Primeras de cambio en el debate de paz

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha liderado el debate. / Archivo

Dado el clima de optimismo que se vive en la mesa de diálogos de La Habana (Cuba), el Gobierno decidió adelantarse en materia de reformas legales para la implementación de un eventual acuerdo de fin del conflicto. Es por esto que durante esta semana el jefe negociador del Ejecutivo, Humberto de la Calle, y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, han tenido una agitada agenda con representantes de los partidos políticos, ambientando las propuestas a plantear.

El Gobierno tiene clara la idea. “Es responsabilidad del Estado crear las condiciones para que si se firma el fin del conflicto, los acuerdos logrados se puedan cumplir. En este contexto tenemos plena conciencia de los tiempos legislativos, por lo que buscamos allanar el camino y no terminar, una vez se firme la paz, sentados a la espera de que se cumpla con los requisitos legales de los proyectos que materialicen lo alcanzado en la mesa de diálogos”, le explicó a El Espectador una fuente cercana a la negociación.

Asimismo, sostuvo que esto nada tiene que ver con la refrendación de los acuerdos y detalló: “Este acto legislativo que se va a proponer incluye una comisión especial con representación de los partidos políticos, el Gobierno y voceros de la guerrilla, pero ésta sólo se echará a andar una vez se firme el acuerdo final, es decir, cuando las Farc hayan dejado las armas y los colombianos hayan refrendado los acuerdos”.

Es por esto que ayer el ministro del Interior se reunió, a puerta cerrada, con los congresistas que integran las comisiones de paz del Senado y la Cámara de Representantes. Ya antes lo había hecho con los principales congresistas de la Unidad Nacional; con el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, y los parlamentarios de la U Roy Barreras y Armando Benedetti.

Las precisiones de lo ocurrido en estas reuniones las dio el ministro Cristo: “El acto legislativo creará una comisión especial de paz y le brindará facultades al presidente de la República. Estamos evaluando el contenido detallado del proyecto, pero se tratará de facultades para el desarrollo agropecuario, la eliminación del narcotráfico, la participación en política y todo lo que se haya acordado en La Habana y, por supuesto, estará la comisión legislativa especial para viabilizar la implementación de los acuerdos”, explicó.

Al mismo tiempo, Cristo sostuvo que esta es una decisión unilateral del Gobierno, que es el que tiene la obligación de hacer efectiva la implementación de los acuerdos de paz. “Lo peor que nos puede pasar es conseguir un acuerdo de fin del conflicto y tenernos que sentar a esperar que lleguen los instrumentos legislativos para cumplir con lo acordado”, refirió, no sin advertir antes que será el equipo negociador del Gobierno quien se encargará de socializar con las misma guerrilla de las Farc las medidas que planean implementarse.

Precisamente por esto, el jefe negociador de la guerrilla, Iván Márquez, escribió desde su cuenta en Twitter: “En La Habana no conocemos el proyecto de acto legislativo que según la prensa se estaría socializando en el Congreso”. De igual manera, el comandante insurgente rechazó que se esté hablando de refrendación en Colombia cuando aún en la mesa de diálogos no se ha acordado cómo será ésta.

Con el destape de las cartas, las críticas al Gobierno también vinieron desde la orilla opuesta, el uribismo, que a través del senador del Centro Democrático Iván Duque reaccionó con vehemencia contra las ideas puestas sobre la mesa. “Las facultades extraordinarias para el presidente le restan legitimidad a la implementación de los acuerdos y lo que pretende la comisión legislativa especial es cocinar en microondas las leyes que necesita la guerrilla para volver a la legalidad”, advirtió el parlamentario.

Por su parte, el mismo presidente del Congreso, senador Luis Fernando Velasco, enfatizó que “la paz tiene unos costos que hay que pagar, y si hay que generar espacios para que quienes han hecho la guerra durante tantos años hagan la paz, pues hay que hacer el sacrificio”, e invitó al uribismo a participar del debate. “Es muy importante la presencia, la crítica y la opinión de la oposición frente a los grandes avances de un acuerdo de paz, no necesariamente acompañando las decisiones que se tomen sino controlando y participando”, dijo.

También hubo revuelo por las versiones de que en el borrador del acto legislativo no está incluido el apartado que se refiere a justicia y sobre el cual se especula que se creará un tribunal -con jueces internacionales- para juzgar las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al DIH. “Es fundamental que dentro del proyecto original estén contemplados la justicia transicional y el mecanismo que garantice a los colombianos que no va a haber impunidad y que los grandes cabecillas de las Farc van a pagar penas por los crímenes de lesa humanidad que han cometido”, enfatizó el senador liberal Juan Manuel Galán.

Al final, en el tierrero político que levantó la propuesta del Gobierno de empezar a discutir las medidas legislativas que abonarán el aterrizaje de los acuerdos de paz, hay un mensaje de fondo: la mesa de diálogos de La Habana avanza a buen ritmo, y como lo expresó el propio jefe de la delegación de las Farc hace unas semanas, “el proceso se mueve en dirección al acuerdo final”. Pero sin duda, todo depende de los términos en que se pacte el tema central de este proceso: el modelo de justicia transicional.