A siete meses de que se cumpla el período de permanencia que le fijó el Gobierno a la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas, se conoció el informe anual de este organismo sobre Colombia para el año 2013. Graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, impunidad en casos de ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento forzado de niños por parte de las Farc, desplazamiento y difíciles garantías de reparación de las víctimas siguen siendo las variables de este crudo diagnóstico del país.
Con tono diplomático, felicitando al Ejecutivo por su determinación de sacar adelante una solución negociada al conflicto armado con las Farc y reconociendo los esfuerzos del Gobierno para cumplir con sus obligaciones internacionales, el informe también da cuenta de ese panorama humanitario que seguirá agravándose mientras existan la guerra interna y la lucha contra el narcotráfico. En diciembre de 2013 había 5’966.211 víctimas del conflicto armado inscritas en el Registro Único de Víctimas, de las cuales 5’155.406 eran desplazadas, unas cifras que, reconoce la ONU, son considerablemente superiores para fuentes no gubernamentales.
En el Cauca, por ejemplo, señala el documento, en 2013 continuaron los homicidios selectivos atribuidos a las Farc, sobre todo de dirigentes indígenas. Durante el primer semestre de 2013, la oficina de derechos humanos de la ONU registró ocho asesinatos de miembros del pueblo nasa, de los cuales tres eran líderes en el norte del departamento. Esto sin hablar de los casos de reclutamiento forzado de niños ni de la utilización de minas explosivas. Ni mencionar los episodios en que dos periodistas fueron asesinados, 58 recibieron amenazas y tres se vieron obligados a exiliarse.
En cuanto a la Fuerza Pública, las preocupaciones también son variadas. El documento sostiene que el respeto del derecho a la vida de los civiles durante las operaciones militares sigue siendo motivo de alarma, y pone varios ejemplos, como el de un campesino de 19 años que murió el 15 de mayo en La Fonda (Cauca), como resultado de los disparos hechos por una brigada móvil del Ejército por no detenerse en un puesto de control, o el de un hombre de 61 años al que un soldado mató de un disparo en su propio domicilio, el 22 de julio, en Fortul (Arauca). Casos que ante la justicia disciplinaria y penal siguen en etapa preliminar, indica la ONU.
El informe también apunta que en junio de 2013 la oficina le presentó al Ministerio de Defensa 32 casos recientemente observados en que el Ejército habría utilizado y ocupado escuelas y otras infraestructuras civiles.
Naciones Unidas afirmó que si bien el Gobierno suele abordar con seriedad su legislación en aras de garantizar los derechos humanos y cumplir con sus obligaciones internacionales en la materia, no hizo lo mismo cuando impulsó en el Congreso una reforma para ampliar la jurisdicción penal militar, que luego se cayó en la Corte Constitucional. E informó que entre enero y agosto de 2013, se trasladaron 48 casos de homicidios atribuidos al Ejército, conocidos como falsos positivos, de la jurisdicción ordinaria a la militar, a pesar de que el Gobierno había asegurado que ello no ocurriría.
Además de hacer alusión a estos casos, recordó la renuncia del magistrado Henry Villarraga al Consejo Superior de la Judicatura, el órgano encargado de dirimir los conflictos de competencia de estos procesos, cuando se reveló que había prometido al coronel Róbinson González, procesado por un falso positivo, que su causa sería trasladada a los tribunales castrenses. En ese sentido, la ONU lamentó que se sigan concediendo privilegios ilegales a miembros de las fuerzas militares detenidos o encarcelados en instalaciones militares, dos años después de las recomendaciones formuladas en un informe sobre este problema en Tolemaida.
En agosto se vence el período de este observador internacional en Colombia y aunque Todd Howland, su representante en Colombia, ha dicho que el presidente Juan Manuel Santos manifestó tanto en público como en privado que renovará este mandato, su futuro en el país aún es incierto. Lo único claro es que todos los actores armados siguen cometiendo graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y que, como lo dijo Anders Kompass, quien fue delegado de la ONU en Colombia, “sólo los países donde se cometen las peores violaciones no aceptan la presencia de esta oficina”.
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Por Natalia Herrera Durán
