Cambio Radical denuncia presión en nombramientos para aprobar el Código Electoral

Germán Córdoba, director de la colectividad, acusó a una parte del Congreso de estar ejerciendo presión para nombrar en altos cargos de la Registraduría a sus allegados, a cambio de aprobar la reforma al Código Electoral.

22 de noviembre de 2022 - 05:16 p. m.
Germán Córdoba, director de Cambio Radical, denunció que detrás de la aprobación de Código Electoral hay “una oferta de ampliar de cargos muy jugosos y apetitosos” para acelerar el trámite en el Congreso.
Germán Córdoba, director de Cambio Radical, denunció que detrás de la aprobación de Código Electoral hay “una oferta de ampliar de cargos muy jugosos y apetitosos” para acelerar el trámite en el Congreso.

Cada vez son más los reparos que surgen sobre el proyecto de reforma al Código Electoral, que se planteó desde la Registraduría con el fin de modificar los procesos electorales. Al estar a la vuelta de la esquina las elecciones de 2023, que se realizarán el 29 de octubre, son varias las voces que vienen expresando su preocupación por la posible inconveniencia de aprobar la iniciativa, que además se discute con mensaje de urgencia y por tanto su trámite se está acelerando en el Congreso.

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En medio de esa prisa con la que se espera tramitar el proyecto, el lunes se adelantó una audiencia pública en la que los interesados en la iniciativa plantearon sus dudas. El director de Cambio Radical (CR), Germán Córdoba, intervino en la sesión e hizo duras críticas al proyecto. Incluso, denunció que parte del Congreso está una serie de presiones para nombrar en cargos en la Registraduría a cambio de aprobar la iniciativa.

Durante su intervención, Córdoba comparó el trámite del proyecto con “burros que les ponen una zanahoria por delante para que avancen” y aseguró que mediante la iniciativa se ampliará la planta de la Registraduría. “En este Congreso aprobaron una reforma tributaria, en mi humilde concepto absolutamente inconveniente para este país, pero no era una reforma tributaria para llenar de burocracia al Estado colombiano”, afirmó.

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En medio del trámite de una iniciativa que para el Gobierno contempla algunos beneficios para el sistema electoral integrando “en una sola norma múltiples normas dispersas durante décadas”, de acuerdo con el ministro del Interior, Alfonso Prada, hay algo más según Córdoba y es “una oferta de ampliar de cargos muy jugosos y apetitosos” con lo que a su juicio solo se busca “aceitar el trámite en el Congreso”.

El director de CR dijo tener un listado de más de 100 cargos en la Registraduría que se han nombrado “gracias a la recomendación o a la cercanía de un parlamentario”, por lo que hizo varios cuestionamientos para la discusión que se dará esta semana: “¿Esos parlamentarios se van a declarar impedidos?” Eso fue en el trámite anterior, ¿qué ofrecimientos se están haciendo en este?”.

En dicho listado, que reveló este martes W Radio, se incluyen nombres como los del registrador delegado en Córdoba, Willington Antonio Cuesta; los registradores delegados en la Guajira, José Javier Díaz y Martha Amparo Rocha; los registradores delegados en Putumayo, Diego Alexander García y Lida Alexandra Ordóñez; los registradores delegados en Tolima, César Augusto Bocanegra y Luiyen Barrero Salazar, y el registrador municipal de Facatativá, Cundinamarca, William Mauricio Ayala, entre otros, que serían cuotas de congresistas de partido tradicionales, que incluyen a parlamentarios de Cambio Radical.

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“No podemos seguir con esa práctica deleznable de tramitar proyectos de ley ofreciendo cargos y clientelizando las entidades”, puntualizó el director de CR en la audiencia previa a la discusión del proyecto que, de acuerdo con el Gobierno, pretende reemplazar la obsoleta normativa de 1986 y busca lograr un pluralismo y representación de diversos grupos poblacionales.

Córdoba, y en general la oposición, no han sido los únicos en criticar el proyecto. Senadores más independientes como Humberto de la Calle (Centro Esperanza) calificaron como un “error del Gobierno” que se esté intentando aprobar “a la fuerza” el Código Electoral a menos de un año de las elecciones locales, en las que se elegirán a los próximos mandatarios de 32 gobernaciones, 1.103 alcaldías, 418 diputados, 12.063 concejales y 6.814 miembros de Juntas de Administradoras Locales.

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“Hay cosas buenas y otras negativas”, dijo De la Calle, quien anunció que se darán y confían “en que el Presidente de las comisiones conjuntas brinde garantías como lo ha hecho hasta ahora”. Además, el congresista y exjefe negociador del Acuerdo de Paz con las Farc pidió retirar el mensaje de urgencia, pues esto genera un trámite más expedito de los proyectos, como ocurrió con la reforma tributaria que logró aprobarse en poco más de un mes.

No son pocos los aspectos que generan preocupación sobre este proyecto, sobre todo en cuanto a los tiempos. Desde la Misión de Observación Electoral (MOE) han pedido no realizar modificaciones durante este año al Código Electoral y le solicitaron al legislativo que no se aprueben reformas al sistema político-electoral, sino que se ratifiquen hasta después de las elecciones. Esto, según la entidad, porque cualquier cambio podría incidir en las elecciones y confundir a la ciudadanía, que tendría unas nuevas reglas.

Asimismo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Fabiola Márquez, destacó que el Código Electoral “es una oportunidad para asegurar mayor deliberación en la legislación de la función electoral, tal como lo ha pedido la Corte Constitucional”, pero también solicitó “tramitar sin afán este proyecto” para que así se den las “plenas garantías del derecho fundamental de la democracia, la transparencia y del principio democrático”.

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Y el propio Córdoba dijo durante la audiencia pública que este proyecto “es casi el mismo” que fue aprobado en diciembre de 2020, pero que se hundió en la revisión de la Corte Constitucional por vicios en el trámite.

“Tuvo algunas adiciones y se incluyeron temas que hace que este proyecto venga envenenado”, remató el director de CR, sobre el proyecto que a su juicio viola los preceptos que la Corte Constitucional expuso para hundir la iniciativa que aprobó el pasado Congreso, sobre todo lo relacionado con la unidad de materia.

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