con lo que se pone en riesgo la atención de los servicios de salud a los que accede toda la población, unos 4 millones de afiliados, debido a que se verán afectados los recursos disponibles para financiar los beneficios en salud”.
La decisión de objetar esta ley también la sustentó el presidente, asegurando que en Colombia ya existe una “completa política pública de prevención de la infertilidad y una de atención integral de salud”, por lo que, en su consideración, ya están cubiertas las obligaciones del Estado en este asunto.
A lo que se suma el hecho, explicó el Gobierno, de que en el Plan de Beneficios en Salud se incluyen tecnologías en salud, actividades, procedimientos, medicamentos, dispositivos y servicios, para el diagnóstico de la enfermedad de la infertilidad. Además, incluye consulta médica especializada a la par de laboratorios clínicos y procedimientos, juntas médicas, interconsultas y valoraciones.
Por último, aseguró que la población colombiana con problemas de fertilidad es baja, en comparación con el “esfuerzo fiscal” que requieren los tratamientos de reproducción humana asistida y las terapias de reproducción (inseminación artificial intrauterina y fecundación in vitro”.
El presidente Santos objetó el proyecto de ley que buscaba que el Estado cubriera los gastos del tratamiento contra la infertilidad, al reconocerla como una enfermedad. El Gobierno tomó la decisión, porque “vulnera el principio de sostenibilidad fiscal”.
Según estimaciones del Gobierno, de tener que cubrir estos gastos tendría que hacer una inversión de $13 billones. Por eso, criticó duramente al Congreso, pues “no dispuso una fuente adicional de recursos, con lo que se pone en riesgo la atención de los servicios de salud a los que accede toda la población, unos 4 millones de afiliados, debido a que se verán afectados los recursos disponibles para financiar los beneficios en salud”.
La decisión de objetar esta ley también la sustentó el presidente, asegurando que en Colombia ya existe una “completa política pública de prevención de la infertilidad y una de atención integral de salud”, por lo que, en su consideración, ya están cubiertas las obligaciones del Estado en este asunto.
A lo que se suma el hecho, explicó el Gobierno, de que en el Plan de Beneficios en Salud se incluyen tecnologías en salud, actividades, procedimientos, medicamentos, dispositivos y servicios, para el diagnóstico de la enfermedad de la infertilidad. Además, incluye consulta médica especializada a la par de laboratorios clínicos y procedimientos, juntas médicas, interconsultas y valoraciones.
Por último, aseguró que la población colombiana con problemas de fertilidad es baja, en comparación con el “esfuerzo fiscal” que requieren los tratamientos de reproducción humana asistida y las terapias de reproducción (inseminación artificial intrauterina y fecundación in vitro”.