“Por ningún motivo voy a suspender mi actividad de abogado”: Miguel Ángel Del Río

Usted denunció la semana pasada que lo amenazaron mediante contactos a su celular. ¿Pudo identificar quién lo llamó y qué le dijo, exactamente?

Todas las semanas recibo amenazas por diversos medios: Facebook, Instagram o Twitter. Me insultan llamándome “comunista”, “terrorista”, “defensor de asesinos”, etc. Sin embargo, esta última semana ocurrió algo particular: las amenazas se hicieron de manera directa a mi móvil personal e incluyeron a mi familia. Eso no había sucedido hasta ahora. Primero me dejaron un mensaje en Whatsapp con un archivo adjunto. Allí me daban 72 horas para salir del país, máximo el 15 de febrero. Y la segunda amenaza la hicieron en una llamada del 14 de febrero que respondí por error, porque no suelo contestar números desconocidos. Un hombre con acento campesino paisa me dijo: “No se ha ido del país HP? No lo quiero ver mañana en pantalla. Ya sé dónde está usted y su esposita”. Y colgó.

¿Qué interpretación le da a la frase “no lo quiero ver en pantalla” y por qué tendría relación con su condición de apoderado de una víctima en el proceso en contra del expresidente Uribe, como lo ha manifestado?

Relaciono esa expresión con el proceso en contra de Uribe Vélez, porque cuando me llamaron, el 14 de febrero, para amenazarme solo habían pasado dos horas desde que yo había puesto un trino en que anunciaba que al otro día, es decir, el 15, iniciaría mi intervención como apoderado de la señora Deyanira Gómez, víctima en ese caso. Las audiencias se están adelantando de manera virtual. Cuando el sujeto me llamó y me advirtió: “No lo quiero ver en pantalla mañana”, obviamente se refería a esa audiencia y a mi trino. No voy a ignorar una realidad -que se puede comprobar-, por difícil que sea comentarla: todo ciudadano o ciudadana que ha enfrentado al expresidente ha sido víctima de situaciones como amenazas, desapariciones, exilios o muerte, no sé si por coincidencia o por qué. Tampoco puedo ignorar que hace unas semanas tuve un enfrentamiento directo con él, en otra audiencia, porque advertí a la jueza que él estaba incumpliendo la orden de no hacer juicios paralelos en los medios. Se puso furioso y me llamó mentiroso.

Esa coincidencia de fechas, si bien es inquietante, no es suficiente para probar la presunta conexión de las amenazas con el caso Uribe. ¿Cuántas personas conocían la programación del juzgado y los días de sus intervenciones?

Ciertamente, cualquiera podía saberlo porque las audiencias son públicas: se transmiten en vivo y en directo durante toda la semana. Allí se establecen las fechas de las intervenciones de los sujetos procesales y la gente puede seguirlas. Pero repito, no tengo la menor duda de que esos dos mensajes intimidantes tienen relación con mi intervención en ese proceso: ambos fueron enviados a mi número personal, establecen como fecha para salir del país el día 15 de febrero, primero en que yo hablaría en la audiencia; consecuentemente, su único propósito era que me retirara como representante de víctimas. De hecho, el grupo que presuntamente se adjudicó la primera advertencia, las Autodefensas Gaitanistas, también conocidas como Clan del Golfo, salió, casi de inmediato, a desmentir su autoría. Y aunque a las bandas no se les puede creer, en su totalidad, lo que afirman, es extraño que las demás personas que se incluyeron en la lista de amenazados del panfleto pertenezcan al Congreso o sean miembros activos de la política partidista. Y que yo, que no soy parte ni del Legislativo ni de los partidos, haya sido puesto en ese listado.

Entre los grupos delictivos que usted ha enfrentado en los juicios a los que asiste como abogado, ¿cuántos enemigos personales puede identificar?

Debo tener unos 12 enemigos de altísima peligrosidad. Hace un mes, por ejemplo, me informaron sobre un atentado que iban a hacer contra mí y contra otras personas. Me dijeron que el ataque se realizaría con armas largas, que llegarían varios hombres en cierto tipo de camionetas y que estas ya habían salido de La Guajira con destino a Bogotá. Se trataba, según los informantes, de una macabra alianza entre la denominada Oficina de Envigado y la organización del narcotraficante alias “Marquitos” Figueroa, que fue condenado en un proceso que adelanté. La fuente identificó a los sicarios y la zona en donde me iban a disparar cuando me estuviera desplazando por carretera hacia Villavicencio. Esa oportuna información, y mi decisión de revelarla públicamente, obligó a suspender la operación criminal. El problema es que un ataque en mi contra podría asociarse con cualquier caso. Pero insisto, estoy convencido de que las últimas amenazas tienen un propósito único: evitar mi participación en la audiencia del proceso en contra del señor Uribe Vélez.

A pesar de que he sido, como columnista, dura crítica de la conducta del expresidente, también insisto en que las recientes amenazas en su contra podrían ser maniobras para desviar la atención sobre la verdadera identidad de los delincuentes. Lo digo porque usted mismo señala que puede identificar, como sus enemigos mortales, a por lo menos 12 delincuentes de alta peligrosidad...

En materia de criminalidad el silencio es más elocuente que el grito rabioso. Creo que las coincidencias no existen. La audiencia del caso Uribe se suspendió cuando puse en conocimiento de la jueza la situación de emergencia que se presentó. Y ella, identificando el sentido de urgencia, estuvo de acuerdo y la suspendió. Hay hechos del pasado que me llevan a creer que tengo razón. Recuerdo el caso del abogado Jesús María Valle, asesinado después de reunirse con el entonces gobernador de Antioquia, que produjo una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado colombiano por su omisión en protegerlo cuando estaba siendo amenazado por sus denuncias sobre las masacres cometidas por las autodefensas de Antioquia, en El Aro y La Granja, y también por no investigar su posterior asesinato ni impartir justicia en ese emblemático caso. Otro ejemplo: el senador Iván Cepeda ha padecido del sector del señor Uribe una persecución sin precedentes durante ocho años que solo resiste una persona tan valiente como él. Este país sufre de amnesia colectiva. Mi propósito es lograr, con pruebas, que la sentencia del caso referido sea de condena.

Suspendida la audiencia se suspendió también su intervención. ¿Va a renunciar al proceso o va a intervenir y cuándo?

De ninguna manera voy a suspender mi actividad profesional como representante de la víctima Deyanira Gómez, esposa en su momento del principal testigo en contra de Uribe y quien impidió que se concretara un ardid que hubiera favorecido al imputado. Debido a la persecución en su contra, ella terminó exiliada. Mañana, lunes, comenzaré a intervenir en la audiencia en la que estableceré las razones por las cuales no tiene cabida la solicitud de preclusión que impulsa la Fiscalía. Demostraré que existen suficientes elementos para llevar a juicio al señor Uribe.

El día de la audiencia suspendida la jueza la abrió, la declaró reservada (es decir, que los periodistas no pudimos verla), notificó lo que estaba sucediendo con usted y la cerró. Sin embargo, se supo en los medios que hubo varias intervenciones y que estas subieron de tono. ¿Qué sucedió y por qué terminó a gritos?

Yo no asistí, pero según me informaron, el doctor Reinaldo Villalba, apoderado del senador Iván Cepeda, estuvo de acuerdo con la suspensión de la audiencia por las amenazas en mi contra. El expresidente solicitó protección y seguridad para mi integridad de manera cínica. El doctor Villalba resaltó muchas de las amenazas que están recibiendo todos los representantes de víctimas, y las víctimas directas en este proceso. Uribe y sus apoderados aseguraron que ellos también habían sido amenazados.

¿Cómo reaccionó el expresidente ante el recuento de amenazas en contra de ustedes, su contraparte judicial?

Lo que tengo entendido es que estaba muy molesto con el doctor Villalba. Fue cuando afirmó que él y sus apoderados también habían sido intimidados. Curioso que nunca lo hubiera denunciado en las audiencias precedentes.

Usted y su esposa, ¿qué decisiones tomaron sobre su seguridad, lugar de residencia, cambio de ciudad o de país? Pero, sobre todo, ¿usted renunciará a actuar en el caso del expresidente?

Como lo he dicho, mi gran preocupación consiste en la seguridad de mi esposa y mi familia. Soy responsable de mis actos, pero mis familiares no tienen nada que ver con mis decisiones o enfrentamientos. Quienes los amenazan a ellos son cobardes. Mi esposa y otros parientes ya salieron de Colombia. Por mi parte, estoy organizando mis actividades y debo tomar decisiones sobre el lugar en que viviré en las próximas semanas. Es posible que me traslade durante unos días y regrese pronto. Mi lucha y mi trabajo están aquí. Por eso nunca renunciaré a ninguna representación de víctimas. Siento un gran compromiso con ellas.

Volvamos al tema de sus enfrentamientos, en desarrollo de los procesos penales, con carteles de narcotraficantes que a su vez tienen conexiones con el mundo político, en un caso específico de La Guajira y la denominada ñeñepolítica. ¿La información sobre planes de esa organización para matarlo es completamente confiable?

Sí. La información que le conté, y que es de absoluta seriedad, ha sido puesta en conocimiento de las autoridades. Se relaciona, precisamente, con esa organización y su banda de sicarios: no me perdonan que Marco Figueroa haya sido condenado a más de 45 años de prisión. Si el “Ñeñe” Hernández estuviera vivo, también estaría preso. En la decisión del Juzgado Séptimo Penal de Barranquilla, en que se sentencia a Figueroa, se estableció la intervención de Hernández como ala política de alias “Marquitos” y su plan para asesinar al ganadero Carlos Rodríguez, a quien represento desde cuando por error los sicarios mataron a su joven hijo Óscar Eduardo. Esa tragedia familiar fue la que dio nacimiento a la ñeñepolítica.

¿Usted continúa actuando con ese proceso?

Sí. Después de la condena a Figueroa, hoy estamos detrás de que se procese a Paul Corrales, quien tiene conexión con la Oficina de Envigado y quien fue el encargado de conseguir los sicarios que asesinaron al hijo del ganadero Carlos Rodríguez. Formulé, en junio del año pasado, denuncia en contra de alias “Marquitos” y de su banda por el plan para asesinarme.

También está representando a la familia Pizano, cuyo padre e hijo murieron repentinamente en medio del conflictivo caso de corrupción Odebrecht. ¿Cree que podría acarrearle complicaciones de seguridad?

Mi deseo de reivindicar la justicia es más poderoso que cualquier eventualidad como la que usted señala. Eso me impulsa a tomar casos como el de la familia Pizano. Mientras no haya justicia en este país, no habrá paz. Todos los acuerdos, incluido el del gobierno Petro, estarán destinados al fracaso si no se garantiza una cuota importante de justicia. Todos aplauden las concertaciones y olvidan los muertos, pero la muerte tiene memoria. Y la memoria mal contenida genera una violencia incontrolable.

Sus trinos indican desilusión de la política de “paz total”, del gobierno Petro y del Pacto Histórico. ¿Es cierto?

La apuesta de acabar con las organizaciones armadas por vía de la concertación es legítima, en principio. Sin embargo, todo acuerdo debe llevar implícita la necesidad de justicia y un componente ideológico claro: una cosa es una lucha armada, equivocada o no, con propósitos políticos, y otra cosa diferente es una banda de delincuentes y narcotraficantes cuya única intención es quedar impunes mientras mantienen sus estructuras delictivas. Esa es mi gran preocupación en cuanto a la materialización efectiva de la “paz total”, aunque aplaudo las buenas intenciones del Gobierno.

Su nombre de abogado es ahora público y se ha ido conectando con la política y la posibilidad de ser elegido. ¿Esa mezcla entre el ejercicio profesional y la actividad política no es inconveniente, tanto para usted como para quienes lo contratan?

Intenté hacer política con convicción y salí derrotado: una experiencia muy bella. Soy liberal de izquierda, demócrata y ateo, pero no profeso ninguna confesión partidista ni creo en las divinidades. La política, con algunas excepciones, es un ejercicio de hipocresías y máscaras. Por lo menos en el ejercicio penal uno puede identificar, con claridad, a sus enemigos. En política no, y yo no soy obediente ni servil, detesto la lisonja y el aplauso al poder. Seguiré en mi ejercicio profesional: el derecho penal no tiene ideologías.

La derecha del país lo identifica a usted como “comunista”. ¿Lo ofende esa categorización o se siente homenajeado?

Ni lo uno ni lo otro. Las etiquetas y las categorizaciones nacen en ciertas coyunturas. He sido defensor del proyecto que llevó al poder al presidente Petro por coincidencias ideológicas, pero eso no me define como ser político.

Otro aspecto que lo ha caracterizado a usted es su alta exposición en las redes, particularmente en Twitter, en donde divulga sus actividades en los diferentes juicios y audiencias. ¿El exceso de comunicación no lo pone en la mira de los violentos?

Ser famoso en Twitter es como ser rico en el juego de monopolio: no tiene ninguna importancia. Lo que pasa es que me gusta incomodar a los poderosos. Las redes constituyen canales efectivos de comunicación que nos alejan de los medios tradicionales y de la verdad oficial para llegar a nuestras propias conclusiones. Hacen más democrático el conocimiento, así como las infamias. Quisiera demostrarle a la gente que es posible ser coherente, que la justicia es posible. Que esta no es como las serpientes que decía Galeano, que solo muerden a los descalzos. No me inquieta estar en la mira: me inquieta la indiferencia y la impunidad de los poderosos.

El jurista Ramiro Bejarano, también amenazado.

No se ha determinado si por una coincidencia macabra o en desarrollo de un plan de amedrentamiento a abogados reconocidos públicamente por sus litigios y por su forma directa de opinar sobre temas de controversia nacional, esta semana, exactamente el mismo día miércoles 15 de febrero, fueron amenazados dos profesionales del derecho: el penalista Miguel Ángel Del Río que es entrevistado en estas páginas y quien enfrenta a Álvaro Uribe como apoderado de una víctima, contraparte del expresidente; y el jurista Ramiro Bejarano, profesor de varias universidades y uno de los columnistas más influyentes de El Espectador. Bejarano, director del Departamento de Derecho Procesal del Externado, fue sorprendido en esa fecha, con un mensaje de usuario falso, publicado en Facebook, en que se anunciaba su deceso, con una de sus fotos en color sepia. “El derecho colombiano está de luto. Ha descansado en paz... el célebre procesalista...” se leía. Las autoridades no tomaron el aviso como un chiste. Se pusieron en estado de alerta. Casualmente, el profesor Bejarano ha hecho parte del equipo jurídico de defensa del senador Iván Cepeda en el caso Uribe en que actúa el abogado Del Río.

“Un sinnúmero de enemigos”: Del Río

Usted actúa como abogado defensor de víctimas en múltiples casos en los que se mezclan los intereses mediáticos, judiciales y políticos. Y en algunos de ellos, están involucrados delincuentes peligrosos ¿Cuáles, de esos procesos, tienen mayores riesgos para su vida?

Todos tienen un alto nivel de peligrosidad: el caso Pizano y los oscuros intereses tras él; el caso Aida Merlano con sus valientes denuncias, su extradición cercana a Colombia y su enfrentamiento con el clan Char; el proceso Uribe por las masacres de El Aro, la Granja, y la muerte del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle; el asesinato de Gustavo de Silvestri que produjo un enfrentamiento con poderosos ganaderos y sus relaciones con el paramilitarismo; la reciente captura del criminal Darío Laíno Scopetta, hombre fuerte de Jorge 40, condenado a 45 años de prisión; el enfrentamiento contra la organización de alias Marquitos Figueroa, su reciente condena junto con la defensa de los valientes funcionarios de la Policía capturados por la “ñeñepolítica”; mis enfrentamientos con políticos corruptos del Caribe. En fin, tengo un sinnúmero de enemigos.