Presentan denuncia contra magistrados del CNE por prevaricato

Archivo

Alirio Uribe Muñoz, representante a la Cámara y candidato para repetir curul, presentó este miércoles ante la Fiscalía una denuncia por posible prevaricato por acción contra los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) Emiliano Rivera Bravo, Héctor Helí Rojas Jiménez, Luis Bernardo Franco Ramírez, Felipe García Echeverri, Alexander Vega Rocha, Carlos Camargo Assis y Idayris Yolima Carrillo Pérez.

Uribe pidió a la Fiscalía que investigue a los magistrados por posible prevaricato por acción, después de que se conociera la decisión del CNE de abrir una investigación contra Gustavo Merchán, miembro del comité promotor de la revocatoria del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Esto, porque, según el CNE, Merchán Franco, quien siendo vocero del comité y a la vez tesorero de Sintrateléfonos (Sindicato de Trabajadores de la ETB), no registró bien los montos de las donaciones hechas por el sindicato.

(Lea aquí: Se alarga la incertidumbre frente a la revocatoria de Peñalosa).

De acuerdo con el congresista, esta decisión de los magistrados contradice la ley. El CNE, como lo define la Ley Estatutaria 1757 de 2015, estableció un tope máximo para donaciones y contribuciones individuales en $41’521.542 y por eso, cuando el Sindicato de Trabajadores de la ETB realizó un aporte de $49’850.000, superó los topes.

Pero según Uribe, los magistrados del CNE actuaron en contra de la ley, porque “la suma máxima autorizada por el CNE (…) es para las personas naturales o jurídicas de las que trata el Código de Comercio”. Y esa precisión sobre las personas a las que se refiere ese código, continúa el representante a la Cámara por el Polo Democrático, excluiría a Sintrateléfonos de tener que cumplir con los topes de aportes, al ser una organización sin ánimo de lucro.

Para justificar lo anterior, Uribe cita a la Corte Constitucional que precisa que los topes de aportes económicos buscan que “los mecanismos de participación ciudadana se encuentren alineados con una vocación marcadamente democrática y no por intereses predominantemente económicos. Esta restricción se orienta entonces, a privilegiar los aportes que provienen de personas naturales o jurídicas cuya actividad no se funda en el ánimo de lucro”.

(También: ¿La democracia sólo cuando conviene?).

Y para explicar por qué cree que los magistrados habrían incurrido en prevaricato por acción, Uribe señala: “El dolo eventual en el que posiblemente incurrieron los magistrados acá denunciados tiene que ver con su voluntad de impedir la participación ciudadana para la eventual revocatoria de mandato del alcalde (de Bogotá), Enrique Peñalosa, haciendo materialmente imposible que dicho proceso de consulta popular pueda avanzar”.

Así las cosas, Uribe concluye que los magistrados deben ser investigados por “encontrase presuntamente emitiendo resoluciones en contra de la ley, la Constitución y la jurisprudencia de las altas cortes”, además de desconocer su obligación de garantizar el derecho a la participación.

El pasado martes se conoció que el CNE decidió formular pliegos contra Gustavo Merchán por las posibles irregularidades en las cuentas de la recolección de firmas.  Aunque la decisión no cerró las puertas al proceso de revocatoria, si se tiene en cuenta que el nuevo proceso podría terminar en julio y que por ley una revocatoria no se puede adelantar cuando al mandatario le faltan 18 meses para culminar su período, ya parece imposible que la iniciativa prospere.