Dicen algunos que la época navideña es propicia para la reflexión. De ahí que para mí sea tan importante compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la mal llamada yidispolítica y las implicaciones que ha tenido en este año que ya finaliza.
En primer lugar, creo que merece la pena detenernos en el término con el que bautizaron semejante episodio y el cual, como ya dije en un principio, no comparto en absoluto ¿Qué es la yidispolítica? ¿Qué significado intrínseco tiene? ¿No es muy peligroso politizar de esa forma un proceso judicial tan complejo, o será que esto es una expresión de la judicialización de la política? ¿Cómo podemos esperar que no se politice el tema cuando el mismo término con el que algunos acuñaron y popularizaron el proceso habla por sí solo?
Por ese motivo, no es extraño que algunos congresistas y la misma oposición aprovechen esta “denominación de origen” para condenar a los presuntos implicados a una presunción de culpabilidad y no a la presunción de inocencia, como debería ser y como un Estado de Derecho garantiza.
Quiero aclarar que me refiero a una condena velada de ciertos sectores de la sociedad, que por diferentes circunstancias no están ni estarán interesados en una crítica del testimonio de la señora Yidis Medina. Es obvio que el espectáculo es demasiado apetitoso como para hacer un análisis imparcial y despolitizado del tema. Y nosotros, los funcionarios públicos, sabemos que por la naturaleza de nuestro cargo, estamos obligados a un escrutinio mucho más riguroso y exigente que los demás. Sin embargo, eso no significa que no seamos dolientes de las injusticias y comentarios frívolos que afectan nuestro proceder y el de nuestra familia. Significa que como cualquier ciudadano reclamamos el principio de presunción de inocencia al que obstinadamente algunos se resisten.
Esto viene a colación de la campaña mediática que algunos sectores tan exitosamente han estado trabajando. Los mismos que reclamaban justicia a gritos y que ante el fallo de la tutela interpuesta ante el Consejo Superior de la Judicatura, lo descalificaron de inmediato e incluso se atrevieron a invitar a la desobediencia de esa orden judicial. Sobra decir que algunos opositores malintencionados trataron de convertir el fallo en un simple trofeo de la politiquería.
Afortunadamente no es esta la percepción del caso en la Colombia profunda. Y no me refiero a la Colombia de los cocteles en donde se traman episodios como los anteriormente mencionados. Me refiero a las diferentes regiones que habitualmente visito y que reclaman menos show electoral y menos espectacularidad mediática, pero sí un mayor fortalecimiento institucional, con discusiones concretas. Esa Colombia, que es la mayoría, exige resultados y pruebas inmediatas.
De ahí que el contrainterrogatorio de la señora Yidis Medina fuera para mí tan esperado y anhelado. Un contrainterrogatorio que, como todos saben, fue aplazado en varias oportunidades por los diferentes inconvenientes que sufrió la ex congresista y que se llevó a cabo con todas las garantías que requería el caso.
Ojalá en un futuro este contrainterrogatorio sea analizado y ventilado minuciosamente por los mismos que nos condenaron a una presunción de culpabilidad.
Por ahora, sólo cabe esperar que la justicia obre respetando la presunción de inocencia, despolitizando el proceso judicial y haciendo una firme e intensa crítica del testimonio.
*Ministro de Protección Social
La historia detrás del proceso judicial
La yidispolítica se inició en marzo de 2008, cuando la parlamentaria Yidis Medina, en entrevista con El Espectador, anunció la publicación de un libro en donde revelaría las intimidades del proyecto de reelección presidencial. Después el periodista Daniel Coronell sacó a luz pública una entrevista que le había hecho a la ex congresista, en donde detalló las dádivas que recibió del Gobierno. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que la condenó. Hoy están en la cárcel los ex congresistas Teodolindo Avendaño e Iván Díaz y son procesados el ministro Diego Palacio y el embajador Sabas Pretelt, entre otros funcionarios.
Por Diego Palacio Betancourt *
