Presidente Duque afronta una nueva protesta social

Veinte días después de superados los bloqueos de la minga indígena en el Cauca, el presidente Iván Duque enfrenta una nueva movilización, esta vez por parte de las centrales obreras, estudiantes, educadores, movimientos agrarios, campesinos y de derechos humanos, entre otros, que saldrán hoy a las calles de las principales ciudades del país a expresar su rechazo al Plan Nacional de Desarrollo (PND), en defensa de los Acuerdos de Paz, en contra de los asesinatos de líderes sociales y a reclamar el cumplimiento de los pactos establecidos en el pasado y que, según dicen, aún están en deuda. Una protesta que implica un nuevo desafío para el Gobierno, en momentos en que el clima político luce adverso por cuenta de la discusión por las objeciones planteadas a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la baja aprobación de su gestión por parte de la opinión pública y las quejas por la falta de liderazgo de algunos ministros.

“Es el momento de juntar esfuerzos. Debemos unir las luchas para defender la vida, los territorios, la autonomía, el agua, los derechos humanos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, las garantías democráticas, y expresar nuestra voluntad de seguir construyendo la paz y la solidaridad internacionalista, a través de una agenda convergente de movilización y la realización de un paro nacional, para sembrar la esperanza y construir un nuevo país con vida digna y buen vivir”, reza la declaración política del pasado 9 de febrero, que firmaron 170 organizaciones sindicales y sociales de diversos sectores, con la que se hizo la convocatoria a la movilización. Se espera, además, una alta repercusión en el sector estatal, pues unas veinte entidades públicas anunciaron la suspensión de labores y, en otras, habrá mítines y asambleas informativas y tomas de los sitios de trabajo.

Con este panorama, las alarmas en el Gobierno están encendidas frente a posibles bloqueos o alteraciones del orden público. Voceros del Ministerio de Defensa anunciaron el despliegue de efectivos policiales —incluyendo escuadrones antidisturbios— para vigilar los principales corredores viales del país, no solo en las ciudades sino también a escala interdepartamental. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, ha insistido en que si bien se respeta el derecho ciudadano a la protesta, al mismo tiempo hay que garantizar el derecho a la libertad de transitar por el territorio nacional. En Bogotá, donde se tienen previstas las manifestaciones más grandes, con reunión final en la Plaza de Bolívar, la Policía dispondrá de cerca de 5.000 agentes para vigilar las calles. El objetivo, dicen, es neutralizar a posibles saboteadores o infiltrados en las marchas.

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Los reparos al Plan Nacional de Desarrollo

En al ámbito sindical, una de las principales motivaciones de la movilización de hoy tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que actualmente se discute en el Congreso. En un comunicado expedido esta semana, el Comando Nacional Unitario (instancia que integran las centrales sindicales, las organizaciones de pensionados y demás organizadores del paro) afirmó que el proyecto “contiene políticas, reformas y definiciones económicas que no se corresponden con las necesidades de desarrollo que requiere el país, ni contribuyen al bienestar de la población. Su contenido empeora las condiciones de atraso y pobreza existente”. En este sentido, advirtió que, en lo laboral, se profundiza la flexibilización y pretende legalizar la informalidad, dando un severo golpe al contrato laboral vigente en Colombia y a la negociación colectiva, mientras que, en lo pensional, se incluyen elementos de reforma que buscan fortalecer los fondos privados y debilitar Colpensiones.

Así, por ejemplo, una de las inconformidades que más destaca es la que tiene que ver con la eventual posibilidad de contratación por horas; es decir, que una persona pueda trabajar durante un tiempo que no comprende una jornada laboral convencional y que por ello pueda recibir supuestos “beneficios” como salud y pensión. Para Diógenes Orejuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ello significaría el fin del contrato laboral tal y como está actualmente inscrito en el país, además de la eliminación del salario mínimo, ya que un empleador, al pagar por horas, no estaría en la obligación de tener un piso de remuneración al momento de reconocer económicamente los servicios prestados por su empleado.

Sumado a lo anterior, el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Miguel Morantes, aseguró que dicho aval también terminaría en un deterioro pensional para los trabajadores, ya que, al no devengar un salario mínimo, sus ahorros serían pasados a los Beneficios Económicos Periódicos (BEP), lo que, a largo plazo, significaría pensiones por debajo del ingreso mensual mínimo vigente y la imposibilidad de que el beneficiario pueda heredar su pensión a sus familiares. “La seguridad social desaparecería paulatinamente para pasar a llamarse protección social; Colpensiones y demás sistemas de pensión serían reemplazados por los BEP, y con ello, las generaciones futuras no tendrían para poder subsistir”, recalcó Morantes.

Frente a este debate, el viceministro de Trabajo, Carlos Baena, ha dicho que lo que busca el Gobierno es dar la posibilidad a las personas que no pueden cumplir una jornada laboral, como por ejemplo los estudiantes, para que puedan desarrollar una labor durante un tiempo más corto, amparados bajo la formalidad y gozando de los beneficios que esta brinda como salud y pensión. El funcionario aseguró que el 45 % de los trabajadores en Colombia son de tiempo parcial, porcentaje que está conformado en su gran mayoría por campesinos, quienes, en un 85 %, se encuentran laborando en condiciones de informalidad.

Otro que califica al PND como una reforma pensional y laboral es Percy Oyola, vocero de la Confederación General del Trabajo (CGT), a quien le preocupa que lo contenido en el documento no haya sido consultado con los trabajadores ni sea el resultado de un acuerdo alcanzado en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. En suma, siente que se están tomando decisiones violando los canales establecidos para su definición. A su vez, Jhon Jairo Díaz, quien representa a la Confederación Democrática de Pensionados, advirtió de se trata de una reforma que se estaría camuflando con el nombre de “protección para la vejez”, mecanismo mediante el cual, asegura, se busca dar menos de un salario mínimo a los jubilados, “llevándolos a la pobreza y a la miseria”.

Los reclamos de Fecode

Según los cálculos que se hacen, unos 300.000 profesores se vincularán hoy a la jornada de protesta, lo que implica que unos ocho millones de niños y jóvenes no tendrán clases. La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) ha anunciado una “toma de Bogotá” y de otras capitales del país y, si bien la ministra de Educación, María Victoria Angulo, asegura que son más de cuarenta las reuniones con el gremio de los educadores y que se les ha cumplido en peticiones tan esenciales como la reforma al Sistema General de Participación, los avances en preescolar y la búsqueda del mejoramiento de los servicios de salud, para Fecode siguen pendientes otros temas claves y dicho servicio de salud sigue siendo “pésimo e indignante”, tanto para el magisterio como para sus grupos familiares, por parte de los prestadores, la Fiduprevisora y el mismo Gobierno.

Además, agrega el sindicato de los profesores, el PND ahonda más los procesos de privatización de la educación pública y pretende desconocer los acuerdos pactados y las conquistas ganadas en los pliegos de peticiones anteriores. Por último, Fecode denuncia que no cesa el señalamiento y la estigmatización a los educadores y su organización sindical con nombre propio: el partido de Gobierno, el Centro Democrático, en su pretensión de desconocer la autonomía escolar y la libertad de expresión.

Es este último punto, precisamente, otro de los motivos de la jornada de protesta: las amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos, líderes sociales, sindicales y populares, entre ellos de los maestros, que se presentan en todo el país. Hay otras peticiones: la continuidad de los diálogos con el Eln para buscar una paz completa, el rechazo a lo que se considera es la indebida ingerencia de Estados Unidos en el país y en Venezuela, la negación del conflicto armado, los derechos de las víctimas y el fortalecimiento del paramilitarismo que vive hoy el país. Incluso, los cafeteros de Risaralda y Tolima se movilizarán para exigir una solución a la crisis económica que enfrenta el sector y en Tumaco protestarán por la falta de garantías para vivir dignamente y la falta de agua. Como se ve, son múltiples los motivos del paro y de diferentes sectores que quieren hacerse escuchar por el gobierno Duque.

Veinte días después de superados los bloqueos de la minga indígena en el Cauca, el presidente Iván Duque enfrenta una nueva movilización, esta vez por parte de las centrales obreras, estudiantes, educadores, movimientos agrarios, campesinos y de derechos humanos, entre otros, que saldrán hoy a las calles de las principales ciudades del país a expresar su rechazo al Plan Nacional de Desarrollo (PND), en defensa de los Acuerdos de Paz, en contra de los asesinatos de líderes sociales y a reclamar el cumplimiento de los pactos establecidos en el pasado y que, según dicen, aún están en deuda. Una protesta que implica un nuevo desafío para el Gobierno, en momentos en que el clima político luce adverso por cuenta de la discusión por las objeciones planteadas a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la baja aprobación de su gestión por parte de la opinión pública y las quejas por la falta de liderazgo de algunos ministros.

“Es el momento de juntar esfuerzos. Debemos unir las luchas para defender la vida, los territorios, la autonomía, el agua, los derechos humanos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, las garantías democráticas, y expresar nuestra voluntad de seguir construyendo la paz y la solidaridad internacionalista, a través de una agenda convergente de movilización y la realización de un paro nacional, para sembrar la esperanza y construir un nuevo país con vida digna y buen vivir”, reza la declaración política del pasado 9 de febrero, que firmaron 170 organizaciones sindicales y sociales de diversos sectores, con la que se hizo la convocatoria a la movilización. Se espera, además, una alta repercusión en el sector estatal, pues unas veinte entidades públicas anunciaron la suspensión de labores y, en otras, habrá mítines y asambleas informativas y tomas de los sitios de trabajo.

Con este panorama, las alarmas en el Gobierno están encendidas frente a posibles bloqueos o alteraciones del orden público. Voceros del Ministerio de Defensa anunciaron el despliegue de efectivos policiales —incluyendo escuadrones antidisturbios— para vigilar los principales corredores viales del país, no solo en las ciudades sino también a escala interdepartamental. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, ha insistido en que si bien se respeta el derecho ciudadano a la protesta, al mismo tiempo hay que garantizar el derecho a la libertad de transitar por el territorio nacional. En Bogotá, donde se tienen previstas las manifestaciones más grandes, con reunión final en la Plaza de Bolívar, la Policía dispondrá de cerca de 5.000 agentes para vigilar las calles. El objetivo, dicen, es neutralizar a posibles saboteadores o infiltrados en las marchas.

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Los reparos al Plan Nacional de Desarrollo

En al ámbito sindical, una de las principales motivaciones de la movilización de hoy tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que actualmente se discute en el Congreso. En un comunicado expedido esta semana, el Comando Nacional Unitario (instancia que integran las centrales sindicales, las organizaciones de pensionados y demás organizadores del paro) afirmó que el proyecto “contiene políticas, reformas y definiciones económicas que no se corresponden con las necesidades de desarrollo que requiere el país, ni contribuyen al bienestar de la población. Su contenido empeora las condiciones de atraso y pobreza existente”. En este sentido, advirtió que, en lo laboral, se profundiza la flexibilización y pretende legalizar la informalidad, dando un severo golpe al contrato laboral vigente en Colombia y a la negociación colectiva, mientras que, en lo pensional, se incluyen elementos de reforma que buscan fortalecer los fondos privados y debilitar Colpensiones.

Así, por ejemplo, una de las inconformidades que más destaca es la que tiene que ver con la eventual posibilidad de contratación por horas; es decir, que una persona pueda trabajar durante un tiempo que no comprende una jornada laboral convencional y que por ello pueda recibir supuestos “beneficios” como salud y pensión. Para Diógenes Orejuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ello significaría el fin del contrato laboral tal y como está actualmente inscrito en el país, además de la eliminación del salario mínimo, ya que un empleador, al pagar por horas, no estaría en la obligación de tener un piso de remuneración al momento de reconocer económicamente los servicios prestados por su empleado.

Sumado a lo anterior, el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Miguel Morantes, aseguró que dicho aval también terminaría en un deterioro pensional para los trabajadores, ya que, al no devengar un salario mínimo, sus ahorros serían pasados a los Beneficios Económicos Periódicos (BEP), lo que, a largo plazo, significaría pensiones por debajo del ingreso mensual mínimo vigente y la imposibilidad de que el beneficiario pueda heredar su pensión a sus familiares. “La seguridad social desaparecería paulatinamente para pasar a llamarse protección social; Colpensiones y demás sistemas de pensión serían reemplazados por los BEP, y con ello, las generaciones futuras no tendrían para poder subsistir”, recalcó Morantes.

Frente a este debate, el viceministro de Trabajo, Carlos Baena, ha dicho que lo que busca el Gobierno es dar la posibilidad a las personas que no pueden cumplir una jornada laboral, como por ejemplo los estudiantes, para que puedan desarrollar una labor durante un tiempo más corto, amparados bajo la formalidad y gozando de los beneficios que esta brinda como salud y pensión. El funcionario aseguró que el 45 % de los trabajadores en Colombia son de tiempo parcial, porcentaje que está conformado en su gran mayoría por campesinos, quienes, en un 85 %, se encuentran laborando en condiciones de informalidad.

Otro que califica al PND como una reforma pensional y laboral es Percy Oyola, vocero de la Confederación General del Trabajo (CGT), a quien le preocupa que lo contenido en el documento no haya sido consultado con los trabajadores ni sea el resultado de un acuerdo alcanzado en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. En suma, siente que se están tomando decisiones violando los canales establecidos para su definición. A su vez, Jhon Jairo Díaz, quien representa a la Confederación Democrática de Pensionados, advirtió de se trata de una reforma que se estaría camuflando con el nombre de “protección para la vejez”, mecanismo mediante el cual, asegura, se busca dar menos de un salario mínimo a los jubilados, “llevándolos a la pobreza y a la miseria”.

Los reclamos de Fecode

Según los cálculos que se hacen, unos 300.000 profesores se vincularán hoy a la jornada de protesta, lo que implica que unos ocho millones de niños y jóvenes no tendrán clases. La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) ha anunciado una “toma de Bogotá” y de otras capitales del país y, si bien la ministra de Educación, María Victoria Angulo, asegura que son más de cuarenta las reuniones con el gremio de los educadores y que se les ha cumplido en peticiones tan esenciales como la reforma al Sistema General de Participación, los avances en preescolar y la búsqueda del mejoramiento de los servicios de salud, para Fecode siguen pendientes otros temas claves y dicho servicio de salud sigue siendo “pésimo e indignante”, tanto para el magisterio como para sus grupos familiares, por parte de los prestadores, la Fiduprevisora y el mismo Gobierno.

Además, agrega el sindicato de los profesores, el PND ahonda más los procesos de privatización de la educación pública y pretende desconocer los acuerdos pactados y las conquistas ganadas en los pliegos de peticiones anteriores. Por último, Fecode denuncia que no cesa el señalamiento y la estigmatización a los educadores y su organización sindical con nombre propio: el partido de Gobierno, el Centro Democrático, en su pretensión de desconocer la autonomía escolar y la libertad de expresión.

Es este último punto, precisamente, otro de los motivos de la jornada de protesta: las amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos, líderes sociales, sindicales y populares, entre ellos de los maestros, que se presentan en todo el país. Hay otras peticiones: la continuidad de los diálogos con el Eln para buscar una paz completa, el rechazo a lo que se considera es la indebida ingerencia de Estados Unidos en el país y en Venezuela, la negación del conflicto armado, los derechos de las víctimas y el fortalecimiento del paramilitarismo que vive hoy el país. Incluso, los cafeteros de Risaralda y Tolima se movilizarán para exigir una solución a la crisis económica que enfrenta el sector y en Tumaco protestarán por la falta de garantías para vivir dignamente y la falta de agua. Como se ve, son múltiples los motivos del paro y de diferentes sectores que quieren hacerse escuchar por el gobierno Duque.