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Una nueva escalada de tensiones con alcaldes y gobernadores fue protagonizada por el presidente Gustavo Petro durante el más reciente consejo de ministros. En medio de un paro nacional por el incremento de los avalúos catastrales y la crisis arancelaria con Ecuador, el jefe de Estado estimó la posibilidad de destituir a mandatarios regionales, así como la opción de decretar un estado de excepción para implementar esa medida.
Desde Nariño el mandatario se refirió al paro nacional y aseguró que “lo que tienen que hacer los alcaldes es bajarle la tasa sobre el avalúo al impuesto predial que es determinado por la tasa. Los alcaldes y concejos municipales tienen competencia exclusiva en eso, no el gobierno nacional. (...) Cada municipio sabe cómo es. No lo vamos a determinar nosotros. Es un pacto municipal sobre el predial en amables y cabildos abiertos. Aprendamos de las leyes. ¿Acaso los pueblos de Santander no sabían que eran cabildos abiertos?"
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En este sentido, el presidente aseguró que “hay que llevar la comida del pueblo. La comida del pueblo se libera sí o sí”, pero, además, afirmó que “si hay que llevar presos a los alcaldes se llevan presos. No por orden nuestra, sino de la justicia y del Contralor. Y el Procurador puede suspenderlos de inmediato. Y los campesinos no se golpean ni le vamos a sacar ojos porque eso lo hacen los uribistas”.
“Los campesinos que están en esas barricadas de Santander con un gobernador de derecha, de ultra derecha, pero por qué meten al campesino a hacer una barricada contra el gobierno nacional cuando es el alcalde que tiene a facultad de presentarle la exoneración a su Concejo a los más pobres”, dijo el presidente.
En este panorama las respuestas no se hicieron esperar. Inicialmente, desde la Federación Nacional de Departamentos (FND) rechazó las palabras del presidente Petro y expresó su solidaridad con alcaldes y gobernadores del país. "La Constitución Política de Colombia es clara al establecer la autonomía de las entidades territoriales y que los alcaldes son jefes de la administración local elegidos por voto popular, lo anterior sin subordinación jerárquica al Gobierno nacional. En este sentido, cualquier afirmación que sugiera la facultad de ordenar la salida inmediata de alcaldes de sus cargos carece de sustento jurídico y desconoce que su permanencia está sujeta exclusivamente a los procedimientos y autoridades definidos por la ley", aseguraron en un comunicado.
No obstante, el presidente respondió directamente a esta organización y señaló sí tener esas facultades señalando que la “Constitución y una ley estatutaria y decreto de estado de conmoción interior, se destituyen de acuerdo a la ley y lo hace el presidente. Orden público es una causa por Constitución y donde el alcalde cometa delito la convención americana de DDHH permite destituir alcaldes”.
Horas antes el ministro del Interior, Armando Benedetti, ya había señalado a los mandatarios regionales por este tipo de aumentos. Y tras las palabras del jefe de Estado, la cabeza de la cartera política dijo que “el presidente se está refiriendo a lo que taxativamente dice la ley. Si alguien los suspende o hay una falta absoluta, lo dice taxativamente la ley, se puede destituir al alcalde. Pero a lo que va el Presidente es que se restituye o se vuelve a la normalidad si hay un acuerdo el día de hoy”, durante una entrevista en Noticias Caracol. Además dijo: “El presidente lo puede hacer. Y la Procuraduría puede tomar la decisión en cualquier momento”.
Esas declaraciones calaron a varios mandatarios, quienes encendieron alerta por lo que consideraron una “amenaza” contra la institucionalidad. Por ejemplo, la gobernadora Dilian Francisca Toro (Valle del Cauca) dijo que “el aumento del catastro que está afectando a nuestros campesinos en el Valle, responde a una resolución del Gobierno Nacional, a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en cumplimiento del Plan de Desarrollo".
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Pero a ese señalamiento Petro respondió afirmando que Toro “no está defendiendo a los campesinos, usted está defendiendo a los grandes azucareros que monopolizan el uso de la tierra en el Valle del Cauca, y a quienes se han apropiado de la tierra oscuramente; ellos son sus amigos y usted quiere que no le paguen los impuestos a los municipios”.
De otro lado, el gobernador Andrés Julián Rendón (Antioquia), señaló al presidente de “bravucón” y afirmó que el jefe de Estado “esconde una cobardía que lo define. Tan bravito amenazando a los Alcaldes, pero tan blandengue que es con los bandidos”.
En tanto, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, estimó que en medio de este panorama ya hay un acuerdo para poner fin al paro, pero resaltó sobre las declaraciones del presidente que “no tiene facultad para destituir alcaldes. Y tomo como fundamento una doctrina que ha pregonado el mismo presidente, que una entidad administrativa como la Procuraduría no puede destituir a un alcalde. Tampoco lo puede hacer un gobernador o Presidente. El mundo de twitter es algo diferente”. Además dijo que él no promueve paros ante los señalamientos desde el Ejecutivo.
Y mientras esta disputa se desarrollaba, todo en clave electoral por parte del jefe de Estados quien acusó al “uribismo” de tener múltiples intereses en estos casos, entre el Instituto Agustín Codazzi y los promotores del paro en Santander se llegó a un acuerdo para la revisión de los avalúos que en algunas regiones quintuplicó su cobro.
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