Primer paso de la implementación de la paz: ley de amnistía estrenó el “fast track”

En el primer debate utilizando el procedimiento especial legislativo, las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara de Representantes le hicieron honor a ese denominado fast track. La discusión de la ley de amnistía e indulto no tardó más de cinco horas, las intervenciones, a excepción de la del representante del Centro Democrático Samuel Hoyos, fueron comedidas y serenas, y el resultado fue contundente: 45 votos por su aprobación y ninguno en contra. El uribismo debatió, pero se abstuvo de votar. Con esto se cumplió el primer paso en el camino de la implementación del acuerdo de paz con las Farc y la próxima semana el proyecto pasará a las plenarias de ambas corporaciones, último paso para posteriormente recibir la firma presidencial y entrar en vigencia. (Lea: Ley de amnistía supera primer debate en el Congreso)

Se trata de la primera iniciativa producto de la negociación entre el Gobierno y la guerrilla en La Habana. A la propuesta original se le incluyeron cuatro proposiciones que fueron avaladas por el Ejecutivo, las restantes 45 quedaron como constancias para ser discutidas en las sesiones plenarias. “Con esto se desechó la afirmación de los opositores al proceso de paz, de que el Congreso es sólo un notario de la mesa de diálogos”, expresó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, al finalizar el debate, refiriéndose a que el texto original se había enriquecido con aportes de los parlamentarios. Para Cristo, lo de ayer fue la garantía de que el acuerdo se está cumpliendo y que comenzó a darse vía libre al inicio del proceso de dejación de armas por parte de las Farc.

Por su parte, el Centro Democrático, el partido del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, único en oposición, dedicó sus intervenciones a afirmar que con esta iniciativa se está dando carácter de delito político al narcotráfico, dado que se establece que las actividades relacionadas con ese flagelo podrán ser conexas con el delito político, cuando el juez pruebe que su realización no fue en función del enriquecimiento personal, sino con el objetivo de financiar la guerra. Los senadores Paloma Valencia y Jaime Amín, así como el representante Samuel Hoyos, advirtieron que “es inadmisible que se premie con el acceso a beneficios jurídicos a quienes hayan estado incursos en actividades relacionadas con el negocio de la droga”. (Lea: Reparos internacionales al indulto y la amnistía)

En respuesta, el senador Armando Benedetti, del Partido de la U y ponente del proyecto, explicó que la jurisprudencia colombiana establece que no es equivalente al narcotráfico cuando una persona ha utilizado los recursos producidos por este negocio ilícito para financiar la rebelión, y detalló que la norma fija los lineamientos para establecer en qué casos hubo relación con el delito político y en cuáles no estará en manos de los jueces que integren la Jurisdicción Especial de Paz.

Por su parte, la senadora Viviane Morales, del Partido Liberal, prendió el debate al afirmar que jurídicamente no es viable el funcionamiento del fast track, pues según ella este procedimiento especial estaba supeditado a la refrendación popular. La congresista enfatizó que apoyaba con su voto el articulado de la ley de amnistía, pero que se guardaba para el debate en la plenaria la discusión sobre si la sentencia de la Corte Constitucional, que avaló el Acto Legislativo para la Paz y por lo tanto el mecanismo abreviado para discutir y aprobar las leyes, tiene legitimidad y fuerza jurídica.

El otro tema que levantó polvareda ayer en el capitolio fue la radicación por parte del Gobierno del acto legislativo que le da vida a la Jurisdicción Especial para la Paz, que entre otros aspectos incluye el tratamiento especial, diferenciado y equitativo para los agentes del Estado. Al respecto, fue el Polo Democrático, a través del senador Alexánder López, y la Alianza Verde, con Claudia López, quienes señalaron que el Estado no puede renunciar a la acción penal contra aquellos uniformados que cometieron delitos graves. Aun así, apoyaron la aprobación del proyecto de ley, pero advirtieron que debatirán estos beneficios.

En efecto, al mismo tiempo que las comisiones conjuntas debatían la ley de amnistía, el Gobierno radicó en la Secretaría de la Cámara la mencionada reforma constitucional, que estructura los beneficios jurídicos para aquellos uniformados que cometieron crímenes en desarrollo de la confrontación armada. La iniciativa, a diferencia de la amnistía, no fue pactada en la mesa de diálogos, sino que fue construida desde el Ministerio de Defensa, en cuarteles militares y estaciones de Policía. El acto legislativo contiene las bases para el juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública, otorgando beneficios como la suspensión de la acción penal, y hace claridad sobre cómo operara la responsabilidad del mando sobre las actuaciones de sus subordinados. Esta iniciativa forma parte del segundo paquete de leyes de paz que serán debatidas bajo el procedimiento especial.

Una de las intervenciones más esperadas ayer en el debate de las comisiones conjuntas fue la de los representantes del movimiento Voces de Paz y Reconciliación, agrupación política que fue creada para acompañar a las Farc en su tránsito a la vida política y para hacer veeduría ciudadana de la correcta implementación de los acuerdos de paz. Para eso tomó la palabra la histórica dirigente de la Unión Patriótica Imelda Daza -una de las seis voceras en el Congreso-, quien sostuvo que con este proyecto se empezaba a marchar hacia el fin de la larga confrontación armada que ha padecido Colombia.

“Amnistía, indulto y perdón son deberes de todo buen ciudadano. Son el camino para buscar la verdad y a través de ella encontrar la reconciliación. Es muy importante conocer la verdad. Los de la Unión Patriótica, movimiento extinguido a plomo, queremos saber la verdad. No para colgar a nuestros victimarios, sino para saber a quiénes tenemos que perdonar. No es olvidar, es recordar sin odio. Porque sobre el odio nada es posible construir. En nombre de Voces de Paz y Reconciliación queremos hacer el llamado a la cordura, al perdón, a la amnistía y al indulto”, expresó la dirigente vallenata.

La complementó en su intervención el profesor Jairo Estrada, representante de Voces de Paz en Senado, quien reiteró que ellos no son representantes de las Farc, como lo dijo Samuel Hoyos, y que están en el Congreso para defender el espíritu de los textos acordados por el Gobierno y esa guerrilla. También hizo énfasis en que la amnistía debe ser entendida como parte de un concepto amplio de verdad, justicia y reparación. Y que es precisamente a la verdad histórica a la que les temen “los poderosos”.

 Respecto a la iniciativa que fue aprobada, explicó que hay más de 6.000 guerrilleros pendientes de lo que ocurre en el Congreso para poder dar el paso hacia las zonas veredales transitorias e iniciar el proceso de dejación de las armas. Y es que con la aprobación de esta ley en su primer debate, lo que se activa es la confianza de la guerrilla en que se cumplirán los acuerdos, por lo que las armas dejarán de ser útiles para defender la vida y hacer política.

En el primer debate utilizando el procedimiento especial legislativo, las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara de Representantes le hicieron honor a ese denominado fast track. La discusión de la ley de amnistía e indulto no tardó más de cinco horas, las intervenciones, a excepción de la del representante del Centro Democrático Samuel Hoyos, fueron comedidas y serenas, y el resultado fue contundente: 45 votos por su aprobación y ninguno en contra. El uribismo debatió, pero se abstuvo de votar. Con esto se cumplió el primer paso en el camino de la implementación del acuerdo de paz con las Farc y la próxima semana el proyecto pasará a las plenarias de ambas corporaciones, último paso para posteriormente recibir la firma presidencial y entrar en vigencia. (Lea: Ley de amnistía supera primer debate en el Congreso)

Se trata de la primera iniciativa producto de la negociación entre el Gobierno y la guerrilla en La Habana. A la propuesta original se le incluyeron cuatro proposiciones que fueron avaladas por el Ejecutivo, las restantes 45 quedaron como constancias para ser discutidas en las sesiones plenarias. “Con esto se desechó la afirmación de los opositores al proceso de paz, de que el Congreso es sólo un notario de la mesa de diálogos”, expresó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, al finalizar el debate, refiriéndose a que el texto original se había enriquecido con aportes de los parlamentarios. Para Cristo, lo de ayer fue la garantía de que el acuerdo se está cumpliendo y que comenzó a darse vía libre al inicio del proceso de dejación de armas por parte de las Farc.

Por su parte, el Centro Democrático, el partido del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, único en oposición, dedicó sus intervenciones a afirmar que con esta iniciativa se está dando carácter de delito político al narcotráfico, dado que se establece que las actividades relacionadas con ese flagelo podrán ser conexas con el delito político, cuando el juez pruebe que su realización no fue en función del enriquecimiento personal, sino con el objetivo de financiar la guerra. Los senadores Paloma Valencia y Jaime Amín, así como el representante Samuel Hoyos, advirtieron que “es inadmisible que se premie con el acceso a beneficios jurídicos a quienes hayan estado incursos en actividades relacionadas con el negocio de la droga”. (Lea: Reparos internacionales al indulto y la amnistía)

En respuesta, el senador Armando Benedetti, del Partido de la U y ponente del proyecto, explicó que la jurisprudencia colombiana establece que no es equivalente al narcotráfico cuando una persona ha utilizado los recursos producidos por este negocio ilícito para financiar la rebelión, y detalló que la norma fija los lineamientos para establecer en qué casos hubo relación con el delito político y en cuáles no estará en manos de los jueces que integren la Jurisdicción Especial de Paz.

Por su parte, la senadora Viviane Morales, del Partido Liberal, prendió el debate al afirmar que jurídicamente no es viable el funcionamiento del fast track, pues según ella este procedimiento especial estaba supeditado a la refrendación popular. La congresista enfatizó que apoyaba con su voto el articulado de la ley de amnistía, pero que se guardaba para el debate en la plenaria la discusión sobre si la sentencia de la Corte Constitucional, que avaló el Acto Legislativo para la Paz y por lo tanto el mecanismo abreviado para discutir y aprobar las leyes, tiene legitimidad y fuerza jurídica.

El otro tema que levantó polvareda ayer en el capitolio fue la radicación por parte del Gobierno del acto legislativo que le da vida a la Jurisdicción Especial para la Paz, que entre otros aspectos incluye el tratamiento especial, diferenciado y equitativo para los agentes del Estado. Al respecto, fue el Polo Democrático, a través del senador Alexánder López, y la Alianza Verde, con Claudia López, quienes señalaron que el Estado no puede renunciar a la acción penal contra aquellos uniformados que cometieron delitos graves. Aun así, apoyaron la aprobación del proyecto de ley, pero advirtieron que debatirán estos beneficios.

En efecto, al mismo tiempo que las comisiones conjuntas debatían la ley de amnistía, el Gobierno radicó en la Secretaría de la Cámara la mencionada reforma constitucional, que estructura los beneficios jurídicos para aquellos uniformados que cometieron crímenes en desarrollo de la confrontación armada. La iniciativa, a diferencia de la amnistía, no fue pactada en la mesa de diálogos, sino que fue construida desde el Ministerio de Defensa, en cuarteles militares y estaciones de Policía. El acto legislativo contiene las bases para el juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública, otorgando beneficios como la suspensión de la acción penal, y hace claridad sobre cómo operara la responsabilidad del mando sobre las actuaciones de sus subordinados. Esta iniciativa forma parte del segundo paquete de leyes de paz que serán debatidas bajo el procedimiento especial.

Una de las intervenciones más esperadas ayer en el debate de las comisiones conjuntas fue la de los representantes del movimiento Voces de Paz y Reconciliación, agrupación política que fue creada para acompañar a las Farc en su tránsito a la vida política y para hacer veeduría ciudadana de la correcta implementación de los acuerdos de paz. Para eso tomó la palabra la histórica dirigente de la Unión Patriótica Imelda Daza -una de las seis voceras en el Congreso-, quien sostuvo que con este proyecto se empezaba a marchar hacia el fin de la larga confrontación armada que ha padecido Colombia.

“Amnistía, indulto y perdón son deberes de todo buen ciudadano. Son el camino para buscar la verdad y a través de ella encontrar la reconciliación. Es muy importante conocer la verdad. Los de la Unión Patriótica, movimiento extinguido a plomo, queremos saber la verdad. No para colgar a nuestros victimarios, sino para saber a quiénes tenemos que perdonar. No es olvidar, es recordar sin odio. Porque sobre el odio nada es posible construir. En nombre de Voces de Paz y Reconciliación queremos hacer el llamado a la cordura, al perdón, a la amnistía y al indulto”, expresó la dirigente vallenata.

La complementó en su intervención el profesor Jairo Estrada, representante de Voces de Paz en Senado, quien reiteró que ellos no son representantes de las Farc, como lo dijo Samuel Hoyos, y que están en el Congreso para defender el espíritu de los textos acordados por el Gobierno y esa guerrilla. También hizo énfasis en que la amnistía debe ser entendida como parte de un concepto amplio de verdad, justicia y reparación. Y que es precisamente a la verdad histórica a la que les temen “los poderosos”.

 Respecto a la iniciativa que fue aprobada, explicó que hay más de 6.000 guerrilleros pendientes de lo que ocurre en el Congreso para poder dar el paso hacia las zonas veredales transitorias e iniciar el proceso de dejación de las armas. Y es que con la aprobación de esta ley en su primer debate, lo que se activa es la confianza de la guerrilla en que se cumplirán los acuerdos, por lo que las armas dejarán de ser útiles para defender la vida y hacer política.