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En los pasillos de la Casa de Nariño y de varios ministerios del Gobierno hay varios funcionarios que miran con recelo el monto presupuestal que se le asignó al Consejo Nacional Electoral (CNE) para 2025. De acuerdo con el decreto que fue dado a conocer este jueves, la entidad tendría $1,06 billones para la vigencia, casi todos para gastos de funcionamiento.
El datos es, para varios en la administración, por lo menos inquietante, pues se trata de un crecimiento de casi cinco veces con respecto a lo asignado este año, en el que le otorgaron $224 mil millones. Fuentes del propio CNE resaltan que el CNE logró en 2023 su autonomía presupuestal y que por lo tanto requiere de muchas inversiones para trabajar sin dependencia de la Registraduría.
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Este argumento, sin embargo, genera resistencia en el Gobierno e incluso en el Congreso, donde en varias oportunidades han planteado una posible duplicidad de funciones en materia electoral. De hecho, ante denuncias de El Espectador sobre contratación cuestionable en el CNE, algunos congresistas han pedido revisar cómo se está ejecutando el dinero en el sector.
Por ahora, lo cierto es que la cifra de un billón molesta a algunas entidades en cabeza de figuras del petrismo que se vieron duramente golpeadas por la crisis de caja del último año y que verán nuevos recortes por los problemas con la ley de financiamiento. De hecho, varios ya han empezado a preguntar, en voz baja, si el CNE también tendrá una reducción significativa luego del 2 de enero de 2025, cuando se conozca el ajuste al presupuesto.
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Entre tanto, en el palacio presidencial toman con pinzas el tema, pues bien es sabido que el presidente Gustavo Petro mantiene un duro choque con los magistrados de ese tribunal por la decisión que tomaron de investigarlo directamente por la aparente violación del tope de gastos en la campaña del 2022.
Aunque no se descarta que ese billón de pesos del CNE baje, porque en teoría todos los sectores sufrirán reducciones por el hueco de $12 billones en el monto general, en el Gobierno actuarán con cautela previniendo que los cambios sean vistos como una suerte de revancha o que la oposición los utilice para cuestionar a Petro en medio de su proceso.
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