El recorte presupuestal presentado por el Ministerio de Hacienda tras semanas de especulación, que aplaza montos de $600.000 millones a entidades como el Consejo Nacional Electoral, generó una ola de críticas. Incluso, fue señalado de ser una “venganza política” que habría tomado el presidente Gustavo Petro contra sus detractores.
De las primeras reacciones en salir fue la del Consejo Nacional Electoral. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, hoy presidido por el magistrado Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), se advirtió que esto podría afectar sus “actividades misionales” y no hubo “un criterio de proporcionalidad frente a otras entidades para la decisión del aplazamiento presupuestal y tampoco de razonabilidad en atención a la autonomía de esta autoridad electoral”.
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Y una de las principales alertas fue por las elecciones de 2025 y 2026. De acuerdo con Prada, ven con “suma preocupación” el aplazamiento del 56,7 % del monto asignado, lo que “representa la totalidad del componente electoral”. Varios congresistas de la oposición han señalado que se trataría de una respuesta del mandatario a las investigaciones que se adelantan en su contra en ese órgano.
“Se solicitará al Gobierno replantear el aplazamiento, sin perjuicio de que se estudien las medidas jurídicas procedentes para controvertir lo decidido en dicho decreto. Asimismo, se solicitará a los organismos de control la intervención inmediata para que esta situación que se advierte irregular tenga, por supuesto, un correctivo inmediato”, aseguró.
La senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático), por su lado, aseguró que “más parecen una venganza de Petro”. Recordó que el mandatario es investigado por violación de topes, así como otros roces que ha tenido el Gobierno nacional con autoridades locales.
"Le reduce presupuesto al Metro de Bogotá porque no era el que él quería. Le baja presupuesto a Medellín donde graduó de enemigo al alcalde Federico“, indicó.
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La misma exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, apuntó que se trata de otro intento del mandatario por “frenar” el metro, "suspendiéndole el presupuesto 2025 a las obras y ciudades que sí hacen y ejecutan y no a sus programas ineficaces y sin ejecución". Agregó que “los convenios de cofinanciación del gobierno nacional con las alcaldías y gobernaciones son contratos que no puede modificar e incumplir unilateralmente”.
“¡Bogotá Región, Cali y Medellín se respetan! Ni el metro, ni los trenes, ni las obras pararán por cuenta de la venganza política de Petro a los ciudadanos y alcaldes de esas ciudades. El presidente no puede poner y quitar a capricho recursos a proyectos y ciudades según sus preferencias ideológicas", dijo.
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El presidente por su parte, ya negó que las preocupaciones del CNE se sustentaran, pues “el presupuesto de las elecciones está en la Registraduría y no fue aplazado”. Además, señaló que tampoco lo fue “el presupuesto de financiación de partidos que maneja el CNE”.
Con respecto a los departamentos que serían afectados por el aplazamiento, precisó que “es para todas las regiones”. La respuesta se dio después de que la representante Katherine Miranda (Alianza Verde) subrayara que se aplazaría el pago de $770.000 millones del Metro de Bogotá, $328.000 millones del Transmilenio de la Calle 13 y $87.000 millones de la Región Metropolitana.
“No pagar las vigencias futuras es ilegal y además incumple los contratos y pone en riesgo la financiación de todas las obras por no honrar los compromisos de la nación“, indicó la congresista.
Con esto, Petro volvió a traer a colación la votación de las comisiones económicas sobre el tema y apuntó que los recortes fueron provocados por “la actitud aberrante” de estos órganos, “que por salvar dueños mafiosos de los juegos de suerte y azar, no permitieron la financiación del presupuesto”.
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