Proceso de paz, en ojos del mundo

Después de la tempestad de los días de abril en los que el pulso político interno demostró lo polarizada que está la sociedad colombiana respecto a los diálogos de paz entre el gobierno Santos y las Farc en La Habana, como se esperaba la negociación entró en una nueva dinámica: la hora de las definiciones. Sin embargo, apareció un nuevo ingrediente para blindar los eventuales avances: el escenario internacional, con un contexto político y judicial que se proyecta determinante para garantizar la transición a una era de posconflicto.

En el plano político, este giro planeado de antemano tuvo esta semana dos evidencias con las visitas de los exjefes de gobierno del Reino Unido y España, Tony Blair y Felipe González, respectivamente. Ambos fueron recibidos por el presidente Juan Manuel Santos y por separado hicieron manifestaciones optimistas frente al proceso de paz con las Farc. Además, en las dos intervenciones, los líderes europeos hicieron énfasis en las repercusiones económicas que se proyectan para Colombia en el caso de firmar la paz.

Leyendo entre líneas los comentarios de Tony Blair y Felipe González, salta a la vista que el mensaje es casi el mismo. Mientras el exjefe de gobierno inglés (1997-2007) resaltó que la combinación de justicia social con progreso económico que se advierte como directriz de los diálogos de La Habana constituye un futuro promisorio, el expresidente español recalcó que si se logra la paz en Colombia habrá repercusiones importantes para su economía, e incluso vaticinó que de alcanzarse, añadiría al menos dos puntos en su crecimiento.

En otras palabras, la otra estrategia del gobierno Santos es rodear el proceso de paz enmarcándolo en la perspectiva del mejor negocio para Colombia. Tony Blair, líder de la llamada ideología progresista de la Tercera Vía, no sólo elogió los índices macroeconómicos de Colombia, sino que sostuvo reunión aparte con el director del Departamento de Planeación, Mauricio Santa María, con el propósito de apoyar un proyecto de consolidación del Sistema General de Regalías, crucial para impulsar el desarrollo regional en el país.

A su vez, Felipe González, quien ejerció la presidencia de España como líder del Partido Socialista Obrero entre 1982 y 1996, se atrevió a afirmar que es la primera vez en más de 30 años que ve una oportunidad clara para la paz en Colombia. Acto seguido dejó ver que este objetivo no solamente les interesa a los colombianos. En su intervención pública, al referirse a las dificultades económicas que viven varios países europeos, señaló que el 78% del crecimiento previsible de la economía mundial va a depender de los países emergentes.

De alguna manera, en ambos mensajes queda implícito que en esas proyecciones económicas, para Colombia, sin el conflicto armado que corroe sus finanzas desde hace varias décadas, existe también un atractivo para los inversionistas del primer mundo. Un tema del que tampoco se aleja Estados Unidos, que también dejó entrever esta semana a través del director de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), Rajiv Shah, que la paz constituye una oportunidad de llevar inversión privada a las áreas rurales del país.

El director de Usaid resaltó su visita en términos de transmitir un mensaje de apoyo a la negociación de La Habana, por parte del presidente Barack Obama y de su secretario de Estado, John Kerry. No obstante, el funcionario recordó los éxitos del denominado Plan Colombia y comentó literalmente: “Queremos reafirmar nuestro compromiso para el soporte del apoyo económico y para ser uno de los principales aliados en su proceso de paz”. Es decir, estar presente en el momento de las inversiones planeadas en el posconflicto.

Un viraje en favor de los diálogos entre el gobierno Santos y las Farc que, en el contexto internacional, le aporta la cuarta pata a la mesa de esta negociación. Cuando se inició el proceso, en su fase secreta a principios de 2011, estaba soportado en el apoyo del país anfitrión, Cuba, y la asistencia permanente de Venezuela. Hoy, sumando por supuesto a Colombia, eje central de la discusión, el acercamiento de Estados Unidos le da un impulso determinante. Los dos primeros países siguen firmes. Los garantes Chile y Noruega también. De Europa están llegando más respaldos. Pero faltaba Estados Unidos.

En materia política, primero fue el mismísimo John Kerry, antes de asumir la Secretaría de Estado, quien resaltó que “cualquier negociación que fortalezca la democracia, el imperio de la ley, los derechos humanos y conduzca a la paz, es algo bueno y merece respaldo”. Después, con el mismo tono político pero con un claro matiz económico, fue un grupo de 62 congresistas estadounidenses el que propuso un paquete de asistencia a Colombia diseñado para alcanzar una paz justa y duradera “reorientando recursos que por años han apoyado a un gobierno en guerra”. Ahora falta el tercer componente: lo judicial.

Sin duda, este es el escenario más difícil. Como lo han venido insistiendo los voceros de las Farc en La Habana, no están dispuestos a someterse a la justicia colombiana. En su última declaración, concretamente así definieron su posición: “Cualquier error que se hubiese cometido en desarrollo del conflicto y de la resistencia armada a que nos ha obligado el terror de las élites en el poder, estamos dispuestos a revisarlo en función de la reconciliación. Pero ninguna autoridad moral tienen los victimarios y sus tribunales para juzgarnos”. Una clara manifestación tomando distancia del Poder Judicial.

En contraste, en Colombia este ha sido el factor clave de los críticos del proceso de paz, empezando por el procurador Ordóñez y el expresidente Uribe. En su criterio, no puede haber negociación con impunidad, dejando entrever que esperan un mínimo de cárcel para los guerrilleros en un contexto de justicia transicional. Sin embargo, el fiscal Eduardo Montealegre, en posición de abierto respaldo a los diálogos de La Habana, sostiene que no todo debe ser cárcel, que los principales líderes de las Farc no tienen condenas por delitos de lesa humanidad y que la paz implica tragarse algo de impunidad.

Tarde o temprano esta disyuntiva va a ser el nudo que pueda complicar o facilitar un desenlace. Por ahora el asunto sigue atado al respaldo que la Corte Constitucional pueda darle al Marco Legal para la Paz, antesala de una proyectada ley estatutaria tramitada en el Congreso para reglamentar la forma en que las Farc puedan saldar sus cuentas con la justicia. No obstante, la persistencia de los jefes guerrilleros de negarse a que los tribunales de Colombia los juzguen, constituye un obstáculo anunciado, en el que de alguna manera se suma la justicia norteamericana, donde también las Farc tienen deudas.

En ambos planos, la guerrilla confía en sus fórmulas. A nivel interno, que una asamblea nacional constituyente aporte las decisiones fundamentales para la paz que necesita Colombia, incluyendo la conducta de los contendientes. Respecto a Estados Unidos, que inicialmente facilite la participación del jefe guerrillero Simón Trinidad en los diálogos de Cuba. Ni una palabra sobre los cargos que desde 2005 pesan contra sus máximos dirigentes en un tribunal del distrito de Columbia (ver recuadro anexo). Una compleja posición que por ahora no tiene una perspectiva clara de cómo proveer una solución.

Fuentes consultadas por El Espectador manifestaron que si en el nivel interno el tema de hacer a un lado la justicia se advierte muy difícil, en Estados Unidos tampoco es un terreno despejado. El tema de la extradición, por ejemplo, no es una asunto negociable, constituye una política de Estado en Washington. Es probable que en desarrollo de las negociaciones de La Habana, a la hora de discutir aspectos relacionados con el narcotráfico, se den acuerdos para su erradicación. Pero en Estados Unidos este es un dilema mayor. Cómo resolverlo va a ser otro reto por definirse en el contexto de la política internacional.

Así se trate de una historia diametralmente distinta, el antecedente de los jefes paramilitares que negociaron un aparatoso proceso de paz con el gobierno Uribe y terminaron extraditados a Estados Unidos, de alguna manera pesa. La evidencia de que hoy los grandes promotores de la violencia en Colombia terminan saldando cuentas más en Estados Unidos que en el país, representa otro hecho que demuestra la importancia norteamericana. El conflicto entre el Estado y las Farc puede ser ajeno a Washington, pero la forma como se ha mezclado con dineros del narcotráfico lo pone en la misma órbita.

Además, la justicia norteamericana tiene otro saldo pendiente: los crímenes cometidos contra ciudadanos de ese país, atribuidos a las Farc. Por ejemplo, el asesinato a manos de esta organización de los tres líderes indigenistas Terence Freitas, Ingrid Washinawatok y Laheenae Gay, perpetrado en zona fronteriza entre Colombia y Venezuela en marzo de 1999, tiene un expediente abierto en espera de castigo para los responsables. Lo mismo que el secuestro durante cinco años de los contratistas norteamericanos Marc Gonsalves, Thomas Howes y Keith Stansell, entre los años 2003 y 2008.

Así las cosas, en el espinoso tema judicial, punto esencial de discordia entre detractores y defensores del proceso de paz de La Habana, también hay un componente externo ineludible. No solamente porque existen tratados internacionales que exigen sanción a graves violaciones a los derechos humanos, sino también porque en el caso particular de Estados Unidos, su poder judicial desde hace muchos años tiene notable injerencia en Colombia. Es importante el respaldo que esta semana dio al proceso el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero de lo político a lo judicial hay un largo trecho.

Es importante que líderes europeos resalten la paz de Colombia como un gran negocio hacia el futuro. Es clave que defensores de derechos humanos del prestigio del premio Nobel de Paz de 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, expresen su satisfacción a la intención de ponerle fin a un conflicto con 50 años de historia. Es trascendental que altos funcionarios de Estados Unidos se muestren dispuestos a contribuir en el proceso. Pero la hora de la verdad llegará cuando lo político y lo judicial se sopesen en la balanza de la paz, en busca de un equilibrio sin impunidad refrendado por el pueblo colombiano.

Las cuentas pendientes de las Farc en EE.UU.

Aunque el gobierno de Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, John Kerry, ha manifestado el respaldo al proceso de paz que se está negociando en La Habana, cualquier colaboración desde Washington pasa por su respeto a los estrados judiciales.
Es ahí donde se vuelve compleja la situación frente a la justicia norteamericana, porque desde abril de 2005 el Tribunal para el Distrito de Columbia formalizó acusación contra 50 mandos superiores y medios de las Farc.
En el documento que refiere a los acusados desde 1985 están los nombres de Timochenko, Pablo Catatumbo, Iván Márquez, Joaquín Gómez, Fabián Ramírez, Carlos Antonio Lozada, Romaña, Pacho Chino y El Paisa.
Esa es la principal disyuntiva. Los miembros de las Farc saben que hay puntos que se pueden negociar en la mesa de La Habana, pero las cuentas pendientes ante la justicia de Estados Unidos es un tema que va más allá de los acuerdos con el Gobierno.

El respaldo europeo a la paz

Diversas voces de apoyo llegaron del exterior cuando el gobierno Santos y las Farc anunciaron la instalación de la mesa de conversaciones en La Habana. Pero uno de los principales espaldarazos fue recibido en enero pasado, cuando la Unión Europea dijo que el fin del conflicto era garantía de “seguridad y estabilidad” en la región.
Las voces de aliento llegaron del Consejo Europeo y de la Comisión Europea. José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea, elogió los esfuerzos del presidente Juan Manuel Santos de ponerle fin al conflicto: “La paz en Colombia redundará en mayor estabilidad y prosperidad en toda la región”, dijo.
Esta postura fue respaldada por el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, quien afirmó que los diálogos en Cuba tenían el “potencial” de generar beneficios sociales y económicos en Colombia y que su resultado repercutiría en toda América Latina. Los pronunciamientos se dieron durante la cumbre entre la Celac y la Unión Europea.

Sin ritmo y sin acuerdo, por ahora

El octavo ciclo de conversaciones entre el Gobierno y las Farc, en La Habana, terminó el viernes sin un acuerdo sobre el tema agrario. Aunque las partes publicaron un comunicado conjunto en el que señalan que ya habría un borrador sobre este primer punto, a la luz de las declaraciones que hicieron los voceros no podría darse un parte alentador.
Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno, dijo que los ritmos son insuficientes. Por su parte, en una declaración pública, las Farc hablaron de “profundas diferencias” y dijeron que no reconocen como autoridades morales al Estado ni a los tribunales. En Colombia, el presidente Santos señaló que es hora de que las Farc “cambien las balas por los votos” y advirtió que la presión militar contra la guerrilla continuará.

marrazola@elespectador.com

Después de la tempestad de los días de abril en los que el pulso político interno demostró lo polarizada que está la sociedad colombiana respecto a los diálogos de paz entre el gobierno Santos y las Farc en La Habana, como se esperaba la negociación entró en una nueva dinámica: la hora de las definiciones. Sin embargo, apareció un nuevo ingrediente para blindar los eventuales avances: el escenario internacional, con un contexto político y judicial que se proyecta determinante para garantizar la transición a una era de posconflicto.

En el plano político, este giro planeado de antemano tuvo esta semana dos evidencias con las visitas de los exjefes de gobierno del Reino Unido y España, Tony Blair y Felipe González, respectivamente. Ambos fueron recibidos por el presidente Juan Manuel Santos y por separado hicieron manifestaciones optimistas frente al proceso de paz con las Farc. Además, en las dos intervenciones, los líderes europeos hicieron énfasis en las repercusiones económicas que se proyectan para Colombia en el caso de firmar la paz.

Leyendo entre líneas los comentarios de Tony Blair y Felipe González, salta a la vista que el mensaje es casi el mismo. Mientras el exjefe de gobierno inglés (1997-2007) resaltó que la combinación de justicia social con progreso económico que se advierte como directriz de los diálogos de La Habana constituye un futuro promisorio, el expresidente español recalcó que si se logra la paz en Colombia habrá repercusiones importantes para su economía, e incluso vaticinó que de alcanzarse, añadiría al menos dos puntos en su crecimiento.

En otras palabras, la otra estrategia del gobierno Santos es rodear el proceso de paz enmarcándolo en la perspectiva del mejor negocio para Colombia. Tony Blair, líder de la llamada ideología progresista de la Tercera Vía, no sólo elogió los índices macroeconómicos de Colombia, sino que sostuvo reunión aparte con el director del Departamento de Planeación, Mauricio Santa María, con el propósito de apoyar un proyecto de consolidación del Sistema General de Regalías, crucial para impulsar el desarrollo regional en el país.

A su vez, Felipe González, quien ejerció la presidencia de España como líder del Partido Socialista Obrero entre 1982 y 1996, se atrevió a afirmar que es la primera vez en más de 30 años que ve una oportunidad clara para la paz en Colombia. Acto seguido dejó ver que este objetivo no solamente les interesa a los colombianos. En su intervención pública, al referirse a las dificultades económicas que viven varios países europeos, señaló que el 78% del crecimiento previsible de la economía mundial va a depender de los países emergentes.

De alguna manera, en ambos mensajes queda implícito que en esas proyecciones económicas, para Colombia, sin el conflicto armado que corroe sus finanzas desde hace varias décadas, existe también un atractivo para los inversionistas del primer mundo. Un tema del que tampoco se aleja Estados Unidos, que también dejó entrever esta semana a través del director de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), Rajiv Shah, que la paz constituye una oportunidad de llevar inversión privada a las áreas rurales del país.

El director de Usaid resaltó su visita en términos de transmitir un mensaje de apoyo a la negociación de La Habana, por parte del presidente Barack Obama y de su secretario de Estado, John Kerry. No obstante, el funcionario recordó los éxitos del denominado Plan Colombia y comentó literalmente: “Queremos reafirmar nuestro compromiso para el soporte del apoyo económico y para ser uno de los principales aliados en su proceso de paz”. Es decir, estar presente en el momento de las inversiones planeadas en el posconflicto.

Un viraje en favor de los diálogos entre el gobierno Santos y las Farc que, en el contexto internacional, le aporta la cuarta pata a la mesa de esta negociación. Cuando se inició el proceso, en su fase secreta a principios de 2011, estaba soportado en el apoyo del país anfitrión, Cuba, y la asistencia permanente de Venezuela. Hoy, sumando por supuesto a Colombia, eje central de la discusión, el acercamiento de Estados Unidos le da un impulso determinante. Los dos primeros países siguen firmes. Los garantes Chile y Noruega también. De Europa están llegando más respaldos. Pero faltaba Estados Unidos.

En materia política, primero fue el mismísimo John Kerry, antes de asumir la Secretaría de Estado, quien resaltó que “cualquier negociación que fortalezca la democracia, el imperio de la ley, los derechos humanos y conduzca a la paz, es algo bueno y merece respaldo”. Después, con el mismo tono político pero con un claro matiz económico, fue un grupo de 62 congresistas estadounidenses el que propuso un paquete de asistencia a Colombia diseñado para alcanzar una paz justa y duradera “reorientando recursos que por años han apoyado a un gobierno en guerra”. Ahora falta el tercer componente: lo judicial.

Sin duda, este es el escenario más difícil. Como lo han venido insistiendo los voceros de las Farc en La Habana, no están dispuestos a someterse a la justicia colombiana. En su última declaración, concretamente así definieron su posición: “Cualquier error que se hubiese cometido en desarrollo del conflicto y de la resistencia armada a que nos ha obligado el terror de las élites en el poder, estamos dispuestos a revisarlo en función de la reconciliación. Pero ninguna autoridad moral tienen los victimarios y sus tribunales para juzgarnos”. Una clara manifestación tomando distancia del Poder Judicial.

En contraste, en Colombia este ha sido el factor clave de los críticos del proceso de paz, empezando por el procurador Ordóñez y el expresidente Uribe. En su criterio, no puede haber negociación con impunidad, dejando entrever que esperan un mínimo de cárcel para los guerrilleros en un contexto de justicia transicional. Sin embargo, el fiscal Eduardo Montealegre, en posición de abierto respaldo a los diálogos de La Habana, sostiene que no todo debe ser cárcel, que los principales líderes de las Farc no tienen condenas por delitos de lesa humanidad y que la paz implica tragarse algo de impunidad.

Tarde o temprano esta disyuntiva va a ser el nudo que pueda complicar o facilitar un desenlace. Por ahora el asunto sigue atado al respaldo que la Corte Constitucional pueda darle al Marco Legal para la Paz, antesala de una proyectada ley estatutaria tramitada en el Congreso para reglamentar la forma en que las Farc puedan saldar sus cuentas con la justicia. No obstante, la persistencia de los jefes guerrilleros de negarse a que los tribunales de Colombia los juzguen, constituye un obstáculo anunciado, en el que de alguna manera se suma la justicia norteamericana, donde también las Farc tienen deudas.

En ambos planos, la guerrilla confía en sus fórmulas. A nivel interno, que una asamblea nacional constituyente aporte las decisiones fundamentales para la paz que necesita Colombia, incluyendo la conducta de los contendientes. Respecto a Estados Unidos, que inicialmente facilite la participación del jefe guerrillero Simón Trinidad en los diálogos de Cuba. Ni una palabra sobre los cargos que desde 2005 pesan contra sus máximos dirigentes en un tribunal del distrito de Columbia (ver recuadro anexo). Una compleja posición que por ahora no tiene una perspectiva clara de cómo proveer una solución.

Fuentes consultadas por El Espectador manifestaron que si en el nivel interno el tema de hacer a un lado la justicia se advierte muy difícil, en Estados Unidos tampoco es un terreno despejado. El tema de la extradición, por ejemplo, no es una asunto negociable, constituye una política de Estado en Washington. Es probable que en desarrollo de las negociaciones de La Habana, a la hora de discutir aspectos relacionados con el narcotráfico, se den acuerdos para su erradicación. Pero en Estados Unidos este es un dilema mayor. Cómo resolverlo va a ser otro reto por definirse en el contexto de la política internacional.

Así se trate de una historia diametralmente distinta, el antecedente de los jefes paramilitares que negociaron un aparatoso proceso de paz con el gobierno Uribe y terminaron extraditados a Estados Unidos, de alguna manera pesa. La evidencia de que hoy los grandes promotores de la violencia en Colombia terminan saldando cuentas más en Estados Unidos que en el país, representa otro hecho que demuestra la importancia norteamericana. El conflicto entre el Estado y las Farc puede ser ajeno a Washington, pero la forma como se ha mezclado con dineros del narcotráfico lo pone en la misma órbita.

Además, la justicia norteamericana tiene otro saldo pendiente: los crímenes cometidos contra ciudadanos de ese país, atribuidos a las Farc. Por ejemplo, el asesinato a manos de esta organización de los tres líderes indigenistas Terence Freitas, Ingrid Washinawatok y Laheenae Gay, perpetrado en zona fronteriza entre Colombia y Venezuela en marzo de 1999, tiene un expediente abierto en espera de castigo para los responsables. Lo mismo que el secuestro durante cinco años de los contratistas norteamericanos Marc Gonsalves, Thomas Howes y Keith Stansell, entre los años 2003 y 2008.

Así las cosas, en el espinoso tema judicial, punto esencial de discordia entre detractores y defensores del proceso de paz de La Habana, también hay un componente externo ineludible. No solamente porque existen tratados internacionales que exigen sanción a graves violaciones a los derechos humanos, sino también porque en el caso particular de Estados Unidos, su poder judicial desde hace muchos años tiene notable injerencia en Colombia. Es importante el respaldo que esta semana dio al proceso el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero de lo político a lo judicial hay un largo trecho.

Es importante que líderes europeos resalten la paz de Colombia como un gran negocio hacia el futuro. Es clave que defensores de derechos humanos del prestigio del premio Nobel de Paz de 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, expresen su satisfacción a la intención de ponerle fin a un conflicto con 50 años de historia. Es trascendental que altos funcionarios de Estados Unidos se muestren dispuestos a contribuir en el proceso. Pero la hora de la verdad llegará cuando lo político y lo judicial se sopesen en la balanza de la paz, en busca de un equilibrio sin impunidad refrendado por el pueblo colombiano.

Las cuentas pendientes de las Farc en EE.UU.

Aunque el gobierno de Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, John Kerry, ha manifestado el respaldo al proceso de paz que se está negociando en La Habana, cualquier colaboración desde Washington pasa por su respeto a los estrados judiciales.
Es ahí donde se vuelve compleja la situación frente a la justicia norteamericana, porque desde abril de 2005 el Tribunal para el Distrito de Columbia formalizó acusación contra 50 mandos superiores y medios de las Farc.
En el documento que refiere a los acusados desde 1985 están los nombres de Timochenko, Pablo Catatumbo, Iván Márquez, Joaquín Gómez, Fabián Ramírez, Carlos Antonio Lozada, Romaña, Pacho Chino y El Paisa.
Esa es la principal disyuntiva. Los miembros de las Farc saben que hay puntos que se pueden negociar en la mesa de La Habana, pero las cuentas pendientes ante la justicia de Estados Unidos es un tema que va más allá de los acuerdos con el Gobierno.

El respaldo europeo a la paz

Diversas voces de apoyo llegaron del exterior cuando el gobierno Santos y las Farc anunciaron la instalación de la mesa de conversaciones en La Habana. Pero uno de los principales espaldarazos fue recibido en enero pasado, cuando la Unión Europea dijo que el fin del conflicto era garantía de “seguridad y estabilidad” en la región.
Las voces de aliento llegaron del Consejo Europeo y de la Comisión Europea. José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea, elogió los esfuerzos del presidente Juan Manuel Santos de ponerle fin al conflicto: “La paz en Colombia redundará en mayor estabilidad y prosperidad en toda la región”, dijo.
Esta postura fue respaldada por el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, quien afirmó que los diálogos en Cuba tenían el “potencial” de generar beneficios sociales y económicos en Colombia y que su resultado repercutiría en toda América Latina. Los pronunciamientos se dieron durante la cumbre entre la Celac y la Unión Europea.

Sin ritmo y sin acuerdo, por ahora

El octavo ciclo de conversaciones entre el Gobierno y las Farc, en La Habana, terminó el viernes sin un acuerdo sobre el tema agrario. Aunque las partes publicaron un comunicado conjunto en el que señalan que ya habría un borrador sobre este primer punto, a la luz de las declaraciones que hicieron los voceros no podría darse un parte alentador.
Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno, dijo que los ritmos son insuficientes. Por su parte, en una declaración pública, las Farc hablaron de “profundas diferencias” y dijeron que no reconocen como autoridades morales al Estado ni a los tribunales. En Colombia, el presidente Santos señaló que es hora de que las Farc “cambien las balas por los votos” y advirtió que la presión militar contra la guerrilla continuará.

marrazola@elespectador.com