Este martes, el presidente Iván Duque Márquez, en compañía de los representantes de los partidos que participaron de la Mesa Técnica Anticorrupción, radicaron un total de siete proyectos que fueron acordados en las sesiones que se desarrollaron durante dos semanas.
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Las iniciativas legislativas presentadas fueron la congelación y posterior reducción del salario de los congresistas, cárcel para corruptos y prohibición de contratación con el Estado, la extensión de los pliegos tipo a otros sectores del Estado, la implementación de audiencias públicas para definir presupuesto, la obligatoriedad de la rendición de cuentas, la presentación de rendición de cuentas y de declaración de renta, y la limitación a máximo tres períodos en las corporaciones públicas de elección popular.
"Hoy se demuestra que cuando el país se une en torno a propósitos comunes se construyen soluciones. Nosotros, los que estamos hoy presentes, en representación de partidos, presidentes de las corporaciones de Senado y Cámara, estamos comprometidos con derrotar el cáncer de la corrupción. Ha sido un flagelo que ha golpeado a Colombia en todos los niveles y el 26 de agosto salimos a votar para solidarizarnos con el sentimiento colectivo y decir que llegó el momento de actuar con firmeza al unísono", señaló el mandatario.
Y agregó, "ya poco importa si no se alcanzó el umbral porque lo que se logró fue un consenso entre todos. Se instaló la Mesa Técnica que se reunió durante varias semanas y hoy le cumple a Colombia presentando un paquete de proyectos de lucha contra la corrupción. (Se espera que) antes de finalizar 2018 se aprueben".
Por su parte, la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, invitó a que los ciudadanos hagan veeduría a este proceso. "Estos proyectos reflejan fielmente los siete mandatos de la Consulta Anticorrupción. Ya se hizo la radicación, no hay ningún 'mico' en lo radicado. Llegó la hora de que los ciudadanos estén encima exigiendo a los partidos políticos que lo voten"
Aunque la intención del presidente es que se les dé celeridad a los proyectos para que estén listos en diciembre de 2018, es probable que no se cumpla con este plazo debido a los tiempos dentro del Congreso y a otros proyectos que ya se encontraban en la agenda legislativa.
"Todos (los proyectos) van con mensaje de urgencia. Eso abrevia los tiempos, puede sesionar en conjunto Senado y Cámara. Ya está en orden del día la reforma política y de justicia. Creo, siendo realista, que estos proyectos se conviertan en ley en junio del año entrante", dijo Lozano.
Los proyectos radicados
El primer punto es el de la reducción del salario de los congresistas y altos funcionarios, que pasaría de 40 a 25. Además, se presentaron las propuestas para desvincular la medición de estos salarios entre los de los legisladores y los demás funcionarios del Gobierno; y para eliminar el parágrafo que dicta que ningún salario puede estar por encima al de los congresistas. Por ende, se espera que el congelamiento de los sueldos se dé hasta 2022 para que a partir del 20 de julio de ese año se implemente la medida.Lea: Listo proyecto para congelar salario de los congresistas.
La segunda iniciativa hace referencia a que las sanciones a los funcionarios que atenten contra la administración pública sea de carácter de delito doloso, por lo que no habrán beneficios y tratamiento especial por tratarse de empleados del Gobierno. Asimismo, quienes hayan cometido abusos en este sentido, incluidas las empresas, no podrán contratar de nuevo con el Estado.
En cuanto a los pliego tipo, el paquete de proyectos quiere que se apliquen estos a cualquier proceso de selección a través de licitación pública, bien sea de carácter nacional o regional. Así pues, será el mismo Gobierno el que determine las condiciones técnicas y económicas de escogencia.
El cuarto punto, referente a las audiencias públicas, busca que los colombianos tengan conocimiento del presupuesto de inversiones y destinación de esos recursos a nivel nacional y regional antes de su aprobación. Además, los ciudadanos podrán hacer seguimiento de estos dineros y el cumplimientos mediante audiencias de rencidión de cuentas.
De igual forma, respecto a la rendición de cuentas, el paquete busca que congresistas, diputados, concejales y miembros de las Juntas de Acción Comunal hagan anualmente una audiencia pública para detallar las actividades de esas corporaciones. También, en este punto está la propuesta de crear un bloque de búsqueda anticorrupción y un registro público de cabildeo o, mejor conocido, lobby.
En el paquete presentado también se propuso la definición de conflicto de intereses cuando un funcionario se declara impedido frente a una situación. Además, en este punto se pretende obligar a los servidores públicos, altos magistrados de las cortes y cargos directivos en organismos de control, Gobierno y entes territoriales y municipales, a presentar la declaración de renta de bienes, impuesto a la renta y conflicto de intereses antes de posesionarse.
Por último, se busca reducir a tres períodos, como máximo, la representación de los legisladores de las corporaciones nacionales, departamentales y municipales.
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Por -Redacción Política
