El proyecto de reforma constitucional que acaba de ser presentado en el Congreso, en un nuevo intento para suprimir el derecho a interrumpir el embarazo en Colombia, tiene el respaldo de 48 parlamentarios entre Senado y Cámara, según se ha publicado. Como está empezando la legislatura, tendrían tiempo para lograr los votos necesarios para su aprobación. ¿Quiénes lo avalan, además de los firmantes?
La aprobación de una reforma constitucional, en Colombia, no es sencilla. Este proyecto tiene que superar ocho debates, cuatro en cada cámara; debe obtener mayorías absolutas y completar todo el trámite antes del 20 de junio de 2027. Eso hace que las iniciativas de este tipo no avancen tan fácilmente. Ahora bien, el respaldo no proviene únicamente de los 48 congresistas. Detrás de la escena, se articulan unas organizaciones autodenominadas “provida” que, básicamente, son sectores ultraconservadores y grupos religiosos que vienen impulsando una agenda de restricciones al derecho a la libertad de las mujeres por distintas vías, ya sea mediante reformas constitucionales, proyectos de ley, litigios o campañas de opinión que tienen como objetivo posicionar una visión muy conservadora y sumisa de las mujeres.
Esta proposición parlamentaria cuenta, también, con apoyos transversales de las bancadas de los partidos tradicionales, incluso y de manera sorprendente, con el voto de uno o dos congresistas del Pacto Histórico. Si reparamos en que la mayoría son aliados del gobierno entrante con una abierta tendencia religiosa y de derecha extrema, ¿esa iniciativa puede tener éxito y llegar a avanzar en el Legislativo?
Es un escenario que hay que mirar con atención, pero no creo que pueda llegar a ser exitosa. Reitero que los proyectos de acto legislativo tienen un trámite muy exigente. Además, este Congreso llega fragmentado y construir mayorías no será sencillo. Nuestra experiencia en materia de seguimiento a las propuestas parlamentarias de ese corte, nos ha demostrado que esta clase de iniciativas suele estancarse porque no alcanzan a surtir todos los debates o porque pierden apoyos durante su discusión. No significa que bajemos la guardia.
Específicamente, ¿cuáles son esos grupos se oponen, sistemáticamente, al reconocimiento efectivo del derecho a que las mujeres decidan si desean ser madres o no?
Ese grupo está conformado, repito, por sectores ultraconservadores y algunos grupos religiosos que han mantenido una presencia constante durante casi dos décadas. Su objetivo común ha sido imponer, en la sociedad, una determinada visión moral o religiosa en un Estado que constitucionalmente es laico y garante de la libertad de conciencia y de cultos para, entre otras cosas, limitar la autonomía reproductiva de las mujeres. Desde antes de que se dictara la sentencia constitucional del año 2006 que despenalizó el aborto en tres circunstancias especiales, existe un movimiento articulado que se opone al reconocimiento de este derecho y que acude a litigios, proyectos de ley, actos legislativos, intentos de referendos, y, sobre todo, a campañas de desinformación para desacreditar el acceso al aborto.
Las mismas iglesias, ¿se han mantenido durante todos estos años con ese propósito?
Sí. Permanentemente ha habido grupos religiosos pero su composición ha cambiado. Hace 20 años, este objetivo estaba en cabeza de organizaciones católicas. Ahora, el liderazgo está centrado en las iglesias cristianas. A lo largo de estas dos décadas, siempre han intentado lo mismo: la supresión del derecho al aborto en Colombia.
Por los anuncios hechos en campaña y ahora, antes de asumir el gobierno, el grupo ganador de las elecciones presidenciales pareciera tener en mente la reducción de los derechos de que gozan las mujeres, no solo el de interrupción del embarazo ¿Ustedes cuál análisis han hecho al respecto?
Más que una impresión, hay hechos que generan preocupación. Durante la campaña y en las primeras semanas del nuevo Gobierno, hemos escuchado propuestas y posiciones que cuestionan derechos que ya han sido reconocidos por la Constitución y la Corte Constitucional, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos. También vemos un discurso que reivindica el papel de las mujeres, pero, principalmente, asociado al cuidado, la maternidad y la familia. No a su autonomía y libertad. Reconocer ese rol es importante porque es una opción, pero no puede traducirse en limitar la autonomía de las mujeres ni reducirlas exclusivamente a esas funciones. Hacemos un llamado a que cualquier política pública respete el principio de igualdad y garantice que los derechos de las mujeres no dependan del gobierno de turno, sino que se mantengan como compromisos de Estado que trascienden gobiernos y orillas políticas.
¿Cuántos otros proyectos con ese mismo propósito se han presentado en el pasado y con cuáles efectos?
En realidad, este es un patrón que se repite en casi todas las legislaturas. Desde el año 2006, cuando la Corte Constitucional produjo la Sentencia C-355 en la que despenalizó el aborto bajo causales determinadas, hubo tres intentos de eliminar sus efectos; y, desde el año 2022, cuando la misma corte dictó la Sentencia C-055 en que se dictamina que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es libre y autónoma hasta la semana 24 de gestación, sin requerir ninguna justificación, 4 proyectos de acto legislativo han pretendido modificar la Constitución para revertir ese precedente. Ninguno ha prosperado: la mayoría no supera el primer debate o termina archivado. También ha habido intentos de modificar el Código Civil para reconocer personalidad jurídica desde la concepción y hasta dos referendos que no lograron reunir las firmas necesarias.
Entonces, ¿el actual no es un proyecto innovador?
No. Más que un hecho novedoso, este proyecto hace parte de una estrategia que se repite, y que hoy se presenta con el argumento de reformar el Artículo 11 de la Constitución para intentar revertir, por vía constitucional, los precedentes de la misma corte en esa materia. El fracaso de todos esos intentos, muestran, de otra parte, un avance en la legitimidad del derecho porque cada uno de ellos ha sido infructífero.
En esencia, ¿qué propone el proyecto que presentó el representante a la Cámara David Cote, del Centro Democrático? Cuando ese congresista aduce que intentarán modificar el artículo 11 de la Constitución (“El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”), ¿a qué apunta ese argumento y por qué afecta la autonomía de las mujeres en su decisión de interrumpir su embarazo?
Cuando el proyecto intenta modificar el artículo 11 de la Constitución, pretende establecer que la vida inicia desde el momento de la concepción. En consecuencia, si las mujeres y niñas interrumpen el embarazo semanas después, podrían ser penalizadas con cárcel. Con ello, tratan de cambiar el marco constitucional sobre el cual la corte construyó la despenalización del aborto. Sin embargo, no es cierto que una eventual reforma elimine automáticamente las sentencias constitucionales que soportan el derecho. Estas seguirían teniendo efectos y el aborto no volvería a ser castigado con prisión a partir del día siguiente. Ahora, la repercusión de una reforma como la que se radicó en el Congreso, tendría que ser analizada por la Corte porque podría dar lugar a una demanda de inconstitucionalidad por sustituir un eje esencial de la Carta Política: los derechos fundamentales. En cualquier caso, el alto tribunal no suele desconocer su propio precedente. y hoy las sentencias siguen plenamente vigentes y el acceso a la IVE no cambia por la sola presentación de este proyecto.
Es decir, ¿no es fácil que cesen las consecuencias de las sentencias que dieron libertad a las mujeres de interrumpir el embarazo hasta la semana 24 (6 meses)?
Jurídicamente, no. Las sentencias no pierden su eficacia y sus efectos por una modificación posterior a su emisión y a su publicación. Para que eso ocurra, la corte tendría que cambiar su precedente jurisprudencial. Y eso no suele ocurrir. Sería muy raro: no es así como funciona el alto tribunal.
El representante Cote argumenta que la libertad de decidir interrumpir el embarazo “no (es) una decisión de un juez o de una corte sino… una discusión democrática en el escenario natural para reformar la Constitución: el Congreso”. ¿Cómo responde la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres a esa afirmación?
La discusión en el Congreso es completamente legítima, pero también lo es el papel de la Corte Constitucional. Colombia no es solo una democracia representativa, sino una democracia constitucional, en la que las mayorías tienen límites cuando están en juego los derechos fundamentales. Precisamente para eso existe la corte: para garantizar que los derechos no dependan de las mayorías políticas de cada época. Las sentencias C-355 de 2006 y C-055 de 2022 no sustituyeron al Congreso; cumplieron el mandato constitucional de proteger derechos como la vida, la salud, la autonomía y la igualdad de las mujeres. Por eso, la discusión no es Corte Vs. Congreso. El verdadero debate es cómo garantizar que las decisiones del Congreso respeten la Constitución y los derechos fundamentales.
El otro argumento esgrimido, en mensajes de redes, por Cote, consiste en rechazar a “una sociedad que ‘abraza’ la cultura de la muerte”. Su colectivo, ¿reconoce que “abraza la cultura de la muerte” cuando las mujeres ejercen su derecho a interrumpir el embarazo?
No. Lo contrario: defendemos la cultura de la vida, de la dignidad, de la libertad y de la democracia. Las sentencias de la Corte Constitucional no obligan a ninguna mujer a abortar como parece sugerir la frase de “la cultura de la muerte”. Lo que sí hace, es garantizar que quien tome esa decisión pueda hacerlo de manera segura y sin poner en riesgo su vida, su salud o su libertad. Quienes decidan continuar un embarazo lo continuarán; y quienes quieren interrumpirlo, también deben poder ejercer ese derecho. El aborto no sustituye el libre ejercicio de la maternidad. Simplemente, reconoce que la maternidad es una opción libre y no una obligación impuesta por el Estado. Una reforma como la que proponen los congresistas hoy, si fuera aprobada, pondría en riesgo, incluso, el acceso al aborto en casos de violación, riesgo para la vida o la salud de las madres o graves malformaciones fetales, que constituyen factores para interrumpir el embarazo desde 2006.
En otra parte de la argumentación del grupo prohibicionista se alega – sin mencionar fuentes de información- que “500 mil niños han sido abortados desde 2006”. ¿Sabe cuál es el soporte de ese dato y es una comparación válida?
Colombia tiene importantes limitaciones en el registro de los procedimientos de la interrupción voluntaria del embarazo. Existen problemas de subregistro, diferencias entre las bases de datos y dificultades en los sistemas de información del sector salud. No conocemos la metodología ni la fuente que sustenta esa cifra de “500 mil”. Si no existe información pública que explique cómo se calculó, es imposible verificar su validez. Lo que sí sabemos es que el aborto es un servicio esencial de salud para preservar la vida y los derechos de las mujeres. Y que las sentencias de la Corte buscan evitar que quienes ejerzan sus derechos, mueran o sufran graves afectaciones por abortos inseguros. Esa cifra no corresponde ni a un lenguaje científico ni al marco constitucional colombiano, que reconoce que aquí existe un conflicto de derechos que debe resolverse protegiendo la vida, la salud, la dignidad y la autonomía de las mujeres.
Ese movimiento prohibicionista no se limita a Colombia. Hay grupos con el mismo discurso e iguales intenciones de devolver la situación social y política de las mujeres, a la que tenían que soportar en siglos pasados. ¿Ustedes les han hecho seguimiento – en fuentes abiertas – a esas agrupaciones? ¿Quiénes las conforman y cuáles son sus objetivos?
Se trata de organizaciones y movimientos trasnacionales que tienen, como usted señala, el objetivo de retroceder los derechos de las mujeres. Son personas muy agresivas y muy confrontativas. Sus miembros son, mayoritariamente hombres, pero vemos que se están integrando muchas mujeres y jóvenes. Se caracterizan por ser bastante organizados, persistentes y hábiles en su discurso, por ejemplo, cuando adaptan los argumentos de los movimientos feministas dándoles la vuelta para justificar su postura que es ultraconservadora y, ante todo, religiosa.
En su criterio, ¿es cierto que han tomado fuerte impulso las fuerzas anti-feministas en el mundo y en el país? En Colombia, ¿se han organizado grupos con ese objetivo?
Sí. Es una tendencia que estamos viendo en muchos países, en especial, en la región. En los últimos años se han fortalecido movimientos y organizaciones que cuestionan avances en materia de igualdad de género, derechos sexuales y reproductivos, derechos de la población LGBTIQ+ y otras minorías. En Colombia, también hemos visto una mayor articulación de esos sectores, que hoy actúan de manera coordinada en escenarios políticos, legislativos, judiciales y de opinión pública. La respuesta no puede ser la confrontación, sino más democracia: información basada en evidencia, debate público de calidad, educación, defensa de las instituciones y diálogo con quienes toman decisiones.
Para nadie es un secreto que, aunque ese derecho está garantizado constitucionalmente, se incumple o se dificulta a la hora en que la mujer lo demanda en el sistema de salud. Esta tendencia, ¿ha disminuido, aumentado o permanece igual que en tiempos pasados?
Ha disminuido. Desde la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, puesto que contamos con una línea de atención a quienes enfrentan barreras, hemos notado que a partir del fallo del 2022, cada vez más mujeres acceden al servicio de aborto través del sistema de salud. El incremento al servicio de manera libre y voluntaria, ha aumentado en 22%. Hemos notado también que ha disminuido la necesidad de acudir a acciones legales para superar obstáculos.
“Los derechos de las mujeres no solo se defienden en los tribunales”
¿Cuáles acciones, además de las jurídicas, emprenderá la Mesa por la Vida en defensa del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo (IVE) que existe hoy en Colombia?
La defensa de los derechos de las mujeres no se hace únicamente en los tribunales. La Mesa trabaja de manera integral: además de la incidencia ante el Congreso y otras instituciones del Estado, contribuimos al debate público con información basada en evidencia, producimos conocimiento para fortalecer las políticas públicas como nuestro más reciente informe, Más allá del acceso al aborto: 20 años de acompañamiento, que documenta las barreras y avances en el acceso a la IVE; desde 2006, capacitamos a profesionales de la salud y funcionarios públicos; acompañamos jurídicamente a mujeres y niñas que enfrentan barreras y trabajamos de la mano con organizaciones en todo el país. También promovemos espacios de movilización y pedagogía cuando es necesario. Garantizar estos derechos requiere una estrategia jurídica, política y social, porque un derecho no depende solo de una sentencia, sino también de su implementación y de un debate público informado.
