Una aguda polémica se abrió en el país por la orden de detención que debería ordenar la plenaria del Senado de la República en contra de algunos magistrados y exmagistrados de las salas Penal y Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Luego de que la comisión de Acusaciones de la Cámara reconfirmara el envío de 30 procesos a la plenaria del Senado para que decida sobre la posible detención de los togados, al parecer, hay resistencia en el Senado para ‘impartir justicia’.
De hecho, el presidente de la cámara alta, Roy Barreras Montealegre, reconoció que puede existir algún tipo de temor de los parlamentarios a la hora de conocer los expedientes y ordenar posibles arrestos. (Escuche el audio de Barreras).
“Puede que haya resistencias naturalmente. Hay resistencias a conformar la comisión de instrucción que tiene que adelantar procesos contra los magistrados que a nadie le gusta”, sostuvo.
Por eso, en el Senado se decidió que “los juristas que son expertos discutirán si aplica o no la instalación de la Comisión de Instrucción para los efectos de tutelas laborales o si no habiendo acusación, debe resolverlo la Comisión de Acusaciones de la Cámara, en dos semanas revisaremos ese concepto para proceder”.
Vale la pena recordar que es la Corte Suprema de Justicia quien investiga y juzga a los congresistas; de ahí, que muchos senadores se resistan a orden detenciones de magistrados.
El jueves en la tarde, la comisión de Acusación de la Cámara de Representantes envió a la comisión de instrucción del Senado (que aún está por conformarse) 30 procesos contra magistrados y exmagistrados de las salas Penal y Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Así lo dio a conocer el presidente de la Cámara, Augusto Posada Sánchez, quien insistió en que es responsabilidad del Senado, hacer cumplir lo dispuesto en esos procesos que, en algunos casos, son órdenes de detención por desacatos de tutela.
“El trámite no tiene nada de extraordinario, cuando hay un incumplimiento a una tutela por parte de la Corte cualquier ciudadano puede denunciar ante la Comisión de Acusación, pero ni siquiera se investiga en la plenaria de esa comisión, ni en la plenaria de la Cámara, inmediatamente el secretario traslada el desacato al juez natural donde se decide dónde se puede tomar la decisión de decretar un arresto de cinco días”, explicó Posada.
Por El Espectador
