Por ley serían prohibidas las batidas del Ejército
Fue radicado en el Senado un proyecto para impedir que principalmente en el transporte público los uniformados 'pidan papeles'.
Redacción Política
El senador Jimmy Chamorro Cruz radicó un proyecto de ley que busca humanizar el procedimiento por el cual se define la situación militar de los hombres.
En este proyecto, el senador ha propuesto que se exija la implementación de sistemas de información, que permitan corroborar con inmediatez el cumplimiento de la obligación de inscripción en listas para prestación del servicio militar obligatorio, "de modo que se garanticen los derechos humanos y constitucionales de los ciudadanos, al protegerlos de privaciones de la libertad que pudieran considerarse injustificadas".
Esto cobra especial valor para los colombianos, pues el procedimiento de reclutamiento para el servicio militar, por métodos de coerción, a menudo vulneran el derecho a la libertad, a través de tratos degradantes y detenciones arbitrarias.
Chamorro ha hecho hincapié en que el Congreso de la República debe abordar la temática, a efectos de "aclarar y establecer parámetros claros acerca del reclutamiento y de las facultades que tiene la fuerza pública para exigir el cumplimiento de las obligaciones que emanan del servicio militar".
Aunque el servicio militar es una obligación, la Constitución es clara en sus consideraciones respecto al equilibrio entre el deber y el derecho; de modo que "ambos coexisten sin suponer detrimento del otro".
Es urgente dar claridad al marco legal que regula el reclutamiento para facilitar la gestión de las fuerzas militares, y proteger las garantías sociales de los ciudadanos colombianos.
El senador Jimmy Chamorro Cruz radicó un proyecto de ley que busca humanizar el procedimiento por el cual se define la situación militar de los hombres.
En este proyecto, el senador ha propuesto que se exija la implementación de sistemas de información, que permitan corroborar con inmediatez el cumplimiento de la obligación de inscripción en listas para prestación del servicio militar obligatorio, "de modo que se garanticen los derechos humanos y constitucionales de los ciudadanos, al protegerlos de privaciones de la libertad que pudieran considerarse injustificadas".
Esto cobra especial valor para los colombianos, pues el procedimiento de reclutamiento para el servicio militar, por métodos de coerción, a menudo vulneran el derecho a la libertad, a través de tratos degradantes y detenciones arbitrarias.
Chamorro ha hecho hincapié en que el Congreso de la República debe abordar la temática, a efectos de "aclarar y establecer parámetros claros acerca del reclutamiento y de las facultades que tiene la fuerza pública para exigir el cumplimiento de las obligaciones que emanan del servicio militar".
Aunque el servicio militar es una obligación, la Constitución es clara en sus consideraciones respecto al equilibrio entre el deber y el derecho; de modo que "ambos coexisten sin suponer detrimento del otro".
Es urgente dar claridad al marco legal que regula el reclutamiento para facilitar la gestión de las fuerzas militares, y proteger las garantías sociales de los ciudadanos colombianos.