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La Superintendencia de Notariado y Registro sancionó con destitución e inhabilidad a cinco funcionarios de las oficinas de Florencia y San Vicente del Caguán, en Caquetá, involucrados en la comisión de varios delitos como falsedad ideológica en documentos públicos y prevaricato, los cuales se realizaban en trámites registrales de predios que se adelantaban en dichos despachos.
Se trata de Julián Ignacio Aguilar Medina, sancionado con destitución e inhabilidad general por 10 años); Irma Cuellar, registradora seccional de San Vicente del Caguán, sancionada con destitución e inhabilidad general por 16 años; Víctor Alfonso Torres Rincón, sancionado con destitución e inhabilidad general por 12 años; Fabián Ortiz Vásquez, destituido e inhabilitado por 14 años y Octavio de Jesús Ordóñez Sapuy, destituido e inhabilitado por diez 10 años.
Los mencionados hacían parte de una red delictiva que operaba en las Oficinas de Registro de Florencia y San Vicente del Caguán, la cual se encargaba de conseguir clientes y extender su actividad delictiva a otras entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y a los trabajadores de notarías de los círculos de Caquetá, con el objetivo de que los trámites ilegales o fraudulentos gozaran la apariencia de legalidad. De ahí que direccionaban el reparto al interior de las oficinas de registro para que dichos trámites ilegales fueran calificados por funcionarios pertenecientes a la red delincuencial.
Según la investigación, los cinco funcionarios, presuntamente en los años 2017 a 2018, incurrieron en la descripción típica consagrada en el artículo 340 del Código Penal Colombiano, que hace referencia al delito de concierto para delinquir, en vista que conformaron la organización delictiva junto con otros empleados de notarías y el IGAC, para desarrollar conductas punibles tales como prevaricatos, consistentes en registrar actos que no eran procedentes, y falsedades ideológicas en documentos públicos, consistentes en cambios injustificados en el área de predios reflejados en sus folios de matrícula inmobiliaria.
El rol de Aguilar Medina consistía en conseguir clientes que requerían de dichas diligencias irregulares, y coordinar toda la actividad delictiva dirigiendo a sus compañeros para que realizaran prevaricatos y falsedades documentales en el momento de la calificación de turnos de registro, con el propósito de obtener remuneraciones a favor de la red delictiva.
A su vez, Irma Cuellar, en calidad de registradora, desempeñó acciones para introducir datos falsos en el Sistema de Información Registral, tales como ubicar la aplicación en su equipo de cómputo, digitar su usuario y contraseña, acceder al folio de matrícula y en ingresar áreas diferentes a la que detallaban los antecedentes registrales que tenía en su mano. Sumado a lo anterior, se recogieron pruebas que demuestran que aceptó directamente un beneficio personal para modificar el área de la escritura que se pondría a su disposición, lo que corrobora que su actuar no fue producto de una mera equivocación.
La actuación disciplinaria de la Superintendencia se dio a partir de un informe presentado por la Oficina Asesora Jurídica, que data de febrero de 2018, fecha en que se puso en conocimiento de la Oficina de Control Disciplinario Interno la captura por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de los funcionarios de las oficinas de Florencia y San Vicente del Caguán, “por presuntas irregularidades en el funcionamiento de dichos despachos, consistentes en la posible ocurrencia de hechos de corrupción”. Es decir, lo que se hizo ahora fue confirmar esas irregularidades e imponer las mencionadas sanciones.
“De lo anterior se concluye que la Superintendencia de Notariado y Registro se reviste de sus facultades con el objeto de luchar contra la corrupción de manera más eficaz, a fin de garantizar la guarda de la fe pública y la seguridad jurídica de los derechos de propiedad inmobiliaria en Colombia, con apego a la ley y bajo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad”, enfatizó la entidad en un comunicado público.
