Por delitos de lesa humanidad habría suspensión de las penas

La comisión primera del Senado de la República aprobó la tarde de este miércoles en tercer debate el proyecto de reforma constitucional de ‘marco legal para la paz’.

Con los tiempos ajustados, la corporación avanzó en la aprobación de esa iniciativa que busca establecer las ‘herramientas’ para eventuales futuros procesos de paz y desmovilizaciones. De manera unánime, con diez votos a favor, la comisión lo aprobó.

Sorprendió que dentro del proyecto aprobado para los casos de lesa humanidad y crímenes de guerra se permitirá una eventual suspensión de la pena.

El autor del proyecto, el senador Roy Leonardo Barreras, dijo que aunque esos delitos tendrán necesariamente investigación y sanción, y no habrá perdón y olvido, sí existirán mecanismos de justicia transicional.

“Se aplicaría el principio de oportunidad o la suspensión de la pena, según lo autorice el Congreso en una ley que deberá presentar el Presidente de la República en el momento en el que valga la pena echar a andar un proceso de paz”, dijo.

“Se podría aplicar una disminución de la pena, suspensión de la pena o renuncia a la acción penal dependiendo de la selección de los casos más graves y los menos graves…habrá momentos donde la pena es plena, otros donde habrá reducción de la pena y otros donde aunque habrá pena se suspende y no se aplica”, explicó.

Y aunque se pensó que de manera definitiva los futuros desmovilizados no podrían “nunca” acceder a la política, Barreras señaló que pese a que “hoy la guerrilla no merece un beneficio político”, si más adelante decide hasta liberar a los secuestrados, “se volvería a retomar el tema”.

“La paz final consiste en que la voz de los fusiles se cambie por la voz de la democracia…lo que pasa es que hoy las Farc no se la merecen”, destacó.

A su turno, el Gobierno Nacional defendió con contundencia la búsqueda del marco legal para la paz.

El alto consejero presidencial para la Reintegración, Alejandro Eder, en la sesión de la comisión primera del Senado dijo que “debido a la inestabilidad jurídica que ha sufrido el proceso de reintegración que se dio con las Autodefensas, estamos enfrentando un gran reto para la paz de Colombia”.

Según él, por esa misma inestabilidad “hay personas que se quieren desmovilizar y lo están dudando porque temen que si se entregan puedan ir derecho a una cárcel”.

Por eso, Eder defendió la iniciativa que está en trámite y manifestó que “hay que entender también que si lo que nosotros queremos es una Colombia en paz, el costo de la paz es un costo alto que debemos pagar”.

En ese sentido, el consejero citó los casos de Libia, Egipto y Túnez que “pagarán costos” para no procesar a todas las personas que delinquieron durante las dictaduras de esos países.

Y recordó: “en las prácticas del Derecho Internacional siempre la idea es perseguir a los máximos responsables y buscar soluciones o penas no judiciales para los rasos que normalmente son inmersos en procesos de reintegración para llevar del conflicto a la paz”.

“En Colombia todavía queda la violencia, todavía quedan miles por personas por salir del conflicto y la credibilidad nuestra como Estado y como sociedad es clave para poder hacer esa transición de la guerra a la paz”, sentenció.

El proyecto deberá ser aprobado en su cuarto de ocho debates antes del próximo 16 de diciembre porque de lo contrario se hundiría la iniciativa.

La comisión primera del Senado de la República aprobó la tarde de este miércoles en tercer debate el proyecto de reforma constitucional de ‘marco legal para la paz’.

Con los tiempos ajustados, la corporación avanzó en la aprobación de esa iniciativa que busca establecer las ‘herramientas’ para eventuales futuros procesos de paz y desmovilizaciones. De manera unánime, con diez votos a favor, la comisión lo aprobó.

Sorprendió que dentro del proyecto aprobado para los casos de lesa humanidad y crímenes de guerra se permitirá una eventual suspensión de la pena.

El autor del proyecto, el senador Roy Leonardo Barreras, dijo que aunque esos delitos tendrán necesariamente investigación y sanción, y no habrá perdón y olvido, sí existirán mecanismos de justicia transicional.

“Se aplicaría el principio de oportunidad o la suspensión de la pena, según lo autorice el Congreso en una ley que deberá presentar el Presidente de la República en el momento en el que valga la pena echar a andar un proceso de paz”, dijo.

“Se podría aplicar una disminución de la pena, suspensión de la pena o renuncia a la acción penal dependiendo de la selección de los casos más graves y los menos graves…habrá momentos donde la pena es plena, otros donde habrá reducción de la pena y otros donde aunque habrá pena se suspende y no se aplica”, explicó.

Y aunque se pensó que de manera definitiva los futuros desmovilizados no podrían “nunca” acceder a la política, Barreras señaló que pese a que “hoy la guerrilla no merece un beneficio político”, si más adelante decide hasta liberar a los secuestrados, “se volvería a retomar el tema”.

“La paz final consiste en que la voz de los fusiles se cambie por la voz de la democracia…lo que pasa es que hoy las Farc no se la merecen”, destacó.

A su turno, el Gobierno Nacional defendió con contundencia la búsqueda del marco legal para la paz.

El alto consejero presidencial para la Reintegración, Alejandro Eder, en la sesión de la comisión primera del Senado dijo que “debido a la inestabilidad jurídica que ha sufrido el proceso de reintegración que se dio con las Autodefensas, estamos enfrentando un gran reto para la paz de Colombia”.

Según él, por esa misma inestabilidad “hay personas que se quieren desmovilizar y lo están dudando porque temen que si se entregan puedan ir derecho a una cárcel”.

Por eso, Eder defendió la iniciativa que está en trámite y manifestó que “hay que entender también que si lo que nosotros queremos es una Colombia en paz, el costo de la paz es un costo alto que debemos pagar”.

En ese sentido, el consejero citó los casos de Libia, Egipto y Túnez que “pagarán costos” para no procesar a todas las personas que delinquieron durante las dictaduras de esos países.

Y recordó: “en las prácticas del Derecho Internacional siempre la idea es perseguir a los máximos responsables y buscar soluciones o penas no judiciales para los rasos que normalmente son inmersos en procesos de reintegración para llevar del conflicto a la paz”.

“En Colombia todavía queda la violencia, todavía quedan miles por personas por salir del conflicto y la credibilidad nuestra como Estado y como sociedad es clave para poder hacer esa transición de la guerra a la paz”, sentenció.

El proyecto deberá ser aprobado en su cuarto de ocho debates antes del próximo 16 de diciembre porque de lo contrario se hundiría la iniciativa.