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Estuvo dura la pelea en el Senado y el Centro Democrático ganó el pulso político.
Hubo dos buenas noticias. Logramos sacar la aprobación de la reglamentación de la JEP en un día. Yo asumí la coordinación de ponentes apenas en la noche del martes. Aprobar 72 de los 74 artículos es un mensaje positivo. El segundo mensaje es que, a pesar de los dos lunares con los que pasó, la JEP puede actuar plenamente y empezaremos a tener verdad a favor de las víctimas, al menos de una parte, que es la se ha sometido a la justicia transicional y ha cumplido con la dejación de armas, que son las Farc.
Con los dos lunares se refiere a los dos artículos propuestos por el Centro Democrático y que pasaron. ¿Cuál es el problema ahí?
El problema más grave, en mi opinión, es el tema de los militares, porque mientras las víctimas de las Farc empezaron a recibir la verdad por parte de la exguerrilla, a las madres de La Candelaria les toca esperar 18 meses más. Eso es una revictimización y una indolencia con las víctimas. Pareciera que a quienes impulsaron ese artículo no les importan ni las víctimas ni los 84.000 desaparecidos y sus familiares, ni la verdad sobre los miles de casos de falsos positivos. El articulito que suspende la comparecencia de miembros de la Fuerza Pública a la JEP también congela el dolor de las víctimas.
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¿Y qué implica eso para las Fuerzas Militares?
Es muy malo para las Fuerzas Militares, por varias razones. La primera es que la estructura jurídica que trae la JEP para los militares fue trabajada con el Ministerio de Defensa y los mandos militares. Esa estructura tiene un concepto clave, que es el de inescindibilidad, es decir, que no se puedan escindir las normas que le son favorables a la guerrilla de las que son favorables a las Fuerza Militares. Está proscrito por el derecho internacional la posibilidad de que haya autoindultos, que los estados fabriquen regulaciones para favorecer a los agentes del Estado. Eso se cae, es inconstitucional. Separar a los militares para mandarlos a una sala especial los deja frágiles ante la Corte Penal Internacional (CPI).
¿Cuál es la otra razón?
Se les ha dicho que suspenden su comparecencia y esperan 18 meses. Esperar por nada, porque es imposible que puedan fabricar un fuero penal militar para juzgar delitos graves que están prohibidos en el derecho internacional humanitario y el Estatuto de Roma. También les han dicho que tienen la posibilidad voluntaria de escoger si se quedan en la JEP como está o si esperan ese tiempo hasta que se cree el nuevo tribunal. Eso es inconstitucional. Ningún ciudadano puede escoger su juez; es un principio fundamental del derecho penal.
Pero desde el Centro Democrático se ha dicho que hay miedo por parte de los militares.
Entiendo que hay dos miedos. Uno, a posibles falsos testigos contra los mandos militares. Les han dicho que en la justicia transicional cualquier subalterno se ve obligado a confesar o inventar delitos contra sus superiores para salvarse. Error enorme. Ese riesgo existe en la justicia penal ordinaria y ya ha ocurrido. Dejar de ir a la protección de la JEP es quedar sometidos a la justicia ordinaria, donde basta un principio de oportunidad para que cualquier subalterno acuse a sus superiores falsamente. Es decir, el riesgo de falsos testigos está en cualquier jurisdicción, y es peor en la ordinaria, porque las condenas son de 40 años. En la JEP son más favorables.
¿Y el otro miedo?
Les han vendido la idea a los militares de que los magistrados de la JEP son sesgados. Hay una presunción de culpabilidad, como si todos fueran prevaricadores. Basta revisar la lista: hay expresidentes de la Corte Constitucional, expresidentes del Consejo de Estado, exmagistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, exprocuradores delegados. Hay gente con unas hojas de vida absolutamente impecables. Es una mentira como esa de que las Farc iban a ganar las elecciones con las caletas de dinero, y a duras penas sacaron 50.000 votos. Esos dos artículos son inconstitucionales y se van a caer.
¿Y cuál es el problema constitucional que tendría el artículo modificado sobre extradición?
Tanto el Acuerdo de Paz, que es acuerdo especial, como el acto legislativo 01 de 2017 y la Ley Estatutaria de la JEP determinan que esta justicia, en casos en los que se comete un nuevo delito, tiene que verificar la fecha de cometimiento. La ponencia decía que lo mínimo es comprobar la fecha, nada más. No la autorizábamos para que hiciera pruebas de fondo. Lo que se aprobó le prohíbe a la JEP hacer pruebas, siquiera, para verificar si el individuo solicitado en extradición es efectivamente la persona.
Pero usted también sostenía una tesis sobre soberanía y los intereses de la DEA.
Esta es mi posición personal, como ponente. El hecho de que se autorice la extradición de cualquier ciudadano colombiano sin que ninguna autoridad nacional pueda verificar si verdaderamente cometió el delito, sujeto solamente a la decisión de una agencia antidrogas de otro país, es indigno, violatorio de la soberanía, atenta contra la verdad en favor de las víctimas y, además, deja a los colombianos inermes ante la decisión de extranjeros. Lo mínimo que cualquier ciudadano merece es la protección del Estado, incluyendo el debido proceso y el derecho a la legítima defensa. Si alguien comete un delito después de la firma del Acuerdo debe ir a la justicia ordinaria e, incluso, ser extraditado, pero después de que los jueces colombianos verifiquen el delito y digan la verdad en favor de las víctimas.
¿Considera que el Centro Democrático aún quiere meter palos en la rueda a la paz?
No, no pretende meter palos en la rueda, pretende dinamitar las columnas del proceso de paz. Para hacer trizas el Acuerdo no necesitan demolerlo ladrillo a ladrillo, se necesita volar las columnas fundamentales, que fueron anunciadas por Paloma Valencia.
¿Qué tan cierto es, entonces, lo dicho por el presidente Santos de que los acuerdos están blindados, si hay nuevas fuerzas en el Congreso?
Esas nuevas mayorías que tiene el Centro Democrático son las viejas mayorías abandonando los principios en favor de la paz que defendieron cuatro años. Eso es lamentable. Claro que puede haber intentos graves de destrucción de los pilares de la paz, pero no la van a tener fácil. Tendrían que gastarse los cuatro años. Sería el desperdicio de un presidente que, sin dudas, tiene una buena agenda legislativa para el país. El presidente Duque tiene que dedicarse a construir su agenda en muchas áreas. Si Duque se deja llevar por los sectores radicales que pretenden destruir la paz, serán esos los sectores que echarían a perder su gobierno. Tiene que buscar las fuerzas moderadas.